Si la situación sanitaria no lo acaba impidiendo, el próximo domingo, 14 de febrero, los catalanes acudirán a las urnas en medio de una pandemia que les ha hecho retroceder en su nivel de bienestar, medido en términos de PIB, a los niveles de 2016. La Covid-19 ha sido la puntilla para una economía que venía perdiendo dinamismo en los últimos años por las consecuencias del procés.

Fue en 2012, cuando en un contexto marcado por los recortes de la crisis financiera, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, emprendió una deriva política. Esa decisión acabó provocando la marcha de las empresas más importantes de Cataluña a otros lugares de España en octubre del año 2017, cuando se celebró el referéndum de independencia. Un mes después, los catalanes eran llamados a las urnas, en las elecciones que ganó C's sin la fuerza suficiente para gobernar.

Desde entonces, más de 6.000 empresas han sacado su sede social de Cataluña para esquivar la inseguridad jurídica que se generó con el 1-O. Especialmente doloroso fue el traslado de sus dos grandes grupos financieros, CaixaBank y Sabadell, y de su referente en el sector energético, Naturgy. Tres años después, ninguno de estos gigantes tiene pensado volver y son anecdóticos los casos de empresas que, como Agbar, se marcharon y se han animado a regresar a territorio catalán.

Si hay una comunidad autónoma que ha aprovechado esa huida ha sido Madrid, donde se han asentado más de 3.600 empresas procedentes de Cataluña desde octubre de 2017. 

Esos traslados han contribuido a dar un impulso económico a la capital española, en un momento en el que Madrid ha sabido posicionarse y apostar por una fiscalidad más atractiva. Esto permitió a la Comunidad de Madrid dar el sorpasso a Cataluña en términos de PIB en 2018.

Con Madrid consolidada en ese primer puesto del ranking de comunidades que más aportan al PIB español, son muchos los empresarios catalanes que vienen reclamando una fiscalidad más atractiva para poder competir en igualdad de condiciones con las empresas madrileñas.

"En estos últimos años, Cataluña ha perdido dinamismo por diversos factores. Madrid ha sabido jugar en determinados ámbitos para incentivar la inversión en químicas o farmacéuticas y también ha empezado a jugar como zona turística, algo que antes hacía casi en solitario Barcelona. Pero también ha logrado un entorno fiscal un poco más atractivo que el de Cataluña", explica a este periódico el secretario general adjunto y Economía de Foment del Treball Nacional, Salvador Guillermo.

Preguntado sobre si la situación política ha influido en este sorpasso, Guillermo responde: "Cuando dedicas esfuerzos a unas cosas, no las dedicas a otras y hubiera sido interesante articular una agenda social y económica potente para la industria 4.0, la digitalización, la economía circular".

Impacto de la Covid-19

De no ser por la Covid-19 es seguro que en una sociedad que siempre ha querido ser un gran motor económico, como la catalana, la pérdida de fuelle del crecimiento hubiera tenido una destacada presencia en esta campaña electoral. Sin embargo, al igual que el resto de España, Cataluña se encuentra en una situación crítica por las restricciones a la actividad que ha provocado el coronavirus. La emergencia económica ahora es mayor.

En términos de caída del PIB, su desplome en 2020 fue superior al del resto de España, con un hundimiento del 11,4%, según los datos que publicó el Govern el pasado viernes. El INE calcula que el conjunto del país retrocedió un histórico 11% el pasado año.

No obstante, la fuerte presencia del turismo en sus provincias explica en buena medida el mayor desplome que sufrió su economía en 2020. Hay que tener en cuenta que un 25% del gasto que hacen los turistas en España todos los años se queda en Cataluña. Este porcentaje representa nada menos que uno de cada cuatro euros.

La pérdida de visitantes, junto con las duras restricciones a la actividad comercial y hostelera hacen de Cataluña una de las comunidades autónomas que necesitan con urgencia ayudas directas para las empresas de los sectores más afectados por la crisis de origen sanitario.

De hecho, los últimos datos de Axesor sobre concursos de acreedores muestran que en enero, Cataluña concentró la mayoría de los procedimientos de insolvencia, seguida de la Comunidad Valenciana.

