Promoción de viviendas

Promoción de viviendas

Macroeconomía

Bruselas expedienta a España por el impuesto del 2% a la vivienda habitual de los extranjeros no residentes

Si el Gobierno de Pedro Sánchez no corrige la situación, el Ejecutivo comunitario podría presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Más información: Más construcción y alquiler social: Bruselas apremia al Gobierno de Sánchez a resolver la crisis de la vivienda

Publicada

La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este miércoles un expediente sancionador contra España por el impuesto del 2% que impone a la vivienda habitual de los contribuyentes no residentes.

Bruselas considera que este gravamen es "discriminatorio" porque no se aplica a los contribuyentes residentes y vulnera los principios de libre circulación de trabajadores y libre circulación de capitales recogidos en el Tratado.

Por ello, el Ejecutivo comunitario va a enviar al Gobierno de Pedro Sánchez una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. 

"Mientras que los contribuyentes residentes no pagan impuestos sobre la renta imputada a su vivienda habitual, los no residentes deben pagar un impuesto del 2% del valor catastral de la vivienda que utilizan como residencia habitual", ha explicado la Comisión en un comunicado.

Por ello, la normativa fiscal española sobre la tributación de viviendas utilizadas como residencia habitual por contribuyentes no residentes "no se ajusta a las normas de la UE sobre libre circulación de trabajadores (artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión) ni a la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE)", añade el comunicado.

El Gobierno de Sánchez dispone ahora de un plazo de dos meses para presentar alegaciones a la carta de emplazamiento y subsanar los problemas señalados por Bruselas.

De no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento sancionador, que en la práctica supone un ultimátum con la exigencia de modificar la legislación nacional para adaptarla a derecho comunitario.

En última instancia, el Ejecutivo comunitario puede denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y pedir la imposición de multas crecientes, como ha hecho este mismo miércoles con España por no haber incorporado a su legislación nacional la directiva sobre condiciones laborales.