Por ello, el Ejecutivo comunitario reclama a Sánchez un "mayor esfuerzo para reducir la elevada deuda pública". Un esfuerzo que debe traducirse en "una estrategia de consolidación creíble", que incluya medidas "más ambiciosas" de aumento de los ingresos, en particular a través del IVA y los impuestos especiales. El actual incremento de la recaudación es "principalmente de carácter temporal", gracias a las buenas cifras de crecimiento, avisa el informe.

La amonestación de Bruselas llega justo cuando están a punto de entrar en vigor las nuevas reglas de disciplina fiscal de la UE, que obligan a los Estados miembros a elaborar planes de ajuste plurianuales. Según se ha confirmado en el Ecofin celebrado este martes, la fecha tope para entregar estos planes será el 20 de septiembre, justo a tiempo para elaborar los presupuestos de 2025.

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Según el último análisis sobre la deuda de la Comisión, los riesgos para la sostenibilidad fiscal en España "son bajos en conjunto a corto plazo, altos a medio plazo y medios a largo plazo".

Si no se toman medidas adicionales, la deuda pública se mantendrá en niveles elevados de alrededor del 110% en 2034, debido a la mala situación de partida y al persistente déficit estructural. Las necesidades de financiación del Gobierno continuarán también en tasas altas de alrededor del 20% del PIB a medio plazo.

El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, durante la rueda de prensa tras el Ecofin de este martes en Bruselas Unión Europea

"Las medidas políticas encaminadas a una reducción decisiva del alto nivel de deuda pública y del déficit estructural han sido limitadas en el pasado reciente y se necesita un esfuerzo adicional de consolidación para alcanzar una posición presupuestaria saneada", denuncia el informe del Ejecutivo comunitario.

"Para garantizar una disminución de la deuda a medio y largo plazo será necesario reducir claramente el déficit estructural y hacer frente al mismo tiempo a las futuras presiones presupuestarias por el lado del gasto derivadas del envejecimiento de la población, así como de la atención sanitaria de larga duración", apunta el informe.

Gastos e ingresos

En este sentido, la Comisión vuelve a señalar que la decisión del Gobierno de Sánchez de volver a indexar las pensiones a la evolución de la inflación "plantea riesgos adicionales a la sostenibilidad fiscal en el futuro, aunque en la legislación se prevén medidas específicas para contrarrestar el impacto de un posible aumento del gasto".

Precisamente, con el fin de recortar el gasto público, el Ejecutivo comunitario recomienda a la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, seguir las recomendaciones de las evaluaciones periódicas que está realizando la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF).

Por lo que se refiere a los ingresos, el informe señala que la presión fiscal en España (38,3% en 2023) todavía está por debajo de la media de la UE (41,2%). Por ello, Bruselas señala que "hay margen para una mayor ambición" a la hora de tomar medidas adicionales para aumentar la recaudación con carácter permanente.

"Las posibles medidas adicionales para aumentar los ingresos podrían incluir la simplificación del sistema del IVA y otros ajustes de los beneficios fiscales o de determinados impuestos indirectos, incluida la fiscalidad medioambiental, protegiendo al mismo tiempo a las personas vulnerables con medidas compensatorias selectivas", señala la Comisión.

Temporalidad en el sector público

La otra gran vulnerabilidad de la economía española es la tasa de paro, que ha bajado desde el pico del 26,1% registrado en 2013 hasta el 11,6% de enero. No obstante, Bruselas señala que el nivel de desempleo en España es todavía el más alto de la UE, "con bolsas estructurales de vulnerabilidad, como las todavía muy elevadas tasas de paro juvenil y de larga duración".

La reforma laboral aprobado en diciembre de 2021 "ha contribuido de forma decisiva" a reducir la precariedad en el sector privado, pero "se necesitan medidas adicionales para hacer frente a la persistente elevada tasa de trabajadores temporales en el sector público", reclama Bruselas.

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En este sentido, el informe subraya que la tasa de temporalidad en el sector privado cayó al 13,2% en el último trimestre de 2023, frente al 23,9% que se registraba dos años antes. Sin embargo, la proporción de contratos temporales en el sector público sigue siendo "muy alta", del 29,6%, más del doble que en la empresa privada.

Para acabar con los desequilibrios de la economía española, el Ejecutivo comunitario reclama además al Gobierno de Pedro Sánchez medidas adicionales para aumentar el apoyo público al I+D, reforzar los vínculos entre la ciencia y la empresa y mejorar el entorno empresarial suprimiendo las normas que ponen trabas al crecimiento de las empresas.

España sigue siendo uno de los países de la UE que menos invierte en I+D y en el que la contribución del sector privado es más baja (0,8% del PIB frente al 1,5% de media comunitaria). Además, el informe alerta de los desajustes entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral, así como la falta de profesionales en el sector de las Tecnologías de la Información (TI) y de especialistas en las transiciones digital y verde. 

Finalmente, el Ejecutivo comunitario pide mejoras adicionales en el sistema judicial con el fin de reducir el tiempo para resolver los litigios civiles y comerciales.