Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante el Gobierno de Pedro Sánchez han impedido la creación de 163.000 nuevos empleos entre 2018 y 2023, según los cálculos de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Para la patronal de la pyme, el impacto se ha notado, sobre todo, en los trabajos elementales.

Los ocupados en estos empleos habían crecido acompasados a los trabajadores de tareas no elementales o más cualificados. Hasta 2018, ambos se daban la mano en un repunte del 13% durante los cinco años anteriores.

Sin embargo, Cepyme observa que entre 2018, "cuando comenzó a subir fuertemente el SMI", y 2023, los ocupados en tareas elementales repuntaron un 3,2% mientras que aquellos dedicados a las tareas no elementales lo hicieron en un 9,7%. 

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En esa brecha es donde la patronal de la pyme sitúa los 163.000 empleos no creados en cinco años. La mayoría de ellos habría surgido en los oficios elementales, para jóvenes y trabajadores sin experiencia o capacitación.

Además de alertar sobre los empleos que se quedaron por el camino, las pymes denuncian en su informe que ellas son las que más sufren con las revalorizaciones anuales del SMI, ya que el coste salarial mínimo efectivo para el empleado es entre un 67% y un 75% más alto que esta renta mínima, que en cifras absolutas oscila entre 1.898 euros y 1.990 euros para el empleador, con las vacaciones incluidas, según la patronal.  

Negociación abierta

Cepyme, al igual que el resto de los agentes sociales (CEOE, UGT y CCOO), aguarda la nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo y Economía Social para sentarse de nuevo en la mesa de diálogo del SMI. Fuentes de la negociación aseguran que todavía no han recibido la citación de Trabajo, pero cuentan con que ocurrirá antes de que acabe el año.

La última reunión tripartita concluyó con posiciones alejadas entre los sindicatos y la patronal, y con una propuesta del Gobierno que tampoco resultó convincente para ninguna de las partes. Sin embargo, el Ejecutivo, aunque busque el acuerdo, no necesita el visto bueno de los agentes sociales, ya que la función de estos es meramente consultiva, como recoge el Estatuto de los Trabajadores.

El porcentaje de subida es una de las cuestiones en liza, aunque el 4% que plantea el Gobierno empieza a sonar cada vez más convincente para cerrar el pacto. La cifra es similar a la que presentan los empresarios, que abogan por un 3% más una revisión del 1%. 

Los sindicatos, por su parte, afean a Trabajo haber comprado el discurso empresarial, y reclaman alzas más cercanas al 5%, acordes al incremento de los precios y, en particular, a los precios de los alimentos básicos. No obstante, tampoco muestran una oposición frontal a ese 4%.

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Otra de las cuestiones sobre la mesa es la indexación de los contratos públicos al SMI, como proponen los empresarios. Los sindicatos están de acuerdo con esta medida, aunque abogan por sacarla de esta negociación para no mezclar conceptos.

Trabajo también concuerda con ese planteamiento, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tiene competencias en esta cuestión y sólo puede limitarse a trasladárselo al Ministerio de Hacienda. En la cartera de María Jesús Montero, la negación ha sido contundente.

Fuentes empresariales critican la polifonía del Gobierno en este tema y denuncian que el Ejecutivo se abstenga de cumplir las normas que impone a las empresas. Tampoco entienden la visión "cortoplacista" del Ejecutivo, con "una vicepresidenta que mira por una cosa y otra vicepresidenta mirando por otra", pero sin "nadie pensando en este país".