La España del cambio ya no funciona: el AVE, Barajas, las comisarías o el Sepe colapsan y la sensación de caos se extiende

Han pasado casi 43 años desde entonces y la sensación que existe entre la ciudadanía es que España está dejando de funcionar. 

El 16% de los españoles otorgan un suspenso al transporte público, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Casi el 60% considera que el Gobierno dio pocas explicaciones por el apagón y la preocupación por la vivienda crece mes tras mes. 

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Una percepción a la que contribuyen las imágenes, cada vez más habituales, de aeropuertos y estaciones de tren abarrotados. También está el apagón histórico del pasado 28 de abril, por no hablar de la degradación que supone la presunta corrupción vinculada al Partido Socialista… 

Tanto es así que hasta el propio Gobierno, como ha contado EL ESPAÑOL-Invertia, trata de recuperarse a base de “polarizar” porque es la única estrategia que tiene para evitar que cunda la sensación de caos en el país. 

Una imagen, la del caos, que afecta al transporte, la vivienda, la energía y otras muchas áreas que dependen del Gobierno central.

Se empieza a instalar en el imaginario colectivo, y eso preocupa al Gobierno, que España ya no funciona. 

Caos ferroviario 

La última imagen la tuvimos el pasado lunes. 23 trenes con 15.000 pasajeros quedaron atrapados por la falta de tensión en una catenaria entre Yeles y La Sagra (Toledo). 

Se repetía la historia, como también lo hacía el enfrentamiento del Gobierno, Renfe y Adif con los operadores privados Ouigo e Iryo, a los que culpa de todos los males. 

Esta misma semana la Guardia Civil detuvo a los responsables del robo de cable que bloqueó el 4 de mayo la alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Coincidía con la vuelta del Puente de Mayo, con el Rocío… Un caos que atrapó entonces a 10.000 personas. 

Todo causado por un robo que para el Gobierno, en su momento, era un “acto de sabotaje”, tal y como se afanó en difundir el ministro de Transportes, Óscar Puente. La realidad se ocupó de desmentirlo. 

Son las dos últimos casos, pero los retrasos, las cancelaciones y las interrupciones de servicio se han venido incrementando en los últimos meses. 

Que le pregunten a los 14.000 viajeros afectados por el fallo informático de los Avril, el tren de Talgo que viaja a Galicia; a los perjudicados en Atocha o Chamartín por las obras de remodelación de ambas estaciones, o a los pasajeros que sufren retrasos en sus trenes -casi a diario- por múltiples averías. 

Todo ello sin olvidar el descarrilamiento de un tren en octubre de 2024, que paralizó la Alta Velocidad en Atocha durante un fin de semana entero y que afectó a más de 13.000 viajeros. 

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Así, el servicio está dejando mucho que desear. Las reclamaciones se han duplicado desde la pandemia. Y eso sin incluir los problemas que sufren los Cercanías en Madrid, Málaga o Valencia o de Rodalíes en Cataluña. 

La oposición al PSOE critica la falta de fondos destinados a estas estructuras. De hecho, en el último decenio la inversión pública en transporte ha descendido porcentualmente, del 0,84% al 0,66% del PIB. Ahora mismo España es el cuarto país por la cola en la Unión Europea, sólo por detrás de Chipre, Irlanda o Francia.

Aeropuertos colapsados 

Peor hay más. En pleno arranque de la operación salida de vacaciones de verano, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas colapsó. 

Fue el pasado 2 de julio. El control de pasaportes de la Terminal 4 Satélite del aeropuerto se convirtió en una ratonera para miles de viajeros que perdieron su vuelo. 

Hasta 500 personas se quedaron en tierra al no haber podido coger su vuelo. ¿La razón? Hay varias. 

Mientras el Ministerio del Interior se aferra al error informático como única causa, Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, atribuye el problema a la saturación en la programación de vuelos de Barajas y a una falta de planificación por parte de las autoridades aeroportuarias. Una tercera fuente señala a la falta de dotación policial.

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 “A las 11:00 horas, que es el momento fuerte por la salida de los vuelos de largo radio, sólo estaban cubiertos la mitad de los puestos de policía en el control de pasaportse”, señalan fuentes cercanas a las aerolíneas.  

En concreto, había sólo ocho policías de los 16 puestos. Y aunque pueda tratarse de un caso puntual, no es la primera vez que estas situaciones ocurren. 

Desde hace algunos veranos, asistimos a problemas en los controles de pasaportes de este aeródromo. A ellos se suman huelgas como la de tripulantes de Easyjet. Y de fondo siempre está la falta de planificación y de personal. 

