Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El absentismo laboral toca máximos y los empresarios exigen recuperar el despido por bajas reiteradas para frenarlo
Esta misma semana, el PP proponía que las mutuas puedan dar altas a los trabajadores.
Los sindicatos CCOO y UGT ya han trasladado su negativa a esta propuesta.
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El fenómeno del absentismo no deja de crecer y toca nuevos máximos en 2026. 1,63 millones de trabajadores faltan cada día a su puesto de trabajo. Y los empresarios demandan medidas para abordar un problema que cuesta miles de millones de euros al sector público y al privado.
Por ello, exigen al Gobierno que se recuperen medidas como el despido por bajas reiteradas, que se derogó en 2020.
La consultora Randstad ha publicado un nuevo estudio que vuelve a poner el dedo en la llaga. En el segundo trimestre de 2026, se perdió el 7,2% de las horas laborales pactadas, la mayoría por bajas por incapacidad temporal (IT). Es decir, las comúnmente conocidas como bajas médicas.
El fenómeno es especialmente elevado en Asturias y Canarias (con un 9% de horas perdidas). Y los sectores que más lo sufren son los de correos y servicios a edificios y de jardinería (con más de un 12%).
Los estudios y los datos sobre el problema del absentismo se agolpan. Otro informe, en esta ocasión de Anged (la patronal de la distribución) y Adecco, apunta que en los comercios está en el 8% y que tiene un impacto anual en estas empresas de 240 millones de euros. Es decir, una cantidad equivalente al 21% de la inversión del sector.
¿Y esto en qué se traduce en términos generales? En un impacto que va in crescendo. Según cálculos de la CEOE, hablamos de 33.000 millones de euros al año. 17.000 los paga la Seguridad Social en materia de prestaciones y el resto las empresas.
El problema está en que la incidencia de las bajas se ha disparado en los últimos años. Concretamente, se ha triplicado respecto a hace diez años.
VALOR AÑADIDO | El absentismo laboral cuesta millones a España
De ahí que las empresas pidan medidas inmediatas. La CEOE ya ha reclamado que el Gobierno asuma, al menos temporalmente, el coste total de las bajas laborales mientras se aplican medidas inmediatas para atenuar sus causas, como mejorar el sistema sanitario.
La patronal catalana, Foment del Treball, va un poco más allá. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha pedido recuperar la causa de despido objetivo en bajas reiteradas.
Se trata de una fórmula de despido que permitía a la empresa prescindir de forma procedente a un trabajador que acumulara faltas de asistencia (incluso justificadas por baja médica) que alcanzaran el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos.
Sin embargo, esta variante se eliminó a principios de 2020 con un real decreto-ley de urgencia.
![Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11287726.jpg?p=w:320\/h:240&h=zEcTBoOF"])
En medio de estos debates, el Gobierno sigue sin ofrecen medidas firmes para abordar esta situación. Por ahora, lo único que maneja el departamento de Elma Saiz es un observatorio sobre las bajas por IT, actualizar sus plazos y organizar convenios para que las mutuas puedan ser más activas en estas bajas.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha ido un poco más allá de estas propuestas. El político gallego ha asegurado que si gana las elecciones generales (que se celebran el próximo año), permitirá que los médicos de las mutuas den altas a los trabajadores.
Se trata de algo que piden las propias mutuas. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) argumenta que la Seguridad Social podría ahorrar miles de millones de euros al año si fueran ellas las que controlaran la gestión de dichas bajas.
"Se podría prestar asistencia sanitaria integral y emitir las altas médicas en el total de las patologías traumatológicas -donde actualmente hay un gran cuello de botella-, lo que generaría un ahorro total tanto para la Seguridad Social como las empresas de 3.585 millones de euros", sentencia AMAT en un reciente informe.
![De izquierda a derecha: Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y Mónica García, ministra de Sanidad.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11347951.jpg?p=w:320\/h:240&h=hRBxz2OJ"])
Sin embargo, los sindicatos se niegan a esta posibilidad. CCOO, concretamente, avisa de que si las mutas tuvieran "mayores competencias, se incurriría en un claro conflicto de interés al ser organizaciones dirigidas por personas designadas desde las empresas, que se financian exclusivamente con cotizaciones sociales y gestionan exclusivamente prestaciones públicas de Seguridad Social".
"En el caso de las prestaciones por contingencias comunes", que son las bajas médicas, "el reconocimiento está y debe seguir estando reservado a funcionarios públicos para garantizar el acceso objetivo a los derechos sociales de las personas trabajadoras".
En todo caso, desde el sindicato dirigido por Unai Sordo se demanda que estas entidades, que son colaboradoras de la Seguridad Social, "se integren en la misma como lo que son y deben ser: entidades gestoras de la Seguridad Social, bajo la dirección y gerencia de la misma".
