Cuerpo aún no da por perdidos los 1.100 millones de Next Gen congelados pese a que los plazos de las reformas han vencido

En concreto, debido a su falta de mayoría en el Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado sacar adelante a tiempo ni la subida de los impuestos al diésel para equipararlos a la gasolina ni la ley para regularizar a los interinos en el sector público que le exige la Unión Europea. La fecha tope era el pasado 31 de enero.

Sánchez ya se ha visto obligado a renunciar a 60.000 millones en créditos Next Generation, dos tercios del total asignado. El Gobierno lo justifica en que España se financia más barato en los mercados que la Comisión y puede mantener la inversión sin las condiciones de la UE, aunque el verdadero motivo es el retraso en la ejecución de los fondos y la incapacidad de cumplir los hitos y objetivos comprometidos.

Cuerpo asegura ahora que la estrategia del Gobierno se concentra en lograr hasta el último céntimo de los 79.800 millones asignados en subvenciones. Sin embargo, Sánchez también corre el riesgo inminente de perder los primeros 1.100 millones de euros en ayudas a fondo perdido al no tener votos para aprobar ninguna iniciativa en el Gobierno.

"Seguimos trabajando con la Comisión Europea para ser capaces de aprovechar al máximo los fondos que tenemos, en particular el tramo de las transferencias, el tramo no reembolsable", ha dicho el ministro de Economía a su llegada a la reunión del Ecofin que se celebra este martes en Bruselas.

¿Cómo se puede resolver la subida del impuesto al diésel y la reforma de la ley de Función Pública si el Gobierno no tiene mayoría en el Parlamento y el plazo ya ha caducado? "Tenemos margen. Seguiremos trabajando, los plazos no han terminado todavía (...) Vamos a estar trabajando hasta el último minuto para ser capaces de utilizar al máximo los fondos europeos", responde Cuerpo.

A partir de ahora, la Comisión Europea debe enviar a España la comunicación formal de que perderá definitivamente los 1.100 millones de euros por no haber aprobado la subida del diésel ni la reforma para regularizar a los interinos. Una vez recibida, Sánchez dispone de un plazo extra de dos meses para presentar alegaciones.

El Congreso ya tumbó la subida del impuesto al diésel en noviembre de 2024 por el voto en contra de PP y Vox y también de uno de los socios de Sánchez, Podemos. La formación de Ione Belarra argumentó que la medida castigaba sobre todo a las clases medias y trabajadoras. Desde entonces, el Ministerio de Hacienda no ha logrado articular una nueva propuesta.

En cuanto a la regularización de los interinos, el Gobierno sí consiguió aprobar la denominada Ley Iceta, que Bruselas validó inicialmente dentro del primer desembolso de los fondos Next Gen.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó después que la norma no contempla sanciones eficaces y disuasorias frente al abuso de la temporalidad en la administración pública. Tras esa sentencia, la Comisión decidió congelar los fondos.

Desde entonces, Sánchez tampoco ha sido capaz de impulsar una reforma alternativa de la Ley de Función Pública que cumpla con las exigencias del TJUE.

En Bruselas, el ministro de Economía ha anunciado que enviará “en los próximos días” la solicitud del sexto pago de los fondos Next Gen, más de un año después de la anterior, registrada en diciembre de 2024. Cuerpo no ha querido aclarar cuál será la cantidad total demandada.

Tras la renuncia a 60.000 millones en créditos, España tiene pendientes de recibir, según la última versión del plan de recuperación, dos pagos en subvenciones: el primero por valor de alrededor de 5.000 millones y el segundo de alrededor de 20.000 millones. Los préstamos pendientes ascienden a 6.400 millones.

El reglamento de los fondos Next Generation exige que todas las reformas e inversiones estén concluidas para agosto de 2026, mientras que los últimos pagos deben desembolsarse antes de que acabe este mismo año.