Esta situación causa un gran perjuicio a pasajeros y aerolíneas, así como a la imagen y al turismo de España. Todo ello ante un verano récord en el sector aéreo, en el que se prevé un aumento del 6% en la oferta de asientos respecto a 2024. Se espera que la oferta de asientos alcance los 246 millones desde abril hasta octubre inclusive.

El aeropuerto está colapsado.

A esto hay que sumar el boom turístico de España, que se encamina a batir otro récord. Hasta mayo, llegaron 35 millones de turistas internacionales, un 5,5% más que en el mismo periodo del año anterior. 

La mayoría de estos turistas vienen a bordo de aviones, por lo que los aeropuertos deben estar a la altura.  Veremos si no asistimos a escenas de colapso en aeropuertos como los de Canarias, Palma de Mallorca o Barcelona.  Infraestructuras con potencial riesgo de colapso por la falta de inversiones, que han impedido aumentar sus capacidades en los últimos años. 

El apagón 

El gran apagón del 28 de abril de 2025 dejó al descubierto las debilidades estructurales del sistema eléctrico español. 

Reavivó también el debate sobre la viabilidad del modelo energético del Gobierno, especialmente en lo relativo al calendario de cierre nuclear.

Un asunto sobre el que el Ejecutivo trató de desviar la atención hablando de un "ciberataque" contra las instalaciones de Red Eléctrica. Una hipótesis que fue desmontada horas después.

La investigación oficial -a la espera de los informes de la Comisión Europea y la CNMC- apunta a una cadena de fallos en la gestión de la red. 

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Entre ellos, una programación deficiente por parte de Red Eléctrica sin suficiente respaldo gestionable (centrales de gas o nucleares) en un sistema altamente renovable, errores en el control de tensiones y desconexiones indebidas de instalaciones renovables en momentos clave.

El colapso dejó en evidencia una red vulnerable y el desfase de algunas normas técnicas, que llevan sin modificarse desde hace 25 años. 

La reforma regulatoria que debía modernizarlas llevaba cinco años atascada en la CNMC. 

Por eso, tras el incidente, el Gobierno aprobó de urgencia un real decreto para reforzar el control de la red y el regulador publicó finalmente una actualización del marco técnico.

El apagón también ha puesto el foco en otros retrasos estructurales: el escaso desarrollo del almacenamiento energético, la lentitud en el despliegue de redes y el estancamiento de la demanda eléctrica. 

La crisis ha intensificado también  las críticas al cierre progresivo de las centrales nucleares previsto entre 2027 y 2035.

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El sector energético cuestiona que pueda prescindirse de una fuente estable y libre de emisiones en un mix cada vez más dependiente de tecnologías intermitentes, sin un despliegue suficiente de almacenamiento ni un crecimiento de la electrificación.

La estrategia española también va a contracorriente del giro europeo: países como Francia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica o Alemania están reactivando o reforzando su apuesta nuclear.  

Next Gen 

La España que no funciona podemos verla también en la evolución de los fondos Next Generation EU. 

Su llegada está condicionada a la aprobación de una serie de reformas que el Gobierno hace mucho tiempo que no tiene mayoría parlamentaria para acometer.

España es el segundo mayor beneficiario de estas ayudas en la UE, ya que tiene adjudicados un total de 163.000 millones de euros entre subvenciones y créditos blandos, sólo por detrás de Italia con 194.000 millones. 

Pero mientras el Gobierno de Giorgia Meloni ya ha logrado el desembolso de siete pagos por valor del 73% de la cantidad asignada (140.400 millones), Sánchez sigue atascado en el cuarto pago que representa apenas el 30% del total (48.000 millones en subvenciones). 

Los retrasos acumulados por el Gobierno podrían transformarse rápidamente en una pérdida definitiva de fondos. 

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El plazo legal improrrogable para completar todas las reformas e inversiones concluye en agosto de 2026, es decir, en apenas 13 meses.

El ejemplo más inmediato se verá precisamente con el quinto pago, que Carlos Cuerpo solicitó en diciembre de 2024. 

Bruselas tiene previsto aprobarlo antes de la pausa veraniega -tras una larguísima negociación que se ha prolongado mucho más allá del plazo legal de dos meses-, pero con un recorte que podría llegar a los 800 millones de euros.

El motivo es que Sánchez no ha sido capaz de aprobar una de las condiciones clave exigidas a cambio de este desembolso, la subida de los impuestos al diésel.

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Entre las condiciones para los siguientes pagos -que ya van muy apretados- hay toda una serie de normas que siguen en el aire. 

Hablamos de la Ley de Industria, la Ley para consolidar la Equidad y la Cohesión en el Sistema Sanitario, la Ley del Cine, la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés o la Ley de Movilidad. 

Así, la parálisis parlamentaria de Sánchez amenaza con provocar la pérdida de una elevada cuantía de fondos Next Gen.

