Hasta el momento, todo lo que se sabe es que el CEDS ha optado por no hacer pública la decisión hasta que el Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano ejecutivo integrado por los ministros de Exteriores de los estados miembros, adopte una resolución o una recomendación. A más tardar, la decisión tiene que hacerse pública cuatro meses después de haberse transmitido al Comité de Ministros. 

Desde el Consejo de Europa explican a este periódico que si el Comité de Ministros no aprueba una resolución antes de cuatro meses desde el 28 de marzo, fecha en que se emitió la decisión de fondo, será el CEDS el que publique su decisión cuatro meses después de ese día. Entonces, el Comité de Ministros tendría que aprobar una resolución. 

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Otra opción es que el Comité de Ministros apruebe la resolución antes de que venza el plazo de esos cuatro meses. En ese caso, la decisión del CEDS y la resolución del Comité de Ministros se publicaría en la misma fecha. 

La resolución del Comité de Ministros contendrá recomendaciones sobre la decisión del CEDS para que España reforme las cuestiones de incumplimiento de la Carta Social Europea, identificadas por el CEDS. Después, el Comité de Ministros realizará un seguimiento de las medidas adoptadas por España, como precisan desde el Consejo de Europa.

"Hito" para UGT

Toda la información que ha ofrecido el CEDS sobre la decisión adoptada en su 340 sesión es que, por el momento, no será pública. Si se sabe algo más sobre la orientación de esa decisión, es por UGT.

El secretario general del sindicato, Pepe Álverez, publicó una entrada en su blog, el 31 de marzo, en la que confirmaba que "el CEDS se ha pronunciado". "Las partes ya sabemos lo que ha dicho, lo sabe el Gobierno de España", continuó.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una imagen de archivo. A. Pérez Meca Europa Press

Álvarez admitió en la publicación que el sindicato no puede desvelar la decisión, al tiempo que pidió al Ejecutivo que "no impida que la ciudadanía española conozca ya el resultado de la petición de UGT." Además, el líder sindical aseguró que "cuanto antes se sepa lo que ha dicho el Comité, mejor para todos".

En ese texto, el secretario general de UGT recordó que en las mismas fechas de la decisión el CEDS publicó sus conclusiones de 2023, en las que se analizaban casos de despido y apuntaba que las indemnizaciones por despido improcedente no tienen en cuenta todas las circunstancias del trabajador. "Esta declaración sobre la regulación del despido en nuestro país ya supone para UGT de todo un hito", valoró Álvarez.

Consecuencias 

La publicación del secretario general de UGT deja pocas dudas sobre el contenido de la decisión. A falta de conocer letra por letra el contenido, los abogados ven ya como una evidencia que el precio del despido en España se incrementará.

"Lo que está claro es que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores se va a modificar", afirma a EL ESPAÑOL-Invertia el socio del área laboral de RocaJunyent Alberto Novoa.

Ese cambio en el artículo relativo al despido improcedente se traduce, para Novoa, en "la certeza de que se va a encarecer". "Lo que viene es más caro", concluye. 

La interpretación es la misma para el laboralista y socio de Ceca Magán José María Labadía, aunque admite que hasta que no se conozca la decisión del CEDS "todo es etéreo". "Se quiere plantear una solución en la que se encarezcan los despidos para beneficiar a los trabajadores", señala.

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Labadía contextualiza esta posibilidad dentro del actual entorno laboral. "Con la subida de las cotizaciones, si se sube el despido, va a provocar que no contrate nadie", avisa. 

A la espera de saber cuáles son las recomendaciones para España, tanto Novoa como Labadía coinciden en que una de las vías del Gobierno podría ser recuperar los 45 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de 42 mensualidades, como estaba hasta la reforma de Fátima Báñez (PP) en 2012. Además, esta ha seguido siendo una reivindicación de UGT.

No obstante, ninguno de los dos laboralistas tiene claro que esta sea la solución. "Intentar volver a lo antiguo, a los 45 días y 42 mensualidades es muy protrabajador, pero existe el principio de irretroactividad de las leyes. Si se retrotrae a 2012, puede ser un caos", comenta Labadía.

Novoa, además, duda de que esta solución se adapte a lo que pida Estrasburgo. "El CEDS no está diciendo que el despido sea barato, está diciendo que igual para todos no les gusta", precisa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Jesús Hellín Europa Press

Con la denuncia ante el CEDS, UGT buscaba que los despidos improcedentes fueran disuasorios y resarcitorios, para que se adaptaran a las situaciones personales de los trabajadores despedidos. Estas particularidades también generan incertidumbre a los juristas.

Labadía cree que la indemnización adecuada a una reparación dejará la decisión en manos de los jueces. "Habrá que fijar unos criterios mínimos objetivos. Como eso no se regule de alguna forma, se lo están dejando a los tribunales. Parece que se intenta legislar a través de los tribunales", interpreta el socio de Ceca Magán.

Por su parte, Novoa pronostica un modelo de despido "absolutamente abierto", en el que además del salario y la antigüedad pesarán otra serie de factores, como la edad o la situación familiar. "Dejar todo esto al arbitrio del juez es un disparate", advierte, aunque tampoco descarta que el Gobierno opte por una salida más "cosmética". 

En la cartera de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantienen el silencio hasta que el Comité de Ministros se pronuncie. No obstante, dan por descontado una reforma del despido que se someterá al diálogo social.