La Airef censura las reformas para medir el gasto en pensiones: "Merma nuestra capacidad de supervisión"

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha censurado este martes las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno para establecer la regla de gasto en pensiones y ha aseverado: "Merma nuestra capacidad de supervisión independiente".

Durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, la presidenta de la Autoridad Fiscal ha criticado la metodología que tiene que utilizar la AIReF para evaluar el gasto en pensiones porque, desde la perspectiva del gasto, entiende que incluye "grandes debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal".

Herrero ha recordado que la entrada en vigor de la regla de pensiones en el marco de la reforma del sistema auspiciada por el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, obliga a la AIReF a emitir un informe sobre el cumplimiento de la regla de gasto, que se sitúa en un 15% del PIB siempre que las medidas de ingresos adoptadas a partir de 2020 para fortalecer el sistema tengan un impacto promedio 2022-2050 de, al menos, el 1,7% del PIB.

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El organismo que preside Cristina Herrero publicó dicho informe en marzo de 2025 y determinó que no se superaba el límite establecido de un gasto neto del 13,3% del PIB al haberse quedado en un 13,2%.

Sin embargo, la máxima representante de la Autoridad ha expresado que el límite de gasto neto no es un indicador adecuado para medir la sostenibilidad, puesto que, pese a cumplirse, todas las proyecciones del gasto en pensiones evidencian presiones al alza para el periodo 2022-2050 y necesidad de crecientes transferencias del Estado.

Herrero ha explicado que tal como está diseñada ahora, la metodología es "muy sensible" al momento del ciclo económico en el que se está calculando por incluir en la ecuación el nivel de crecimiento económico entre 2023 y 2025. Así, ha apuntado que en un periodo de tres años la AIReF puede llegar a recomendar nuevas medidas para ajustar el gasto cuando en realidad su perspectiva del sistema no ha empeorado.

A renglón seguido, la presidenta de AIReF ha indicado que para evaluar el gasto del sistema se tienen en cuenta dos aspectos sometidos a "gran incertidumbre", como son los flujos migratorios y los supuestos de crecimiento potencial de la economía.

Comisión Europea

Herrero también ha criticado que se recurra al informe de envejecimiento de la Comisión Europea porque no dejar de ser un compendio de "supuestos e hipótesis" que pactan los Estados miembro a largo plazo que "no tienen en cuenta las especificidades nacionales".

"A lo que AIReF le toca, que probablemente sea en todo este entramado lo menos relevante, nosotros entendemos que merma nuestra capacidad de supervisión independiente. Nos dicen lo que tenemos que hacer, el gasto lo tenemos que coger sin poder decir nada", ha remachado Herrero, que también ha denunciado que esa merma de capacidad se ha visto "agravada" con la solicitud de un nuevo informe para antes de junio de 2026.

Cristina Herrero ha incidido en que la solicitud de ese informe para 2026 "contraviene" la ley orgánica de 2013 por la que se creó la autoridad y en este escenario ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para que se pronuncie al respecto.

"Los informes tienen que ser los que dice la Ley Orgánica, ni uno más ni uno menos. Ni por ley ni por decreto se nos puede decir que hagamos un informe, porque tienen que ser los que dice la Ley Orgánica", ha remarcado durante su intervención.

La presidenta ha explicado que las opiniones que emite la AIReF, que son la otra vía de actuación que tiene la institución, son iniciativa propia de la autoridad y "nunca" la puede imponer ningún Gobierno estatal, autonómico o local. Es por ello que Herrero ha remarcado que "no se puede hacer una utilización privativa" de los recursos del organismo.

A renglón seguido, Herrero ha indicado que en la ley con la que se creó la AIReF se da prioridad a los estudios de la Administración Central por la forma en la que están redactados los artículos del texto legislativo, de modo que ha pedido "ayuda" al Parlamento para modificar esta cuestión para evitar que el supervisor fiscal se acabe convirtiendo en "una agencia del Estado".

Transferencias

Otra de las críticas que ha hecho Herrero en su comparecencia ha sido al hecho de que el Gobierno estipulase vía decreto que las transferencias del Estado también son ingresos al sistema de pensiones.

En su opinión, las transferencias que hace el Estado a diferentes niveles de gobierno no deben considerarse ingresos con carácter general, y de hecho la AIReF sólo ha considerado como ingresos las transferencias que se utilizan para pagar las pensiones no contributivas y otras que bonifican a las contribuciones de regímenes especiales como el del mar.

En este sentido, Herrero ha dicho que si el Estado quiere que las transferencias se computen, lo que debería hacer es recurrir a la concesión de subvenciones para restablecer la "cuantía total" de la cotización. No obstante, ha apuntado que esta fórmula "claramente" no supondría una mejora de la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas.

Por último, la máxima representante de AIReF ha apuntado que el organismo ya avaló las previsiones que ha incluido el Gobierno en su cuadro macroeconómico como antesala a la presentación de la senda de déficit para los tres próximos años.

El Ejecutivo ha revisado al alza su previsión del PIB hasta el 2,9% para este año y Herrero ha comentado que la AIReF estima un alza del 3%. "AIReF siempre ha avalado las previsiones del Gobierno (...) a lo mejor no tanto en la composición, pero sí en la solución", ha apostillado Herrero.