Según los datos de Eurostat, España es el cuarto país de la UE con más población en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 27%. De ahí que las políticas de redistribución públicas sean claves para abordar este problema. Y parece que lo hacen, pero con ciertas disfunciones en el campo de los impuestos. 

¿Qué tipo de disfunciones? Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), los tributos pagados por los hogares pobres suponen un 38,3% de su renta bruta, frente a un 35,4% para el resto de hogares.

Este fenómeno se debe a figuras tributarias como el IVA. "Los impuestos indirectos son un 41,3% del total de impuestos pagados por los hogares pobres, pero solo un 20,8% de los pagados por los demás hogares", indica el texto de Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia. 

Con todo, la intervención pública es positiva para estos hogares según el estudio, elaborado con datos de 2018, antes de la pandemia. Las prestaciones (tanto monetarias como en especie, como la sanidad y la educación públicas) aportan a esta población ayuda por una cantidad equivalente al 88,8% de sus rentas brutas. 

Esto se traduce en un saldo positivo para las intervenciones de las Administraciones en esta población del 50,5%, una vez a las prestaciones públicas se les han descontado los impuestos.

Más favorecidos

En cualquier caso, hay hogares en riesgo de pobreza más o menos favorecidos por este saldo de prestaciones e impuestos. Según el informe, los más beneficiados son los formados por personas mayores de 65 años y los sustentados por un pensionista.

En cambios, los menos beneficiados son los formados por una persona menor de 30 años y sin hijos y los sustentados por un autónomo.