El Ministerio de Trabajo y Economía Social no ha ocultado su "profundo malestar" por este giro de Hacienda y Función Pública. Desde la cartera de Díaz sostienen que habían cumplido con todos los trámites burocráticos y descartan que se trate de un problema técnico.

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo van más allá. Fuentes de CCOO consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia hablan de un "conflicto a nivel político" entre el Gobierno de coalición, formado por el PSOE, al que pertenece Montero, y Unidas Podemos, el antiguo partido de Díaz. 

A los representantes de los trabajadores tampoco les pasa desapercibido el "cabreo monumental" que perciben en el Ministerio de Trabajo, después de la reunión mantenida con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la que les informó del cambio de posición de Función Pública.

A pesar de las huelgas y los paros de la Inspección de Trabajo, en la cartera de Díaz quieren congraciarse con los sindicatos y defienden que la ministra se ha implicado personalmente, con un compromiso total, ya que considera la Inspección como un pilar de su Ministerio. Además, recuerdan que Trabajo tampoco es competente de la relación de puestos de trabajo ni de los salarios de los funcionarios.

Fuentes de la negociación interpretan que se trata de un problema político entre las dos facciones del Gobierno. La explicación a este enfrentamiento la encuentran en que Hacienda ha resuelto conflictos similares con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ambos del ala socialista del Gobierno. También disculpan a Trabajo del encallamiento de la negociación, al entender que esta cartera contaba con el respaldo presupuestario suficiente para hacer frente a esos cambios.

Sigue "con normalidad"

Lejos de la posición de los sindicatos y de la de Trabajo, que fue quien transmitió a la plataforma sindical el desacuerdo entre carteras, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública desmienten a las otras partes de la negociación. Para la cartera de Montero, las conversaciones con Trabajo siguen "con normalidad".

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En Función Pública niegan que se trate de un roce político y mantienen que trabajan "de la misma forma que ha hecho y hace con el resto de ministerios". El objetivo, en este caso, es "ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor".

De hecho, Hacienda recuerda que ha autorizado un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo y, al igual que el año pasado, una productividad extraordinaria de 6 millones de euros. Eso se añade al acuerdo salarial con los funcionarios, que contempla un aumento del sueldo para este año del 2,5%, y que puede llegar a un alza del 9,8% en el periodo 2022-24.

Además, el Congreso está tramitando la ley de Función Pública, donde se recoge el horizonte de desarrollo profesional reclamado por la Inspección de Trabajo. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, también ha reaccionado a la polémica entre las carteras de Díaz y Montero. "Es un proceso de negociación entre los representantes de la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, que es el Ministerio responsable", ha dicho Escrivá este jueves.

El titular de la Seguridad Social ha admitido que en este tipo de negociaciones puede haber "ruidos" que "se amplifican mucho" y ha pedido tiempo para que "estas cosas se sustancien". 

Paros en la Inspección

La plataforma de sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mantiene sus paros por el incumplimiento del acuerdo suscrito el 7 de julio de 2021. La próxima concentración será este jueves, 25 de mayo, ante la Dirección General de Función Pública. 

Los sindicatos reprochan al Gobierno mantenerse en el "más absoluto de los silencios" y lamentan que este conflicto se prolongue casi dos años. En concreto, cargan contra Díaz, a quien acusa de no tener "disposición para defender al organismo" y de estar "alejada" durante meses. 

El descontento con su gestión, por la que piden la dimisión de la ministra por "incapacidad e incompetencia a la hora de aportar soluciones", también hace que mantengan las convocatorias de paro. También amagan con una huelga completa y de carácter indefinido, mientras el conflicto se recrudece ante los acontecimientos de las últimas horas.