El Gobierno se resiste a bajar los impuestos que pide la UE mientras empresarios como Juan Roig reclaman un 'IVA cero'

Cuando ya han pasado dos consejos de ministros desde el comienzo del conflicto, el Ejecutivo sostiene que trabaja en un paquete integral de ayudas con medidas coyunturales y estructurales como las aprobadas tras la invasión de Ucrania, aunque se niega a comprometerse con plazos concretos.

Y todo ello, mientras empresarios como el presidente de Mercadona, Juan Roig; el Partido Popular (PP); y la propia Comisión Europea, han pedido en las últimas horas rebajas fiscales como el IVA cero en alimentos, cambios en el IRPF o reducción en las tasas de la electricidad para aminorar el coste del conflicto en los bolsillos de los españoles.

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Del mismo modo, países como Portugal, Italia y Croacia ya han anunciado su voluntad de bajar impuestos concretos a la gasolina y la electricidad.

Pese a ello, las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que al menos hasta la próxima reunión del Consejo de Ministros en una semana no moverán ficha. Incluso hay quien remite a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados programada para el próximo 25 de marzo.

La falta de presupuestos y la deuda en máximos limitan el "escudo social" y las ayudas a empresas por la crisis de Irán

Sería el momento idóneo -dicen algunos miembros del Ejecutivo- para aprobar un paquete integral y que el presidente se apunte el tanto político. Todo ello en previsión de que el PSOE no logre ganar las elecciones de Castilla y León, como indican las encuestas.

Pero la presión aumenta. Este martes, el presidente de Mercadona, Juan Roig, se mostró partidario del 'IVA cero' a los productos de alimentación para amortiguar en el bolsillo de los consumidores el posible impacto de la guerra de Irán.

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"Estaríamos encantados de que los gobiernos de España y Portugal lo decretasen. En alimentación estaría muy bien, pero es una cosa que no depende de nosotros", dijo. Una petición que tiene apoyos y partidarios dentro del mundo empresarial, en especial en el sector de los servicios y de la restauración.

La Comisión Europea pidió también el martes a los Gobiernos europeos que reduzcan al mínimo el IVA y otros impuestos sobre la electricidad. "De media, las facturas eléctricas en Europa podrían bajar unos 200 euros al año si se reducen estos impuestos", dijo el comisario de Energía, el socialista danés Dan Jorgensen.

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El lunes, el PP propuso reformar el IRPF para "doblar los mínimos vitales por hijo a cargo", bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores y suprimir el impuesto de generación eléctrica". Según los populares, estas medidas suponen un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año, para un hogar medio con dos adultos y dos hijos.

Portugal anunció también una rebaja extraordinaria de los impuestos a la gasolina. El Imposto sobre los Produtos Petrolíferos (ISP) se reducirá con el fin de "devolver a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto". Siempre que haya una subida igual o superior a 10 céntimos el impuesto del Estado baja en igual cantidad.

Por su parte, Italia anunció que estudian la posibilidad de reducir impuestos especiales a la gasolina y plantean utilizar la parte del IVA adicional que se recauda por el aumento de los precios para reducir los impuestos especiales.

Y Croacia modificó un decreto sobre productos energéticos y electricidad para establecer un precio máximo del combustible.

España prefiere esperar

¿Y por qué España no mueve ficha? Desde el punto de vista técnico, la lectura que se hace en el Gobierno es que la excesiva volatilidad de los mercados impide calibrar el alcance de las medidas y por eso se necesita monitorizar la situación durante más tiempo.

Aunque algunas fuentes consultadas por este diario indican que hay una corriente dentro del Gobierno que cree que el impacto económico se irá suavizando en los próximos días -subida de los carburantes incluida- en especial, si la campaña bélica está más cerca de acabar como se sostiene en Washington.

Y esto aconseja no precipitarse y seleccionar sólo las medidas que sean necesarias y que tengan el menor impacto fiscal posible.

Con un panorama más claro y con menos coste económico, la asignación de recursos públicos será mejor.

Falta de presupuestos

Mientras el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dice que la situación va a peor y que el impacto en los precios de la energía y del petróleo seguirá en aumento, en Economía y Hacienda confían en que atenúe la crisis para tener que aprobar un menor gasto.

Por otro lado, como ya explicó este diario el pasado fin de semana, la falta de unos Presupuestos Generales para este 2026 -prorrogados por tercer año consecutivo-, sumado a una deuda pública en máximos de 1,7 billones de euros y la dificultad parlamentaria para sacar adelante acuerdos, limita este "escudo social" y eventuales ayudas a empresas solo a lo estrictamente urgente y necesario.

Además, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros del martes, la ministra portavoz, Elma Saiz, introdujo un nuevo elemento en el debate sobre estas ayudas indicando que buscarán el apoyo parlamentario para algunas medidas, incluso de Vox.

Así, la ambigüedad sigue estando latente. En su comparecencia de este martes para anunciar un plan de autonomía estratégica de materias primas y minerales, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se refirió a un plan "integral" de respuesta. Pero no habló en ningún momento de forma directa de rebajar impuestos.

Un paquete con medidas coyunturales, que protejan a los consumidores vulnerables y al ecosistema empresarial; y estructurales, que sigan reforzando el modelo que se consolidó en 2022 y que -a su juicio- nos aleja del impacto que tiene la volatilidad geopolítica en la energía.

Recordó que siguen en fase de exploración, dialogando con todos los grupos políticos y los agentes sociales.

"Todas las medidas están sobre la mesa", advirtió. Aunque un eventual trámite parlamentario podría retrasar cualquier medida varias semanas.

Vigilancia de la CNMC

En relación a los carburantes, la principal preocupación de los consumidores en estos momentos, indicó que pidió por carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que hiciera un control más exhaustivo de las fulgurantes subidas de precios.

La ministra se refirió a supervisar los precios del mercado mayorista y minorista de los combustibles de 12.000 gasolineras, y también del mercado energético.

"Estoy convencida que la CNMC hace su trabajo", aunque también pidió "maximizar la supervisión" al regulador.

Hasta que estén en marcha las ayudas, en un horizonte temporal que el Gobierno sigue alejando, Transición Ecológica ha optado por reforzar el control de los operadores energéticos para que no apliquen subidas que aprovechen la incertidumbre internacional en el mercado de carburantes.

¿Bajada de impuestos?

Con todo, la bajada de impuestos es la opción con menos papeletas. El margen fiscal es escaso y el plan pasa por incluir reducciones que no impacten demasiado en la recaudación.

Esto supone recortar algunos impuestos a la electricidad de los hogares, pero no a los combustibles.

Se barajan ayudas a los transportistas y particulares, pero limitadas a bonificaciones puntuales como la de veinte céntimos el litro en 2022.

Una línea de acción que también pasa por recortar el IVA a los alimentos básicos como ya se hizo en 2022.

Escudo social

Respecto al escudo se podrían activar ERTEs, pero con un margen mucho más reducido que en la pandemia. Y es que con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) activado y las subidas periódicas del salario mínimo (SMI), el colchón está seguro, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por otro lado, pierde fuerza recuperar la moratoria antidesahucios, como piden Sumar y Podemos. El análisis que se hace es que una medida que ya fue rechazada por PP, Vox y Junts hace pocas semanas, podrían torpedear un paquete social más ambicioso.

Las ayudas directas están prácticamente descartadas por el coste fiscal que podría significar. En el caso de ser necesarias, se apostará por préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como ya pasó con el paquete de ayudas de la dana y el de los aranceles.