El diagnóstico de partida de la Comisión de Ursula von der Leyen era demoledor. Las reglas fiscales de la UE se habían vuelto demasiado complejas y opacas. Además, tenían un carácter procíclico: es decir, obligaron a más austeridad en el peor momento de la crisis del euro, agravando así la recesión; y no sirvieron para que los países pusieran sus cuentas en orden durante la recuperación. Finalmente, las normas asfixiaron la inversión pública, que todavía no había recuperado los niveles previos a 2008. 

El debate sobre la reforma tuvo que detenerse nada más empezar. El 20 de marzo de 2020, el Ejecutivo comunitario decretó por primera vez en la historia la suspensión del Pacto de Estabilidad. Al activar la "cláusula de escape", Bruselas dio carta blanca a los Gobiernos para que pudieran disparar el gasto público en respuesta al coronavirus. Las reglas fiscales siguen en suspenso (lo que ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez presentar los Presupuestos más expansivos de la historia) y sólo volverán a aplicarse a partir de 2023, cuando todos los países de la eurozona hayan recuperado su nivel de riqueza previo a la crisis.

Aprovechando que la recuperación cobra fuerza (aunque amenazada por el alza de la luz), la Comisión tiene previsto relanzar el debate sobre la reforma del Pacto de Estabilidad el próximo martes 19 de octubre. Se trata de determinar cómo volver al rigor presupuestario tras la pandemia.

Todavía no habrá propuestas legislativas concretas, sino únicamente un análisis del impacto de la crisis y sus implicaciones para la revisión de la gobernanza económica de la eurozona. El objetivo de Von der Leyen es aprobar los cambios antes de 2023, como ha pedido también la vicepresidenta Nadia Calviño.

Un mundo diferente

Sin embargo, la discusión se reinicia en un mundo totalmente diferente al del 2020. La crisis de la Covid ha disparado el nivel de deuda una media de 20 puntos. En el conjunto de la eurozona sube del 83,7% en 2019 al 98,9% en 2021, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional. En España, el salto es del 95,5% al 120,2%; mientras que Italia pasa del 134,6% al 154,8%; y Francia del 97,6% al 115,8%. Luxemburgo es el único país de la eurozona que respetará este año el límite del 3% de déficit. España estará por encima de este umbral al menos hasta 2026.

Pese a ello, ningún dirigente político ha hablado en Bruselas de cambiar o incluso suprimir los objetivos numéricos del Pacto de Estabilidad (3% de déficit y 60% de deuda), algo que sí reclaman prestigiosos economistas como Paul de Grauwe. Aparte de la simplificación, dos son las principales pistas que se están explorando para la reforma de las reglas fiscales de la UE. En primer lugar, suavizar la senda de reducción de la deuda pública, estableciendo objetivos individualizados para cada Estado miembro según su punto de partida.

La normativa actual fija una meta de reducción anual de una veinteava parte de la deuda por encima del umbral del 60%. Para un país como Italia, con un endeudamiento superior al 150% del PIB, eso significaría lograr superávits primarios (excluyendo los intereses de la deuda) del 2,9% del PIB de media durante los primeros 10 años de ajuste, según ha señalado la Junta Fiscal Europea. Algo totalmente irrealista si se tiene en cuenta que entre 1995 y 2019 (excluyendo los años de crisis 2008-2012) el superávit primario se situó por debajo del 1% de media tanto en la eurozona como en el conjunto de la UE. 

La segunda pista de debate consistiría en introducir en el Pacto de Estabilidad una regla de oro que permita excluir las inversiones en lucha contra el cambio climático del cálculo del déficit. "Si somos serios con la transición climática, tenemos que evitar lo que ocurrió con la anterior crisis, cuando la inversión pública fue cayendo hasta cero. Esto no puede ocurrir en los próximos años", defiende el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

Norte contra Sur

Lo que no ha cambiado tras la pandemia es el enfrentamiento entre Norte y Sur. España, Italia y Francia insisten en que no hay que repetir los errores de la anterior crisis y reclaman relajar las reglas para no asfixiar la recuperación. En contraste, los frugales (Austria, Países Bajos, Suecia o Dinamarca) reclaman volver cuanto antes a los ajustes con el fin de reconstruir reservas presupuestarias suficientes para poder afrontar la siguiente crisis sin pedir de nuevo el rescate de la UE. 

Al final, la balanza la decantará como siempre Alemania, pero de momento no se sabe en qué sentido. Socialdemócratas, verdes y liberales han anunciado este viernes el inicio de negociaciones formales para un Gobierno de coalición "semáforo" dirigido por Olaf Scholz. Pero liberales y verdes mantienen posiciones antitéticas sobre la reforma del Pacto de Estabilidad: los primeros se identifican con los frugales, mientras que los ecologistas están más cerca del Sur. Por si fuera poco, los líderes de ambos partidos, Christian Lindner y Robert Habeck, aspiran además al ministerio de Finanzas.

El esbozo de 12 páginas del programa de coalición incluye una síntesis confusa que no aclara demasiado las cosas. Los tres partidos están de acuerdo en aumentar la inversión, pero quieren reactivar al mismo tiempo el "freno de la deuda". La UE debe basarse en finanzas públicas "sólidas y estables". "El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha demostrado su flexibilidad. Sobre su base, queremos asegurar el crecimiento, mantener la sostenibilidad de la deuda y realizar inversiones respetuosas con el clima", dice el texto.