La vinculación de la subida de las pensiones a la inflación preocupa mucho a los economistas. Solo este año, va a suponer que elevar las pensiones en general un 8,5%, incluso las prestaciones más elevadas. Por ello, desde varios think tanks se están proponiendo alternativas que regulan la subida según la cuantía de la pensión, de manera que los que menos cobren tengan mayores incrementos. 

En este caso, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone de manera excepcional que la revalorización de las pensiones para 2023 no se realice de manera generalizada con el IPC. ¿Cuál es que concepto que determinaría la subida? La cuantía actual de cada prestación, de forma que las pensiones más altas suban en torno a un 2,5% y las más bajas, inferiores a 800 euros, se eleven un 11%.

Esto permitiría rebajar el coste que tendría elevar las pensiones contributivas. En estos momentos, el impacto de esta medida si el incremento es con el IPC es de unos 14.674 millones de euros. Fedea argumenta que con su propuesta la cifra se quedaría en los 8.449 millones, 5.000 millones de ahorro en las pensiones
contributivas y 1.225 millones de ahorro en clases pasivas.

"Más justa"

"Esta propuesta no solo es más eficiente, sino que además es más justa para los pensionistas más vulnerables y para los jóvenes", asegura Fedea en el informe, firmado por José Ignacio Conde-Ruiz y Manuel Díaz Mendoza.

Los autores avisan de que la subida, tal cual está en estos momentos, será más beneficiosa para los pensionistas con mayores prestaciones contributivas. Una subida generalizada del 8,5% supondrá un aumento de 860 euros anuales para los que perciben una pensión mínima, pero un alza mucho mayor, de 3.350 euros, para los que perciben la pensión máxima.

Por otro lado, el informe también carga contra la subida del 8,6% de las bases de cotización máximas. "Esto es una medida claramente en contra del Pacto de Rentas, pues eleva el coste salarial en los salarios altos, lo que tendrá un efecto pernicioso sobre la inflación".