La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Madrid.
Las subidas de tipos pasan factura a las CCAA: pagarán un 58% más en 2028 por los intereses que genera su deuda
La Rioja, Cantabria y Comunidad Valenciana sufrirán los mayores incrementos.
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Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) que se iniciaron en el verano de 2022 y que alcanzaron un máximo del 4,5% entre octubre de 2023 y mayo del año pasado van a ocasionar más de un quebradero de cabeza presupuestario a las comunidades autónomas.
Según las estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las regiones se van a tener que gastar varios miles de millones de euros más para abordar el gasto adicional que les va a generar las subidas de los tipos de interés.
Concretamente, y respecto al gasto en intereses de 2024, en 2028 las regiones van a tener que desembolsar un 58% más.
Los principales incrementos del gasto en intereses los van a sufrir La Rioja (con un llamativo 121%), Cantabria (87,7%) y Comunidad Valenciana (79,4%).
Así lo indica el trabajo firmado por Manuel Díaz y Carmen Marín, que indican que en 2024 las regiones abonaron 7.452 millones de euros en intereses por su deuda, una cantidad que irá creciendo progresivamente hasta 2028. Un año en el que las autonomías deberán abonar 11.789 millones, 4.337 más.
Cabe recordar que los tipos de interés estuvieron congelados en el 0% entre 2016 y 2022. Sin embargo, a partir de ese año, se fueron subiendo hasta el 4,5% citado, para luego quedarse en el 2,15% al que los fijó el BCE hace unos meses.
Así, según Fedea, el tipo de la deuda pública regional se elevará progresivamente hasta 2028, cuando estará en una notable media del 3,2%. Los tipos más elevados los tendrán que pagar en Asturias (4,9%), Canarias y Castilla y León (4% ambos territorios).
En términos brutos, la región que más tendrá que pagar por intereses de deuda en 2028 será Cataluña, con 2.822 millones de euros. Le siguen Comunidad Valenciana (1.926 millones) y Madrid (1.585 millones).
El informe reclama a las autonomías "calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden estar contemplando", dado el incremento del gasto.
"Estas administraciones han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales", añade.
