El dato proviene de la estadística de Movilidad Laboral que elabora la Agencia Tributaria y cuyos datos corresponden al ejercicio 2022. En ella se puede comprobar cómo el salario medio anual de estas personas alcanza los 261.022 euros. Una cantidad que equivale a más de 10 veces el salario mínimo interprofesional (SMI). 

Unos ingresos que para Yolanda Díaz son "obscenos" y que suponen una "gran injusticia fiscal". Por tanto, ella propone que "quien más tiene, más debe aportar a las arcas públicas". Es decir, que los directivos -y probablemente consejeros- de las empresas españolas deben ir preparándose porque, todo apunta, van a ver cómo sus retribuciones se ven topadas o gravadas por el Gobierno. 

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La vicepresidenta segunda todavía no tiene claro cómo llevar a cabo la medida. Esta semana ha lanzado el globo sonda, pero ha eludido dar cualquier tipo de respuesta. De hecho, este viernes decía que existen "múltiples posibilidades, también fiscales" que sirvan para reducir las diferencias retributivas entre los trabajadores. 

Una de las que más le gustan a la líder de Sumar es la de reformar el artículo 139 de la Constitución para garantizar que en los consejos de administración exista presencia de los trabajadores. Un sistema similar al alemán y que, a su juicio, si esto se produjera, "los salarios abusivos no existirían". 

La otra vía es la reforma de las cotizaciones sociales. En concreto, tal y como apunta el economista Javier Santacruz, en su destope. "Es el siguiente paso", después de que "se hayan aumentado las bases de cotización y se haya incorporado el mecanismo de equidad intergeneracional", explica. 

La otra fórmula por la que se podría meter mano a los directivos sería mediante la figura del Impuesto de Patrimonio. En concreto, eliminando o modificando el llamado escudo fiscal por el que la suma del pago de IRPF y Patrimonio no puede ser superior al 60% de las bases de la renta del contribuyente. 

El caso Guipuzkoa 

No sería la primera vez que se adopta una medida de este tipo. Ocurrió en Guipuzkoa en 2012 cuando Bildu eliminó ese escudo fiscal. La consecuencia fue la deslocalización de muchos de sus directivos y altos patrimonios. Sin embargo, en 2018 tanto el PSOE como el PNV apoyaron su retorno para, precisamente, apoyar la vuelta de los egresados a otras regiones. 

La última vía, y que sería -en cierto modo- la más obvia y sencilla de aplicar, es reformar los tramos de IRPF. En concreto, aumentando las retenciones. Según la última estadística del IRPF, que data de 2021, hay algo más de un millón de cotizantes con salarios de 60.000 euros al año en adelante, que suponen el 4,7% del total de declarantes de la renta. ¿Y qué retención tienen? Los asalariados entre 60.000 y 300.000 euros pagan un 45%, mientras que aquellos que ganan más de 300.000 tienen que abonar un 47%. 

Ahí, explican las fuentes consultadas, estaría la clave. Introducir nuevos tramos y elevar ligeramente las retenciones hasta alcanzar -en los tramos más altos- niveles cercanos al 49% o 50%. Ahora bien, afectaría a muchos más contribuyentes que no serían sólo directivos. 

Las cartas están sobre la mesa. Ahora la patronal CEOE tendrá que jugar la partida para negociar en el marco del diálogo social. No lo tendrá sencillo, y menos ahora que tras el fracaso del acuerdo del SMI la distancia entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi, patrón de patronos, se ha agrandado. 

No hay más que ver el intercambio de declaraciones esta semana. Después de que el líder de CEOE valorase la propuesta de 'tocar' los sueldos de los directivos de "populista", la vicepresidenta le ha respondido pidiéndole que "se coloque en la senda del entendimiento y el diálogo".