Concretamente, el último informe del órgano internacional sobre la fiscalidad indica que España debería "ampliar la base impositiva reduciendo las exenciones a los ingresos tributarios" y "limitar el uso de tipos IVA reducidos a medio plazo". 

Cabe recordar que esta medida ya fue planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en verano, dentro de su análisis del gasto público. En este sentido, la institución recomendaba aumentar los tipos reducidos en sectores en los que esta medida tuviera el menor impacto posible en la demanda. 

Fuente: AIReF.

Cabe recordar que hay varios sectores que, en España, tributan productos y servicios con un IVA reducido o superreducido. Entre ellos, los restaurantes, cafeterías y similares, el transporte de pasajeros, la hostelería, los libros y la prensa y el turismo (determinados paquetes turísticos). Nuestro país está por encima de la media europea en esta cuestión. 

En total, las arcas públicas pierden al año unos 17.787 millones de euros por estos beneficios fiscales. Sin embargo, el problema está en que la medida es poco distributiva. Es decir, que el 62% del beneficio fiscal que se logra va a parar a clases medias y altas por lo que no se mejora el acceso a determinados productos de rentas bajas o vulnerables.

Combustibles

Por otro lado, la OCDE se muestra de acuerdo con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para la gasolina y el diésel, cuya tributación planea "revisar". Concretamente, la organización de Ángel Gurría propone "aumentar la fiscalidad de los combustibles para mejorar cómo se reflejan las emisiones de CO2".

En su informe, más allá de la fiscalidad, el órgano también indica que España tiene varias asignaturas pendientes en educación y campo laboral. Concretamente, considera necesarias mejorar la formación universitaria para alinearla más con el mercado laboral.

Además, la financiación competitiva de las universidades debería estar ligada al rendimiento, de forma que se incentive la "investigación de calidad".

La OCDE también ha recomendado al Gobierno mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo mediante una mayor asignación de recursos a formación profesional para parados. Otra recomendación es crear programas públicos de formación laboral dirigidos a trabajadores poco cualificados o de mayor edad.

En lo que respecta a las empresas, el club de los países más desarrollados receta eliminar las regulaciones que dependen del tamaño de la sociedad, implementar la unidad de mercado en todo el país y reducir el número de contratos disponibles, algo que el Ejecutivo ya ha prometido a Bruselas.