Se trata de iniciativas que se han aprobado en el Consejo de Ministros y que van con cargo a los fondos gubernamentales. Es decir, que para su financiación no se recurre a fondos europeos o del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Hay medidas de todo tipo: ayudas y subvenciones, rebajas fiscales, nuevas infraestructuras y líneas de financiación del ICO para la adquisición de viviendas. 

El área que más fondos se ha llevado desde el primer Consejo de Ministros de abril es la de agricultura. Para este sector se han aprobado medidas por valor de 1.642 millones de euros. Entre ellas, están las ayudas para fertilizantes, el Plan de Seguros Agrarios (que luego sería reforzado) y el paquete de iniciativas urgentes ante la sequía que se aprobó en el cónclave ministerial extraordinario de hace escasas fechas. 

A esto hay que sumar la importante rebaja fiscal que tramitó de forma directa a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de abril. Se trata de una rebaja del IRPF de agricultores y ganaderos (afectará a unos 800.000 en total) con un coste de 1.807 millones de euros. 

Isabel Rodríguez y Luis Planas, en el Palacio de la Moncloa. Eduardo Parra / Europa Press

El siguiente ámbito beneficiado por las medidas aprobadas en Consejo de Ministros en los últimos dos meses ha sido el de la educación. La propia Pilar Alegría, ministra del ramo, confirmó 1.307 millones de euros para la mejora y la modernización de la formación profesional (FP) a principios de mayo.

Solo una semana después, la propia Alegría (también portavoz nacional del PSOE) informó de 566 millones de euros extra para la formación digital del alumnado y el refuerzo de la equidad educativa.

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Las políticas de vivienda también han contado con protagonismo en este conjunto de anuncios y medidas electorales de cara al 28 de mayo. Este el caso del empujón que el Gobierno ha decidido dar a la Operación Campamento con un coste de 260 millones de euros.  

El Ejecutivo también ha anunciado 2.500 millones de euros para financiar una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el fin de cubrir hasta el 20% de las hipotecas que podrán pedir jóvenes de hasta 35 años y hogares vulnerables con ingresos inferiores a los 37.800 euros anuales.

Son estas medidas las que se financiarán con partidas made in Spain. Gran parte de lo anunciado en las últimas semanas por Pedro Sánchez se pagarán con fondos europeos, como las 43.000 nuevas viviendas para el alquiler asequible prometidas en abril.  

Por otro lado, dentro del paquete de medidas extraordinarias contra la sequía, el Gobierno dio luz verde a la financiación de nuevas infraestructuras hídricas, en muchos casos para apoyar obras que sería de competencia autonómica que contarán con fondos estatales. Los fondos con los que se cuenta para esta labor llegan a los 1.400 millones de euros. 

(I-D) La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 9 de mayo de 2023, en Madrid (España). Carlos Luján Europa Press

A este conjunto hay que sumar los anuncios sanitarios de Sánchez de este fin de semana de impulsar la salud mental con 38,5 millones de euros e invertir 580 millones adicionales en la Atención Primaria de las comunidades autónomas.

Con todo, cabe recordar que esta partida ya estaba recogida en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, aprobado el 15 de diciembre del 2021, y el reparto de los fondos a las comunidades autónomas que ya se había oficializado.

No es la primera medida que plantea antes del periodo electoral y cuya aprobación en Consejo de Ministros anuncia Sánchez aprovechando los prolegómenos del 28-M.

Este es el caso, por ejemplo, del recorte del periodo de cotización para acceder a la pensión de las personas discapacitadas. La tramitación de esta medida se inició a principios de 2023, pero el Consejo de Ministros no la aprobó hasta el martes pasado. 

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A todas estas iniciativas hay sumar otras con menor peso financiero pero valor político, como los descuentos de hasta el 90% para que los jóvenes españoles hagan el Interraíl nacional tanto en ferrocarril como en autobús o la bonificación de las entradas de cine para mayores de 65 años.  

En total, cerca de 10.000 millones de euros que liquidan las ganancias generadas por la inflación el año pasado y que recortan el margen fiscal con el que cuenta el Gobierno este 2023 para recortar déficit público.