Uno de los objetivos que tenía el Ministerio de Hacienda y Función Pública en esta legislatura era una reforma fiscal que, entre otras cosas, revolucionara la imposición medioambiental, con el foco especialmente puesto en elevar la tributación del diésel y de los combustibles en general. Sin embargo, la guerra en Ucrania hizo que el equipo de María Jesús Montero aparcara estas intenciones. Con todo, el Banco de España reclama al Gobierno que retome estos planes, entre otras cuestiones, dado que "permitiría que los agentes económicos internalizaran en mayor medida las consecuencias climáticas de sus decisiones". 

Así lo indica un informe elaborado por el ente gobernado por Pablo Hernández de Cos, titulado España y la UE frente a la crisis energética: ajuste a corto plazo y retos pendientes. En él, se reclama elevar la imposición medioambiental a los agentes económicos, incluidos los hogares y las empresas. 

La medida no solo busca que estos agentes tomen conciencia del impacto ecológico de sus decisiones de consumo o producción. El Banco de España también considera la economía española, en lo que se refiere a la fiscalidad verde, "dispone de un amplio margen de mejora en comparación con las europeas". 

Con todo, el ente admite que el impacto que tendría una medida de este calado (por ejemplo, elevar la fiscalidad de los combustibles) podría afectar más a hogares de menores ingresos y empresas pequeñas.

Por ello, considera que esta reforma fiscal debe ir acompañada del "despliegue de medidas compensatorias para mitigar efectos adversos sobre los colectivos más vulnerables". 

Medidas de apoyo

Por otro lado, las medidas de apoyo contra la crisis energética aprobadas durante el ejercicio 2022 tuvieron un impacto sobre la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de 1,1 puntos porcentuales y redujeron la inflación en 2,3 puntos, según los cálculos del ente.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha desgranado que la decidida respuesta de las autoridades europeas y la notable capacidad de adaptación que han mostrado las economías de la Unión Europea han permitido evitar escenarios potencialmente muy disruptivos.

Ha destacado así la respuesta española a la crisis, con la puesta en marcha de varios paquetes de medidas que han tratado de amortiguar las consecuencias económicas para hogares y empresas del alza de precios el año pasado, principalmente energéticos.

En 2022 la puesta en marcha de medidas como el mecanismo ibérico, la bonificación a los carburantes o la reducción del 10% al 5% del IVA de la luz han permitido contener el impacto de esta subida de precios.