La productividad caerá en 2025 y 2026 por la falta de inversión, un mercado laboral ineficaz y más costes empresariales

Según los cálculos del think tank de la CEOE, la productividad por trabajador en España todavía sigue un 3,6% por debajo de los niveles de finales de 2019, es decir, los niveles previos a la pandemia.

Desde entonces, la productividad por hora trabajada apenas ha avanzado un 1,9%, lo que refleja que la economía crece más por cantidad —más población y más gasto— que por eficiencia.

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El IEE habla de una “dualidad macroeconómica”: el producto interior bruto (PIB) crece por encima de la media de la eurozona, pero lo hace de forma extensiva, no intensiva.

España suma ocupados y actividad, pero no genera mucho más valor añadido por trabajador ni por hora, lo que se traduce en un PIB per cápita débil y en una brecha de productividad persistente frente a otras economías avanzadas.

Una parte central del problema está en la inversión. La inversión empresarial en bienes de equipo sigue “muy debilitada” y la base privada de inversión productiva “no se ha normalizado completamente”, pese al ciclo expansivo.

La inversión pública se ha mantenido gracias a los fondos Next Generation EU, pero sin arrastre suficiente sobre el tejido privado y con un perfil que no garantiza mejoras duraderas de productividad.

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El informe prevé que la inversión en bienes de equipo crezca un 8,3% en 2025, un impulso apoyado precisamente en los fondos europeos.

Pero ese ritmo se desplomará hasta el 1,8% en 2026, coincidiendo con la retirada gradual de los recursos de la Unión Europea (UE), lo que anticipa un frenazo de la modernización del capital productivo si no hay relevo privado.

La estructura del capital español agrava el diagnóstico. Aproximadamente el 88% del capital fijo está vinculado a activos inmobiliarios y construcciones, mientras que maquinaria, bienes TIC, I+D+i e intangibles tienen un peso mucho menor que en otras economías avanzadas.

Ese sesgo hacia el ladrillo limita el salto de productividad, porque reduce la presencia de activos directamente asociados a innovación, digitalización y mejora de procesos.

Déficit en I+D+i

La brecha en investigación y desarrollo es otro indicador claro. El gasto en I+D+i en España ronda el 1,4% del PIB, muy por debajo de la media de la UE, situada en torno al 2,2%.

Esta diferencia de casi 0,8 puntos de PIB implica menos capacidad para incorporar tecnologías avanzadas, desarrollar nuevos productos y reorganizar procesos de forma eficiente.

Con menos inversión en conocimiento, la economía acumula retrasos en los sectores que más tiran de la productividad en otros países.

Esto deja a muchas empresas atrapadas en actividades de menor valor añadido, más expuestas a la competencia en costes y con menos margen para subir salarios de forma sostenible.

Mercado laboral ineficaz

El mercado laboral tampoco contribuye a corregir el problema, pese a la reducción del paro en los últimos años.

El IEE describe un “desajuste crónico” entre el capital humano disponible y las necesidades del tejido productivo, con España situada en la parte alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sobrecualificación.

Muchos trabajadores realizan tareas por debajo de su nivel formativo, mientras las empresas declaran falta de perfiles con las competencias concretas que necesitan.

La tasa de paro, del 10,45% en el tercer trimestre del año, sigue siendo la más elevada de la UE y de la OCDE.

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A la vez, el crecimiento del número de ocupados no se traduce en un aumento equivalente de las horas trabajadas.

Y esto lastra el PIB per cápita y refuerza la idea de un mercado laboral poco eficiente desde el punto de vista productivo.

Costes laborales

El tercer pilar del diagnóstico es el aumento de los costes empresariales. Los costes laborales unitarios se sitúan un 24,8% por encima de los niveles de finales de 2019, una subida que, combinada con baja productividad, debilita la competitividad de las empresas.

Las cotizaciones sociales a cargo del empleador (según indica el IEE) alcanzan el 30,1% sobre el salario bruto, frente a una media del 16,5% en la OCDE y del 21,8% en la UE-22, lo que encarece estructuralmente el trabajo en comparación con los países del entorno.

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A ello se suma una presión fiscal elevada sobre las compañías. En 2023, la contribución de las empresas a la recaudación total fue del 48,8%, casi 10 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE, situando a España como el cuarto país con mayor carga fiscal empresarial.

Ese nivel de impuestos y cotizaciones reduce los márgenes para reinvertir en capital físico, tecnología y formación, y actúa como freno indirecto sobre la productividad.

El IEE advierte de que, si no se corrigen estas tendencias, España corre el riesgo de quedar atrapada en una senda de bajo crecimiento potencial.

Romper esa dinámica exige reorientar la inversión hacia activos que impulsen la productividad, reducir los desajustes del mercado laboral y revisar un marco de costes que hoy penaliza la apuesta por invertir y ganar tamaño empresarial.