Las ayudas multimillonarias a España del fondo de reconstrucción de 750.000 millones que prepara la UE no saldrán gratis. La Comisión Europea ha detallado este jueves las condiciones que se exigirán a los países que soliciten asistencia, ya sea en forma de subvenciones a fondo perdido o también de préstamos. Si quiere recibir asistencia europea, el Gobierno de Pedro Sánchez deberá enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión. El plazo ya está marcado: antes del 15 de octubre.

Este plan de reformas se elabora en Madrid pero deberá basarse en las recomendaciones en materia de política económica que la UE dirige cada año a España. En su solicitud de ayuda, el Gobierno tiene que explicar cómo pondrá en práctica las recomendaciones de Bruselas, cómo su plan contribuirá a amortiguar el impacto de la crisis y reforzar el potencial de crecimiento y la resistencia de la economía española y cómo sus diferentes medidas se ajustan a la doble transición digital y verde que propugna la UE, según se recoge en la propuesta de reglamento.

La vicepresidencia económica que dirige Nadia Calviño tendrá que adjuntar además un calendario indicativo para la puesta en marcha de las reformas en un plazo máximo de cuatro años y de las inversiones en un periodo de siete años. Un calendario que incluirá una serie de hitos y objetivos intermedios. Esto es particularmente importante porque -al igual que ocurría con los rescates por ejemplo de Grecia- la ayuda de la UE se pagará por tramos y cada desembolso estará supeditado al cumplimiento de estas metas volantes.

Nadia Calviño conversa con el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, durante un Eurogrupo UE

La Comisión de Ursula von der Leyen será la responsable de evaluar si el plan de reformas que presente Sánchez se ajusta a todas estas exigencias y de dar un veredicto en un plazo máximo de cuatro meses. No obstante, en la decisión participarán también los Estados miembros, que pueden rechazar la petición de ayuda por mayoría cualificada si ven el plan insuficiente o inadecuado. Bruselas se encargará además de vigilar que las reformas se llevan efectivamente a la práctica y podrá congelar las ayudas en caso de incumplimiento.

¿Cuáles son las reformas que la UE espera que Sánchez incluya en su plan? No es difícil saberlo porque Bruselas lleva varios años pidiendo a España de forma insistente las mismas medidas. La elevada tasa de paro y el alto nivel de endeudamiento eran ya los desequilibrios más acuciantes de la economía española antes del coronavirus y la pandemia no hará más que agravarlos.

Profundizar en la reforma laboral. Además del paro, España registra la tasa de temporalidad más alta de la UE (26%), con contratos cada vez más cortos, lo que agrava los problemas de desigualdad y pobreza. Estos trabajadores precarios son precisamente los más afectados por la destrucción de empleo debida al coronavirus. La UE se opone a la derogación de la reforma laboral de 2012 porque considera que dio alas a una fuerte creación de empleo durante la recuperación. "No debe haber marcha atrás en las reformas aplicadas", ha dicho el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano. Lo que Bruselas espera de Sánchez son medidas para favorecer los contratos indefinidos y una mejora de la calidad de los servicios públicos de empleo. 

Ajustar las pensiones. A la Comisión no le gusta la contrarreforma de las pensiones que propugna el Gobierno de Sánchez: volver a ligarlas a la evolución del IPC y suprimir el factor de sostenibilidad que ajusta las prestaciones en función de la esperanza de vida. En estas condiciones, el sistema vuelve a estar en riesgo de quiebra. Por eso, la UE reclama a España "medidas compensatorias" para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Es decir, nuevas fuentes de financiación o recortes.

Afrontar los problemas estructurales en Sanidad. El coronavirus ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del sistema sanitario español a los shocks, que según Bruselas se debe a déficits de inversión en infraestructuras y personal. Al Ejecutivo comunitario también le preocupa la falta de coordinación entre Gobierno central y comunidades autónomas. Sánchez debe fijarse como prioridad "reforzar la capacidad y la resistencia del sistema".

Controlar el déficit a medio plazo. España será uno de los países de la UE con más déficit público este año (10,1%) y la deuda escalará al 115%. El Pacto de Estabilidad está temporalmente suspendido porque la prioridad ahora es aumentar el gasto público para amortiguar el impacto del Covid-19. Pero Bruselas reclama una estrategia a medio plazo para volver a una posición fiscal prudente.

Mejorar la eficacia de las prestaciones sociales. La crisis aumentará los ya elevados niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con niños. En 2019, España era el país de la UE con el nivel más bajo de ayudas por hijo. Los sistemas de renta mínima regional existentes sólo llegan al 20% de sus potenciales beneficiarios en todo el país. La Comisión reclama mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia.

Un pacto educativo contra el abandono escolar. La UE lleva años pidiendo a España una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social. Los objetivos deben ser reducir el abandono escolar, uno de los más elevados de la Unión, hacer la formación profesional más atractiva y adecuar la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, especialmente en ciencia y tecnología. La crisis del coronavirus pone además de relieve la necesidad de impulsar el aprendizaje digital.

Unificar las normas para las empresas. Las disparidades normativas a que se enfrentan las empresas dependiendo de la comunidad autónoma frenan el crecimiento de la productividad en España, según el análisis de Bruselas. Aumentan los costes y limitan la movilidad geográfica de compañías y trabajadores. La UE recomienda aplicar de forma más decidida la ley de Unidad de Mercado y mejorar la coordinación entre Gobierno central y regionales.