UGT ha denunciado que el fraude en las prácticas no laborales cuesta más de 1.500 millones de euros a la Seguridad Social. Según el sindicato, los datos de un informe realizado por RUGE, Revolución Ugetista, "muestran una normalización del fraude en los convenios de prácticas no laborales cuya estrategia consiste en tratar de ocultar la existencia de relaciones laborales".

El estudio señala que las empresas ofrecen puestos de prácticas no laborales, haciendo pasar a personas jóvenes que no están matriculadas en ninguna formación reglada por estudiantes en prácticas, cuando en realidad están desarrollando trabajo efectivo.

Estas personas se ven así forzadas a matricularse en un curso online que suele costar unos 200 euros que salen de su bolsillo, según denuncian.

El conjunto actual de personas que realizan prácticas no laborales remuneradas, universitarias y de formación profesional ascendía en 2018 a 866.079 personas, lo que, ponderando por el número de meses de realización de prácticas, se traduce en una equivalencia de 296.310 puestos de trabajo anuales.

El impacto que las prácticas no laborales tienen sobre los salarios en 2018 fue de 3.049 millones de euros si estas personas hubieran cobrado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y de 4.251,8 millones de euros si hubieran cobrado lo que indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de edad de 20 a 29 años (14.349,26 euros/año).

Seguridad Social

Por otro lado, el mismo impacto que las prácticas no laborales tienen sobre el sistema de la Seguridad Social ascendió en 2018 a 1.143,4 millones de euros en cotizaciones si estas personas hubieran cobrado el SMI, y a 1.594,4 millones de euros en cotizaciones si hubieran cobrado lo que indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de edad de 20 a 29 años (14.349,26 euros/año).

Por último, en el periodo entre 2014 y 2018, estas prácticas no laborales no remuneradas y mal remuneradas se han traducido en una pérdida de 11.409,7 millones de euros en salarios y 4.803 millones de euros en cotizaciones respecto al SMI, y en 16.242,1 millones en salarios y 6.615,2 millones de euros en cotizaciones respecto al EES (Encuesta de Estructura Salarial).

En este sentido, RUGE (la filial juvenil de UGT) reclama de forma urgente un Estatuto de las Prácticas No Laborales, un compromiso del Gobierno tras el acuerdo alcanzado en el Plan de Choque por el Empleo Joven de diciembre de 2018 pero que, tras dos años y medio, sigue sin avanzar. 

Prácticas extracurriculares

El sindicato insta a aprovechar el impulso que se está dando en la mesa de Diálogo Social a la modernización del Estatuto de los Trabajadores para traer certidumbre en el colectivo de las personas becarias y acabar con su situación precaria.

También piden eliminar las prácticas no laborales extracurriculares y prohibir la realización de convenios de prácticas no laborales mediante la matriculación en cursos a posteriori.

Además, consideran que es fundamental "fortalecer los programas de prácticas dentro de las universidades y centros de formación profesional y, sobre todo, intensificar la intervención de los interlocutores sociales en el ámbito de las prácticas no laborales para velar por la correcta utilización de las mismas".