Nissan y paro juvenil

Esta situación tiene su reflejo en el mercado de trabajo en el que tampoco sale bien parada, puesto que en enero fue la segunda comunidad autónoma -por detrás de Andalucía- en la que más subió el desempleo.

Con el cierre definitivo de la planta Nissan previsto para finales de 2021, otros casi 20.000 trabajadores que dependen de la actividad generada por ese fabricante en la Zona Franca están en vilo a la espera de conocer qué ocurrirá con la industria del automóvil a partir del próximo año.

Especialmente preocupante es el dato del paro juvenil, que se disparó hasta el 27,3% entre los menores de 29 años, lo que supone su peor dato en cinco años.

En este difícil contexto, a corto plazo la empresa catalana espera la llegada de ayudas directas del Gobierno central, entre otros motivos, porque la Generalitat no puede acceder a los mercados y sigue bajo la dependencia del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). 

Con una deuda per cápita que alcanza los 10.331 euros (dato de 2019) y ronda en conjunto los 79.000 millones de euros, el castigo que han dado en los últimos años las agencias de calificación crediticia a la nota de los bonos de Cataluña es el mejor reflejo de la pérdida de credibilidad en los mercados de la Generalitat.

En este momento, Moody's otorga a Cataluña una Ba3 positivo y Fitch una BB. Ambas notas se enmarcan en los llamados 'bonos basura' con los que las agencias describen el grado de no inversión en un activo por ser muy especulativo. 

Más allá de la deuda, la relación del independentismo y los partidos de izquierdas catalanes con los inversores no está siendo fácil. De hecho, en el mundo de los fondos ha causado estupor el decreto catalán que obliga a los grandes propietarios a dar un alquiler social a los okupas. Una normativa, que según Asval, se está notando ya en las decisiones de inversión de los profesionales del alquiler.

Fondos europeos

No son pocas las dificultades de la economía. Sin embargo, los empresarios catalanes no quieren caer en el desánimo y prefieren mirar al futuro con optimismo porque consideran que, al margen de la política, su punto de partida para la recepción de los fondos europeos es bueno.

"Me cuesta decir que se vea la situación actual con pesimismo, sí se ve con prudencia porque hay preocupación por el hecho de que la vacuna pueda no llegar tan rápido como se pensaba", señala a Invertia el presidente del Círculo Ecuestre de Barcelona, un punto de encuentro para muchas empresas, Antonio Delgado.

Delgado destaca que Barcelona es una ciudad muy bien posicionada en sectores punteros, como la farmacia, la movilidad, el turismo, la tecnología o los videojuegos.

"Los datos están ahí y los últimos años no nos han acompañado. Pero debemos ser conscientes de que no partimos de una mala posición. Se puede potenciar el empleo, la actividad económica y recuperar la posición que teníamos", señala este economista.

Para ello, será clave el cómo juegue sus cartas el próximo Gobierno catalán con los fondos europeos que distribuirá el Ejecutivo central, pero que gestionarán las comunidades autónomas.

De ello dependerá el futuro y el nivel de bienestar de la fracturada sociedad catalana.

"Cataluña supo ver el proceso de Revolución Industrial en el siglo XIX y debe saber que estamos ante otro tipo de revolución, una Revolución Tecnológica, Digital y Medioambiental. El que no juegue a esto no será un player en los próximos años", advierte desde Foment Salvador Guillermo.

Acelerar la vacunación

Para ello reclama al próximo Parlament que busque medidas de consenso y refuerce la agenda económica y social. Sin embargo, lo primero para la patronal que preside Josep Sánchez Llibre es acelerar el proceso de vacunación.

Para ello, Foment se ha puesto a disposición de la Conselleria de Salud de la Generalitat con una propuesta en la que plantea que los servicios propios de grandes compañías colaboren con Sanidad para vacunar a sus trabajadores y a sus familiares.

La emergencia es clara y el mundo de la empresa tiene claras sus prioridades. Falta que la política genere un entorno adecuado para reconstruir lo que se han llevado por delante el procés y el coronavirus. Los sondeos muestran que no hay ninguna garantía de que tras estas elecciones se vaya a lograr.