Un hombre mira los precios de los carburantes en una gasolinera de Madrid. Efe
España paga el coste de la guerra en Irán: la crisis ahoga al transporte, paraliza las obras públicas y castiga al campo
La subida del gas dispara el precio de los fertilizantes y compromete las cosechas de 2026, augurando un nuevo encarecimiento en el supermercado.
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La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán y el consiguiente bloqueo de facto del estrecho de Ormuz han dejado de ser un problema geopolítico lejano para convertirse en un lastre para la economía española.
Aunque España no importa crudo directamente de la zona de conflicto y cuenta con proveedores diversificados, el petróleo y el gas representan aproximadamente el 67% del consumo de energía primaria del país, lo que hace inevitable el impacto de la subida de los precios.
El precio del petróleo en los mercados financieros se ha elevado casi un 50% desde que arrancó la crisis en Oriente Medio.
El repunte del crudo Brent, de referencia en Europa, es del 47%. Ha pasado de los 72,5 dólares por barril previos al conflicto a los 104 dólares.
El West Texas Intermediate estadounidense se ha encarecido en este mismo periodo algo más de un 42%.
El avance del gas natural europeo es incluso superior: se ha disparado un 71%, hasta los 55 euros por megavatio hora.
Así lo constata el último informe publicado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence, que alerta de un efecto dominó que ya estrangula al transporte de mercancías, frena en seco la construcción de infraestructuras y amenaza con encarecer aún más la cesta de la compra.
El campo y la cesta de la compra
El sector primario es uno de los primeros damnificados por este shock energético y se enfrenta a lo que los analistas denominan una "tormenta perfecta".
El documento señala que el encarecimiento del gas natural, insumo esencial para la producción de amoniaco y fertilizantes, está ahogando a los agricultores.
![El presidente de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña, comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/24\/actualidad\/1003744181540_262098667_320x180.jpg"])
El precio internacional de la urea —el fertilizante nitrogenado más utilizado— se ha elevado un 44% desde que comenzó el conflicto. El azufre, esencial para producir fertilizantes fosfatados, acumula un alza del 33%. El fosfato diamónico (DAP), un abono fosfatado muy extendido, repunta algo menos, un 4,5% desde que se disparó la crisis.
Por ello, el campo español ya advierte que "la rentabilidad de las cosechas de 2026 está seriamente comprometida", una situación que, según constata Freemarket, "augura un nuevo ciclo de subidas en el precio de los alimentos" para los consumidores finales.
Paralización de las obras públicas
En paralelo, y según denuncian desde la firma, el sector de la construcción acusa un fuerte encarecimiento en los materiales derivados del petróleo.
El informe detalla que la subida del precio del betún asfáltico está "paralizando de facto las licitaciones de obra pública y mantenimiento de carreteras", ya que los presupuestos pactados con las administraciones hace meses resultan "hoy inejecutables".
"Inflación de segunda ronda"
Pero el parón en las obras y la crisis en el campo son sólo las primeras piezas del dominó. Si el coste de producir o construir se ha disparado, el propio proceso de mover esos productos a lo largo del país añade una presión financiera aún mayor.
En este sentido, la configuración de la red de suministros nacional actúa como un amplificador de esta crisis internacional.
![Fainé completa la renovación de Criteria: asciende a consejero delegado a José María Méndez y nombra tres nuevos vocales](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/24\/actualidad\/1003744181399_262097274_320x180.jpg"])
El 95% de las mercancías en España se mueven por carretera, un sector donde el diésel, "consolidado en niveles máximos históricos, representa ya entre el 35% y el 40% de los costes operativos de los transportistas".
Desde el inicio de la escalada bélica en Oriente Próximo, el gasóleo se ha encarecido más del 30% en las estaciones de servicio españolas y la gasolina casi un 10%.
Así lo reflejan los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que señalan que el martes 17 de marzo el diésel se pagaba de media a 1,898 euros el litro. El 28 de febrero costaba 1,45 euros.
![Marc Puig toca la campana en la salida a bolsa de la compañía Puig.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/05\/03\/invertia\/mercados\/852424967_242011838_320x180.jpg"])
Esta asfixia financiera en los camiones amenaza con desatar los temidos "efectos de segunda ronda". Los expertos advierten de una espiral inflacionista donde este sobrecoste logístico se traslada "de forma automática al lineal del supermercado, afectando incluso a productos que no dependen directamente del petróleo".
Si a esto se suma que los sindicatos exijan subidas salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo, las empresas subirán precios para afrontar esas nóminas, creando una peligrosa "espiral precios-salarios".
La factura macroeconómica
Las consecuencias de esta guerra también suponen un agujero macroeconómico a nivel nacional.
Los modelos de la consultora apuntan a que, por cada dólar de subida permanente en el barril de Brent, "la economía española decrece en una horquilla de entre 0,018 y 0,023 puntos porcentuales".
El gas, por su parte, tiene un efecto aún más nocivo al marcar el precio diario de la luz: un incremento de 10 euros por megavatio hora podría elevar la inflación general "entre un 0,3 y un 0,4 puntos adicionales".
En este contexto, el documento critica con dureza la respuesta del Gobierno y las últimas medidas de emergencia para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán.
![El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/24\/actualidad\/1003744181872_262102746_320x180.jpg"])
Lejos de ofrecer un alivio fiscal directo a las industrias y familias afectadas, los expertos de Freemarket denuncian que las medidas aprobadas constituyen una "reforma encubierta del sistema eléctrico".
Catalogan el nuevo marco legal como un "ejercicio de oportunismo regulatorio" que aprovecha la crisis bélica internacional para "liquidar la seguridad jurídica de los promotores energéticos para otorgar al Ministerio el control absoluto" sobre el mercado .
Advierten de que la anunciada movilización de 5.000 millones de euros es apenas una "maniobra de prestidigitación presupuestaria", mientras que el escudo social, que extiende el bono eléctrico y térmico, esconde una "senda decreciente" en sus descuentos que acaba desprotegiendo al consumidor trimestre tras trimestre.