La vivienda 

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva empeñado desde el arranque de la legislatura en que la vivienda sea “el quinto pilar del estado del bienestar”. 

Un objetivo que, lejos de alcanzarse, parece cada vez más lejano. De nada ha servido su Ley de Vivienda, en la que se incorporan límites de precios, zonas tensionadas y recargo en el IBI a viviendas vacías. No ha servido para nada. 

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Según datos del ministerio de Vivienda, la vivienda libre está en un precio de 1.896 euros por metro cuadrado. Niveles nunca vistos. 

Lo mismo ocurre con el mercado del alquiler, en donde se ven también máximos históricos de 14,6 euros  por metro cuadrado. 

Hablamos de una materia en la que el Gobierno no tiene competencias, pues están traspasadas a las comunidades autónomas. 

Aun así, el Ejecutivo de Sánchez intenta promover la construcción de vivienda pública. Ahí está la cesión de 40.000 viviendas de Sareb al Sepes. O la propuesta de movilizar hasta 7.000 millones de euros para las comunidades y que estas puedan crear vivienda pública. Algo que fue rechazado en la última Conferencia de Presidentes. 

El IMV 

Otra inciativa del Estado que no ha cumplido las expectativas depositadas en ella es el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La medida se planteó como una de las principales iniciativas contra la pobreza del primer Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez (el que tuvo a Pablo Iglesias como vicepresidente). Cinco años más tarde, ha resultado un fiasco. 

Así lo indica el análisis del Tribunal de Cuentas. Sólo un 40% de los potenciales beneficiarios de esta prestación la reciben. No cubre a los hogares que sufren pobreza severa. 

Un escenario en el que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegó el 68% de las solicitudes de la prestación que se presentaron.

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Todo ello con importantes retrasos. El plazo medio para conceder esta prestación está por encima de los cinco meses. 

De hecho, en el 42% de los casos, se superan los seis meses, que es el periodo máximo que recoge la ley. 

El "despropósito" también llega al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Así es como califican los sindicatos a la aplicación informática que se usa para la gestión de prestaciones, ALMA, y su "desafortunado diseño". 

De hecho, en Comisiones Obreras (CCOO) hablan directamente de "caos".

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"Miles de horas perdidas con las incidencias en torno a una aplicación informática desastrosa, en un organismo que no se lo puede permitir por las deficiencias de plantilla que soporta”, inciden. 

El sindicato asegura que hay “expedientes reconocidos a voleo en donde están fracasando los mínimos controles de calidad, resoluciones que no corresponden con los derechos reconocidos”. 

Todo ello acompañado de una “gestión imposible de un Complemento de Ayuda al Empleo (CAE) que se ha transformado en una quimera imposible de gobernar con los medios con los que cuenta la plantilla del SEPE".

Comisarías sin dinero 

Hasta los policías en las últimas han pasado dificultades para poder hacer su trabajo en condiciones. 

Muchos de ellos, al encontrarse en las últimas semanas las cajas pagadoras vacías en sus respectivas comisarías, han tenido que pagar para poder trabajar.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía (DGP), decidió recurrir al fondo de las multas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para paliar el agujero.

Esta fórmula de emergencia se ha tenido que activar justo cuando la Policía ha tenido que destinar a 7.000 agentes a Sevilla para la Cumbre de Financiación al Desarrollo de la ONU, que se celebraba la pasada semana. 

Que todas las comisarías se queden sin liquidez al mismo tiempo es algo que nunca había ocurrido.

La situación ha afectado a varios niveles en la labor policial: en investigación, seguridad ciudadana, en la tarea de los antidisturbios, etc. El agujero económico asciende a decenas de millones de euros.

Lo primero que hubo que resolver, y de urgencia, fue la falta de dietas a las que se enfrentan los cerca de 7.000 efectivos que Interior ha destinado para blindar la cumbre en Sevilla, que comenzó el pasado lunes.

Para ello Interior aprobó una modificación presupuestaria de tres millones de euros para mantener la liquidez de las cajas pagadoras, lo que, en teoría, ha permitido costear los adelantos de los agentes de este dispositivo de seguridad.

Sin embargo, no han sido las únicas dificultades que han enfrentado estos Policías. Colectivos como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y JUPOL han denunciado que Interior ha proporcionado menús de una calidad sonrojante a sus agentes.

Bocadillos con moho y camas desvencijadas y sucias, en una semana con temperaturas extremas. Y sin dinero en las cajas para poder trabajar con tranquilidad. Una situación inédita a nivel policial.

*** Han contribuido en la elaboración de este tema: Juan Sanhermelando, Alba Pérez, Sandra Tobar, Alfonso Muñoz, Eduardo Ortega y Brais Cedeira.