María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha presentado en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023. De este modo, las cuentas públicas para el próximo año inician su tramitación parlamentaria. El objetivo es lograr su aprobación antes de que acabe 2022 para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. 

La ministra ha presentado el tradicional 'Libro Amarillo' en el que se recoge un amplio resumen de los Presupuestos. Para ello, Montero ha hecho entrega a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de uno de los 'tomos amarillos' junto a los informes de género, avance del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como el informe de infancia, adolescencia y familia. 

Los PGE han llegado al Congreso a eso de las diez de la mañana y, posteriormente, a eso de las 13.30 horas la ministra Montero se ocupará de presentarlos pública y detalladamente. Será entonces cuando conozcamos el detalle de unas cuentas que el Gobierno presenta como las del "mayor gasto social de la historia". 

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En total, una inversión en gasto social de 266.719 millones de euros. De ellos, el 70% irá a absorber el pago de las pensiones que se revalorizarán en torno al 8,5%. Un alza que afectará tanto a las contributivas como las no contributivas. Ahora bien, las estimaciones del Banco de España señalan que esa subida podría alcanzar el 8,7%. Es decir, lo que marque la media del IPC interanual en noviembre. 

No sólo eso. Las cuentas del Gobierno quieren reforzar también la atención primaria en las comunidades autónomas; educación, dependencia y becas. Además, se contempla ya la financiación de la Ley de Familia pactada con Podemos y que, entre otras cosas, contempla la extensión del 'cheque crianza' a todas las madres con hijos de 0 a 3 años. 

También recoge la subida salarial acordada con los funcionarios que, el año que viene, puede ser de hasta el 3,5%. Todo dependerá de la evolución del IPC, aunque ya está claro que el 2,5% será lo mínimo que subirá su salario. 

Habrá que estar atentos a la letra pequeña de unas cuentas públicas que llevan en su haber los cambios fiscales adoptados por el Gobierno de cara al próximo año. En especial la rebaja y exención del IRPF para las rentas inferiores a 15.000 euros; el aumento de las bonificaciones por debajo de los 21.000 euros y la subida de las rentas de capital superiores a los 200.000 euros. 

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La intención del gobierno es elevar en 18.000 millones la recaudación en 2023, por lo que habrá que fijarse también en posibles nuevas figuras impositivas que puedan aparecer, o que puedan sufrir modificaciones. También contemplará ya los ingresos del impuesto a las grandes fortunas que está pendiente de tramitación parlamentaria, así como de los nuevos tributos a energéticas y bancos. 

También será interesante comprobar cómo se produce la redistribución territorial de las transferencias a las Comunidades Autónomas. Ahí se verá cuáles se ven más o menos beneficiadas por el Ejecutivo. 

Unas cuentas que hoy comienzan su tramitación parlamentaria, pero que todavía tienen que ser aprobadas. El Gobierno tendrá que pactar ahora con sus socios, ERC y Bildu, fundamentalmente. También el PNV podría dar el visto bueno a las cuentas públicas si logra los objetivos que se fijen en las próximas semanas. 

Desde el PP y VOX ya han anunciado su oposición a unas cuentas que, consideran, son expansivas para un momento de ralentización económica como el que estamos viviendo en España.