María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, este viernes.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, este viernes. Julio Muñoz / EFE

Macroeconomía

Montero asumirá la deuda más cara de las CCAA pese a que el Estado destina un 12% más a pagar la suya que hace un año

Hacienda no desvela si los tramos de deuda que asumirá la Administración Central se incluirán en el anteproyecto de ley que va a Consejo de Ministros este martes.

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El Gobierno retoma sus planes para condonar 83.252 millones de euros de deuda pública autonómica. El Ministerio de Hacienda lleva al Consejo de Ministros de este martes el anteproyecto de ley que recogerá esta medida, que en su momento se pactó con ERC para Cataluña y que finalmente se ha extendido al resto de las regiones del Régimen Común.

Finalmente, los tramos que asumirá el Estado serán los que tienen los tipos de interés más elevados (y más caros) en cada autonomía. Así lo indican fuentes de conocedoras de los contactos entre Hacienda y las diferentes regiones.

De hecho, pese a que algunas autonomías presididas por el PP se han negado negociar o tratar esta cuestión con el departamento que dirige María Jesús Montero, varios territorios 'populares' sí que cuentan con una propuesta de tramos a condonar por parte del Estado.

Hace unos meses, Hacienda ya había indicado que trataría, en reuniones técnicas con las propias autonomías, los tramos que asumiría el Estado de acuerdo con los intereses de los que quisieran quedar liberadas. La idea es que se ahorren unos 7.000 millones de euros con este movimiento.

Sin embargo, el Estado va a asumir el pago de estos intereses en un momento delicado. La partida que se destina a pagar intereses por deuda pública crece a doble dígito.

Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hasta mayo, el Estado ha elevado su gasto en intereses (por deuda pública, claro) hasta los 14.191 millones de euros, un 12,6% más que el año pasado.

En el caso de las autonomías, el gasto en intereses crece pero un poco menos. En lo que va de 2025 (hasta mayo), esta partida ha aumentado un 8,7%, hasta los 3.217 millones.

Todo esto en un marco en el que la deuda pública nacional no para de crecer. En junio se elevó hasta los 1,691 billones de euros, nuevo récord. Aunque en términos de PIB está en el 103,4% del PIB, por debajo del mismo mes de 2024, gracias a la evolución de la economía española.

Según la previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto de las Administraciones Públicas en intereses por la deuda se va a ir hasta los 41.726 millones de euros este 2025, un incremento de 2.740 millones de euros respecto 2024.

¿En el anteproyecto?

Cuando María Jesús Montero explicó la iniciativa, indicó que los encuentros técnicos que Hacienda celebraría con las autonomías servirían para determinar los tramos de deuda que asumía el Estado y que se tendrían que introducir en el anteproyecto de ley.

Sin embargo, este último aspecto es una incógnita. Consultadas por esta cuestión, fuentes del Ministerio de Hacienda indican que hay que esperar al martes para conocer más detalles.

En varios casos Hacienda va a tener que imponer los tramos de deuda a condonar. Como ya adelantó este periódico, las regiones del PP se han negado a abordar esta cuestión con el ministerio de María Jesús Montero.

Ocurrió con Andalucía y también con Madrid. "Mantuvimos una reunión que duró tres minutos", afirma, consultada por EL ESPAÑOL-Invertia, Rocía Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid.

"Dejamos clara nuestra postura", continúa: "La Comunidad de Madrid está en contra de una condonación de deuda que no es tal. Estamos ante la mutualización de la deuda catalana tras años de mala gestión por parte de los gobiernos independentistas".

Añade que ellos sólo tienen la cifra de condonación de deuda que Hacienda ha calculado para Madrid (8.644 millones), no cómo se va a ejecutar. En su caso el asunto es complejo: la comunidad no tiene deuda alguna con el Estado y no está claro cómo se vaya a vehicular la medida para esta región.

López-Ibor denuncia que "lo lógico es que Hacienda nos hubiera trasladado un borrador del anteproyecto de ley, puesto que las autonomías somos las implicadas. Seguro que sí lo tienen Salvador Illa y Carles Puigdemont".

Por otro lado, anuncia que, si sale adelante la medida, Madrid no participará de ella. "La condonación le cuesta a cada madrileño casi 500 euros, por lo que no podemos estar de acuerdo. Es inconcebible que decisiones que nos afectan a todas las autonomías se tomen en negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y Cataluña".

"Se trata de blanquear una medida que no ha pedido las comunidades , sólo Cataluña. Que el Gobierno la haga extensiva al resto de España es la forma de blanquear este pago al independentismo", decía este viernes Carolina España, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que el anteproyecto de ley de la condonación de la deuda autonómica, una vez se apruebe en el Consejo de Ministros, pasará a las Cortes.

En ellas se someterá al proceso parlamentario. Para prosperar necesitará la mayoría cualificada de las cámaras (la mitad más uno). ¿La causa? Tal y como ha trasladado el departamento de María Jesús Montero, el texto tendrá que hacer modificaciones a una ley orgánica como la de Estabilidad Presupuestaria.

El Gobierno todavía cuenta con que la norma esté aprobada por el Congreso (y haya pasado por el Senado, donde el PP tiene mayoría y seguramente no logre apoyos) antes de que acabe 2025.

Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) volverá a reunirse con las comunidades autónomas de forma bilateral para dar el paso final para la condonación de la deuda: que cada región acepte la quita con un convenio particular.

Todo ello mientras la ministra de Hacienda tendrá que negociar, en paralelo, la nueva senda de estabilidad (los objetivos de deuda y déficit) y unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Todo un tour de force que pondrá a pruebas las habilidades negociadoras y la cintura política de María Jesús Montero y el Gobierno en su conjunto.