La falta de presupuestos y la deuda en máximos limitan el "escudo social" y las ayudas a empresas por la crisis de Irán

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se asume que el margen es escaso a la espera de conocer los planes de contingencia que ya están elaborando los diferentes ministerios.

El caso es que, pese al discurso oficial que indica que hay espacio fiscal para "tomar las medidas necesarias", la realidad indica que con las actuales cuentas sería imposible desplegar un paquete de medidas de igual calado que el que se puso en marcha tras la invasión de Rusia a Ucrania.

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Esto no significa que no se pongan en marcha medidas si es necesario, pero sí que estaríamos hablando de un escudo social mucho más acotado y unas ayudas a empresas muy restringidas y centradas básicamente en préstamos y no en subvenciones directas.

Se hará "lo necesario", pero limitando el gasto público al máximo y sólo si es estrictamente necesario. Una filosofía que explica que en la primera semana de conflicto el Gobierno no se haya lanzado a realizar anuncios ni promesas grandilocuentes.

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Ni Pedro Sánchez, ni los ministros de Economía, Carlos Cuerpo; y de Trabajo, Yolanda Díaz, se han comprometido con ayudas. Sólo han dicho que se activarán si son necesarias.

Un discurso radicalmente distinto a otras crisis como la de los aranceles, la de la guerra de Gaza o la de Ucrania, donde los paquetes de créditos, subvenciones y beneficios sociales se anunciaron casi de inmediato.

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En el caso de Ucrania, sólo pasaron seis días entre los ataques de Moscú y los anuncios de un paquete de ayudas de Sánchez en el Congreso. Desde los primeros bombardeos contra Irán, ya ha pasado más de una semana y no hay prevista una intervención en las Cortes hasta después del 15 de marzo.

En este sentido, la primera opción -que precisamente tiene que ver con ese margen fiscal del Gobierno- es la supresión de determinados impuestos.

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Estos días ya se ha puesto sobre la mesa la opción de volver a suspender o reducir el pago de tributos energéticos, para rebajar la factura de la luz y del gas. Materias primas que se podrían disparar tras el alza de casi el 20% y del 60%, respectivamente.

Otra de las cartas a las que se puede recurrir con relativa holgura es la rebaja del IVA a los productos básicos. Para evitar el impacto que una eventual crisis de suministros y de combustibles pueda tener en los alimentos y en la cesta de la compra.

España cerrará 2025 con la mayor recaudación fiscal de su historia. Los datos de noviembre -los últimos disponibles- indican que se recaudaron 300.000 millones de euros, un 10,1% más, y la previsión es que el año se cierre con el récord de 325.000 millones.

IVA en máximos

Un margen que se ha conseguido en gran medida por un IVA disparado, que podría cerrar 2025 con ingresos cercanos a los 100.000 millones, un 9,3% más, precisamente por la subida del IPC del 2,9% al cerrar el curso pasado.

En el caso de los transportes, las ayudas al uso del metro, del autobús y de los trenes, siguen en marcha desde la última actualización por la guerra de Gaza, por lo que no tiene sentido ampliarlas ya que su coste fiscal ya está internalizado.

En cuanto a la gasolina y el diésel, la postura del Ministerio de Hacienda sigue siendo apostar por bonificaciones aunque esto suponga elevar el gasto. Se estima que en la última oleada de 2022 se gastaron 6.000 millones.

Carburantes e impuestos

El Gobierno no descarta soluciones similares como bonificar 20 céntimos -con cargo de una cuarta parte a las petroleras-, una medida que genera un alivio en los bolsillos y que no afecta la recaudación del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) y del IVA de las gasolinas.

Sumando estos dos impuestos, en las gasolinas el Estado recauda 21.500 millones al año, por lo que los ingresos fiscales no se ven mermados. Es decir, a Hacienda le sale menos costoso bonificar que quitar este tributo.

Pero hasta aquí el margen fiscal, ya que todo lo que sea gastar recursos en ayudas directas reviste un mayor riesgo financiero. La deuda pública cerró el tercer trimestre del año pasado en un nuevo récord histórico de volumen con 1,7 billones de euros.

Deuda y déficit público

Son 78.100 millones más que en 2024, pese a que el porcentaje total cayó en 0,9 puntos por el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). A pesar de este máximo histórico, el crecimiento económico ha permitido que la ratio de deuda sobre el PIB haya caído hasta el 100,8%.

Por otro lado, las previsiones de diferentes organismos indican que este 2026 el déficit público debería estar controlado entre el 2,1 y el 2,4% del PIB.

No obstante, departamentos de análisis como BBVA Research indican que estos parámetros se cumplirán "siempre que se definan nuevas medidas de ajuste fiscal". Y más gasto en ayudas no beneficia esta política.

Ayudas a empresas

Además, desde Bruselas se lleva meses pidiendo a España que controle el gasto. Por otro lado, un eventual conflicto continuado en Irán elevará el coste de financiarse en los mercados internacionales, perjudicando nuevas emisiones de deuda.

Un paquete de ayudas que además tiene muy difícil encaje en un año en el que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están prorrogados por tercer año consecutivo y con poco margen tras el fin de las ayudas de los fondos europeos Next Generation.

Tampoco parece que cualquier iniciativa parlamentaria, aunque sea de ayudas sociales y a empresas, vaya a tener una alfombra en el Congreso. Recordemos que hace pocas semanas, Junts, PP y Vox rechazaron el último escudo social en el que se incluía una norma antidesahucios.

Escudo social

Esto cierra casi completamente la puerta a ayudas directas a personas, pero sobre todo a empresas, como se ha podido constatar en recientes crisis como la dana de Valencia o la de los aranceles.

En ellas casi no ha habido subvenciones, pero sí créditos avalados por la banca y organismos estatales como el Cesce o el Instituto de Crédito Fiscal (ICO). Un esquema que se repetirá con Irán.

¿Escudo social? La única certeza es que el Ejecutivo tiene en carpeta recuperar el paquete de medidas que se rechazó en el Congreso con la moratoria antidesahucios o el tope de los alquileres, aunque tendría que convencer a Junts entrando en un callejón parlamentario de difícil solución.

ERTEs e IMV

El jueves, Yolanda Díaz dijo además que "el escudo laboral económico de España hoy ya está listo", y que sólo hay que activarlo cuando sea necesario.

Es el caso de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y los mecanismos RED (que son ERTE sectoriales), o las prestaciones por cese de actividad de los autónomos.

Considerando, además, que sigue en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dentro de los ministerios sociales no se considera, en principio, poner en marcha nuevas medidas.

Nuevos impuestos

Este diario también ha informado del temor de las grandes empresas de que la crisis de Irán abra la puerta a que el Gobierno ponga encima de la mesa nuevos impuestos extraordinarios. En este caso a las energéticas que puedan favorecerse de los precios disparados de los carburantes.

El recorrido legislativo es limitado, pero en el Ejecutivo hay quien ve margen para subir aún más la recaudación -y usarla para elevar las ayudas- en algunos tributos a grandes fortunas o empresas. Todo ello para compensar estas limitaciones fiscales y presupuestarias.