Los Gobiernos de la Unión Europea han dado luz verde este viernes a las normas que regirán el funcionamiento del fondo de reconstrucción para amortiguar la crisis del Covid-19. El reglamento condiciona las ayudas europeas al cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit que marque en el futuro Bruselas.

El Gobierno de Pedro Sánchez se opuso hasta el final a que en este texto figurara una referencia expresa a los objetivos presupuestarios, pero su petición ha sido desoída por el resto de los socios. La norma todavía tiene que ser negociada y pactada con la Eurocámara antes de su aprobación final. España es el segundo mayor beneficiario del fondo, ya que aspira a recibir hasta 140.000 millones de euros.

El reglamento establece que los Estados miembros que soliciten asistencia de la Unión deberán enviar a Bruselas un plan de inversión y reformas hasta 2026, incluyendo objetivos cifrados y costes estimados. El plan tiene que tomar como punto de referencia las recomendaciones económicas de la UE, que en el caso de España incluyen por ejemplo la reforma laboral y de las pensiones. Todo esto figuraba ya en la propuesta original de la Comisión.

La novedad que ha introducido la presidencia alemana de la UE es una mención explícita a los "aspectos presupuestarios" de las recomendaciones europeas. Es decir, a los objetivos de reducción de déficit. Una referencia que no estaba en el texto inicial y que ha indignado a España. Durante el debate celebrado el pasado martes, el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, denunció que esta alusión era "redundante" y podía generar "confusión".

El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, le contestó que ahora mismo el Pacto de Estabilidad está suspendido y que Bruselas “no va a fijar límites cuantitativos para los déficits presupuestarios de los Estados miembros el año que viene”. El temor del Gobierno español es que los ajustes presupuestarios se reactiven a partir de 2022 y pongan en riesgo las ayudas de la UE.

De hecho, el reglamento deja claro en otro de sus artículos (el número 9) que el dinero para la reconstrucción se puede congelar a los países con déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir el desfase. Una disposición que ya se aplica para los fondos estructurales y que estuvo a punto de costarle al Gobierno de Mariano Rajoy una sanción de 1.300 millones en 2016 por incumplir el déficit.

Plazos eternos

Los socios europeos tampoco han tenido en cuenta la petición de España de acortar los plazos para el desembolso de los fondos. Para cada tramo de la ayuda, la Comisión dispondrá de un plazo de dos meses a la hora de verificar si el país en cuestión ha cumplido los objetivos exigidos.

A ello hay que sumar otras cuatro semanas de trámite en el Comité Económico y Financiero (el órgano donde están representados los 27 Gobiernos), que también debe dar su opinión. Si un país, por ejemplo Holanda, está en desacuerdo con el dictamen, puede activar el 'freno de emergencia', que retrasa la decisión como mínimo tres meses.

“Estaría bien hacer un esfuerzo ahora para no lamentar en el futuro que el procedimiento sea demasiado enrevesado”, pidió el pasado martes el secretario general del Tesoro. Sin embargo, el texto tampoco se ha cambiado en este punto.

Pese a que sus peticiones han sido desoídas, España ha decidido no votar en contra del acuerdo este viernes. Sabía ya que había una mayoría cualificada suficiente para aprobarlo y ha decidido no quedarse fuera. "Ningún Estado miembro ha presentado objeciones explícitas al acuerdo", explican a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas. 

"Ahora es importante finalizar rápidamente el trabajo legislativo sobre este instrumento con el Parlamento Europeo. No hay tiempo que perder. Debemos tener la facilidad en marcha lo antes posible para garantizar un apoyo a tiempo a los Estados miembros el año que viene", ha dicho el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz.