La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que espera aprobar el próximo mes de marzo un nuevo plan de apoyo que incluirá subvenciones directas y también quitas de deuda con el fin de amortiguar el impacto de la crisis de la Covid-19. Un anuncio que llega tras el aviso recibido desde Bruselas de una posible oleada de quiebras empresariales en España debido a la escasez de ayudas públicas. 

Calviño ha explicado que su departamento está trabajando en la elaboración de este plan con el Banco de España y también con el sector financiero, que según ha subrayado "tiene que ser parte de la solución". El plan se basa en la última reforma del régimen de ayudas públicas por la Covid recién aprobado por Bruselas. Una modificación que permite a los Gobiernos transformar en ayudas directas las garantías y préstamos concedidos hasta ahora a las empresas.

"Hemos enviado (a Bruselas) para su autorización un nuevo marco un poco más amplio que permite la concesión de ayudas hasta el 31 de diciembre de este año; permite ayudas individuales a las empresas de una mayor magnitud de las que estaban autorizadas hasta ahora; permite también la realización de quitas y el uso de otros instrumentos financieros, por ejemplo préstamos participativos para apoyar la solvencia de las empresas", ha explicado Calviño en declaraciones a los corresponsales en Bruselas.

La prioridad ahora para el ministerio de Economía es identificar a las empresas que podrán beneficiarse de las nuevas ayudas. Se trata de compañías que eran "fundamentalmente viables antes de la llegada de la pandemia" y cuya situación de solvencia se ha visto debilitada por la "intensa caída de actividad" provocada por la pandemia. Empresas afectadas ahora por un "sobreendeudamiento" que supone "un lastre para su recuperación" y para hacer inversiones en el futuro.

"Ese es el trabajo complejo que estamos realizando para poder cuanto antes aprobar estas medidas adicionales que supongan un alivio financiero y una ayuda directa en la forma de mejora de todos los indicadores de solvencia de estas empresas afectadas directamente por la pandemia".

Calviño no ha cifrado qué dotación tendrá el nuevo plan, pero ha negado que España haya dado pocas ayudas directas a las empresas durante la pandemia, tal y como sostienen la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE). Según sus cálculos, el apoyo público concedido hasta ahora asciende al 20% del PIB: más del 5% en subvenciones directas y un 15% de medidas de liquidez, es decir, avales a los créditos a través del ICO.

Plan de reformas

Sólo en materia de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y ayudas a autónomos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 40.800 millones de euros en "ayuda directa", apunta la vicepresidenta. Además, se han transferido otros 16.000 millones de euros en 2020 y 8.000 millones este año a las comunidades autónomas con el objetivo de que pongan en marcha sus propias ayudas directas. 

Calviño defiende que las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obligan a recortar déficit y deuda, se mantengan en suspenso durante los próximos meses. Su tesis es que todavía persiste un alto grado de "incertidumbre" sobre la evolución de la pandemia y hay que esperar a que la recuperación se consolide. "Es importante no retirar antes de tiempo todas las ayudas y mantener una política monetaria y fiscal que contribuya al crecimiento y al empleo", ha dicho.

El Gobierno de Sánchez remitirá a la Comisión la versión definitiva de su plan de reformas e inversiones durante el mes de marzo, ha apuntado la vicepresidenta. Es la condición exigida por la UE a cambio de las ayudas de hasta 140.000 millones de euros del fondo de reconstrucción anti-Covid. España pedirá tanto los créditos como las subvenciones a fondo perdido, aunque usará éstas en primer lugar. 

Calviño ha indicado que "todavía quedan unas semanas para culminar" con Bruselas la negociación del plan de reformas, pero no ha aclarado cuáles son los problemas pendientes. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, dijo la semana pasada que aún espera más concreción en la reforma laboral y la de las pensiones.

La vicepresidenta económica espera que el Ejecutivo comunitario apruebe el plan español en junio, lo que permitiría desembolsar entonces un anticipo del 13%, es decir, aproximadamente 10.000 millones de euros. No obstante, ha argumentando que esto no supone ningún "retraso" porque el Gobierno ya ha presupuestado 27.000 millones de euros en las cuentas de este año, lo que permite empezar a desplegar ya el plan.