Díaz lanza unas normas para regular la banca ética y ataca a la tradicional por invertir en armas y combustibles

Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz afirman que con esta medida pretenden abrir un debate y poner el foco sobre las entidades tradicionales, como Santander, BBVA o La Caixa. Concretamente, quieren atacar a estas entidades por, entre otras cosas, sus inversiones en ámbitos como el 'negocio de la guerra' (como las armas) y el de los combustibles fósiles, argumentan desde Trabajo.

Desde Trabajo argumentan que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre con los depósitos que ceden a la banca convencional. Aseguran que, con la norma, quieren señalar además a un fenómeno que llaman la banca en la sombra y que operaría en sectores como la vivienda a través de socimis y fondos de inversión.

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En el departamento aseguran que ninguna entidad tradicional cumpliría con las normas éticas contenidas en el real decreto que se está desarrollando. Sin embargo, no se les aplicará a ellas, sino a entidades que tengan naturaleza de economía social, como las cooperativas de crédito.

También el real decreto se aplicará también sobre cooperativas de servicios financieros y que cuenten con secciones de crédito, fundaciones que desarrollen exclusivamente actividades financieras desde la economía social y asociaciones que promuevan la concesión de ayudas reintegrables a colectivos en riesgo de exclusión financiera.

LOS 10 CRITERIOS DE DÍAZ PARA LA BANCA ÉTICA

• Priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico.
• Reinvertir el 75% de los beneficios en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad y en la creación de fondos específicos para financiar proyectos de alto impacto social.
• Evaluar las solicitudes de financiación de personas físicas y/o jurídicas, con especial atención al impacto social y ambiental y a la economía social.
• Destinar al menos el 20% de su actividad crediticia a organizaciones sin fines de lucro o entidades de la economía social en un periodo sostenido de, al menos, tres años.
• Adoptar un modelo de gobernanza y organizativo inspirado en un enfoque democrático, transparente y participativo.
• Adoptar políticas de remuneración que reduzcan la diferencia salarial en la entidad, con una ratio retributiva entre el sueldo máximo y mínimo no superior a siete.
• No financiar entidades cuya actividad sea incompatible "con principios éticos, sociales y medioambientales", como la industria armamentística, la falta de acceso a vivienda asequible, la industria del juego y los combustibles fósiles.
• Desarrollar actuaciones para la promoción de la igualdad de género, la diversidad funcional, étnica o racial, sexoafectiva, social y cultural, y el emprendimiento femenino, así como fomentar la participación e inclusión financiera de las mujeres.
• Priorizar en sus actuaciones el compromiso con el desarrollo y la cohesión territorial, así como con la economía local.
• Presentar públicamente, al menos una vez al año, información o memoria sobre cómo los créditos concedidos y otras actividades financieras realizadas atienden los fines señalados.

Algunos ejemplos de esto son entidades como Coop57 y Fiare, además de numerosas cajas rurales a lo largo del país.

Así lo recoge el proyecto de real decreto, que ya ha pasado la fase de audiencia pública y que ahora afronta los trámites finales antes de llegar al Consejo de Ministros. Un proceso que se hará por trámite de urgencia, igual que el registro de jornada laboral.

Negociación

El departamento de Yolanda Díaz asegura que el contenido del real decreto se ha pactado con el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo. En un principio, cuando empezó la negociación (antes del verano), mostró sus reservas. Pero finalmente ha dado luz verde al no tener impacto normativo sobre el sector financiero ni invadir competencias.

Trabajo defiende que es el primer desarrollo que se hace sobre los criterios (diez, concretamente) que tiene que cumplir la banca ética de economía social. Pero, ¿para qué sirve cumplirlos? Según explican en el departamento de Díaz, las entidades éticas tendrán acceso a determinadas subvenciones, líneas de financiación e incluso actividades de promoción.

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Sin embargo, no se perseguirá o sancionará a las entidades que se autodenominen éticas pero no cumplan los requisitos que exigirá el real decreto. En Trabajo, consideran que, si ocurren tales casos, se les perseguiría por publicidad engañosa. Pero insisten en que, el objetivo de la norma, es avivar el debate social sobre la banca y sus actuaciones.