Así se recoge en el anteproyecto de la Ley de Función Pública aprobado por el Consejo de Ministros este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. Eso sí, en ningún caso perderán la condición de funcionario, es decir, no se quedarán sin plaza pase lo que pase.

El texto fue sometido a primera lectura, por lo que todavía puede sufrir modificaciones antes de convertirse en ley. En el mismo se incluye la obligatoriedad a todos los funcionarios de someterse a unas pruebas de desempeño cuyos resultados tendrán consecuencias sobre su posición.

En concreto, suspender estas pruebas afectará a la percepción del complemento por desempeño (salario), a la progresión en la carrera profesional (ascensos), a los criterios para la provisión de puestos de trabajo (elegibilidad), a la continuidad en el puesto (posibilidad de cese) y a la valoración de las necesidades formativas.

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Suspender afectará también a la capacidad del funcionario para acumular méritos que le sirvan para optar otro puesto. Así, un resultado positivo en la evaluación correspondiente a un periodo concreto será un requisito necesario para que este se tenga en cuenta como experiencia en los procesos de selección, así como de cara a progresar en la carrera profesional horizontal.

"Los resultados negativos de la evaluación del desempeño darán lugar a la no valoración del mérito de experiencia durante el correspondiente periodo en los procesos de selección y provisión a los que concurra el personal empleado público. Asimismo, la obtención continuada de resultados negativos en la evaluación del desempeño dará lugar a la remoción del puesto obtenido por concurso, previa audiencia de la persona interesada y mediando resolución motivada, en los términos que se prevean reglamentariamente", se incluye en el anteproyecto de ley.

Obligatorio para todos

Estas evaluaciones de desempeño están diseñadas para medir el rendimiento y los logros obtenidos por los empleados públicos y tienen el objetivo de mejorar la productividad y la calidad del servicio público de la Administración.

Se trata de pruebas a las que estarán sometidos obligatoriamente todos los funcionarios en situación de servicio activo o asimilada. Las evaluaciones de los funcionarios que se encuentren en otras situaciones administrativas se regularán a través de un reglamento.

El anteproyecto de la normativa no da detalles sobre cómo será el proceso de evaluación, pero sí explica que en estas pruebas se tendrán en cuenta distintos factores, como los objetivos estratégicos de cada unidad (y la motivación de los propios funcionarios para alcanzar esas metas), el fomento del trabajo en equipo, el desarrollo y la promoción profesional de los funcionarios, la mejora de la comunicación, la adquisición de nuevas competencias profesionales y la innovación y mejora continua de los procedimientos.

Lógicamente, estas evaluaciones deberán responder a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin minar los derechos de los empleados públicos.

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En el anteproyecto de la Ley de Función Pública se subraya que será necesaria una planificación estratégica por parte de la Administración para la puesta en marcha de este sistema de evaluación.

No obstante, recoge el borrador de la norma, "en aras del perfeccionamiento del modelo y de la fomación del personal", el mismo no tendrá consecuencias económicas en las dos primeras anualidades tras su implementación.

Reacciones diversas

El conocimiento de este detalle del anteproyecto ha desatado la furia de los sindicatos. UGT y CCOO consideran "gravísimo" que los funcionarios puedan ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan la evaluación por desempeño, la cual "puede ser bastante subjetiva". Critican, además, que el borrador no se ha negociado con ellos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, ha anunciado que presentará alegaciones al anteproyecto de ley de Función Pública al considerar que "carece de concreción y de las debidas garantías".

Sin embargo, la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado aplaude en un comunicado que, "tras más de una década de retraso, se extienda la evaluación del desempeño al modelo general de empleo público, que por otra parte ya se está aplicando desde hace años y con éxito en la Administración Tributaria".