El mercado laboral progresa adecuadamente y evoluciona en la senda positiva. En paralelo, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz trabaja en una reforma laboral entre cuyos objetivos está reducir el empleo precario y mejorar las condiciones laborales en España. Pero parece que esta reclamación no se cumple de puertas para adentro en el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Las protestas llegan, desde hace tiempo, desde dos áreas muy concretas del Ministerio de Trabajo y que son de las que más carga de tareas han tenido durante la pandemia de la Covid-19: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

En el caso del SEPE, los problemas no son nuevos. En su caso, por el escaso personal con el que cuentan las oficinas de empleo españolas. Según indican desde el sindicato CSIF, en enero esta área contará con solo 6.500 efectivos, cuando en diciembre de 2009 superaban los 10.000. 

De hecho, lamentan que tras haber perdido los 1.500 interinos incorporados por la crisis de la Covid, 'solo' se incorporarán 250 trabajadores para compensar este déficit.

"No se pueden facilitar, en modo alguno, las citas presenciales que se solicitan a diario. Por poner un ejemplo, la provincia de Barcelona dejó de atender en el día de ayer casi 7.600 solicitudes de atención presencial, y en Madrid la cifra era muy similar", explica Manuel Galdeano, coordinador nacional de CSIF en el SEPE. 

Una oficina de empleo en Madrid.

Por tanto, "y para que nuestros usuarios no vean demorada en exceso la resolución de sus solicitudes, se les está derivando obligatoriamente a la presentación telemática de las mismas, en un detrimento evidente de la atención presencial", aclara Galdeano.

El sindicalista aporta más cifras a la situación. El déficit por el que pasa la plantilla del SEPE ha llevado a que diez oficinas no puedan contar con efectivos y, por tanto, tengan que estar cerradas.

"37 oficinas con un solo efectivo. 91 oficinas con dos efectivos, 115 oficinas con tres efectivos y 61 oficinas con cuatro efectivos. El resto, hasta las 711 oficinas de atención presencial con las que cuenta este Organismo, no se encuentran en lo que podríamos denominar una situación ideal", añade Galdeano quien por esta razón, exige la "dimisión inmediata" de la propia Díaz, del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y del director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy. 

En el caso del SEPE, hace tiempo que llueve sobre mojado. Su escaso personal provocó grandes retrasos en la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), algo que desencadenó problemas en la gestión, por ejemplo, de la declaración de la renta. 

Inspección

Al colectivo del SEPE se suma otro grupo de trabajadores descontentos: los de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Sus sindicatos denuncian el "sobreesfuerzo" al que está sometido este órgano y unas "carencias" que ponen en cuestión sus objetivos y el "servicio público". 

En un comunicado conjunto, el Sindicato de Inspectores de Trabajo, Comisiones Obreras (CCOO), CSIF y UGT, entre otros, han denunciado el "absoluto desprecio que se muestra por parte de este gobierno hacia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social". 

De hecho, las constantes alabanzas de la propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, sobre el trabajo de este órgano son solo "propaganda hueca que solo sirven para aumentar la desmotivación existente", según este colectivo profesional.

La causa de esta situación está en la falta de recursos para este órgano y el incumplimiento de compromisos. Entre ellos, su presupuesto, que "es una quimera desde que lo tiene, solo conocemos tres ediciones y francamente, hasta la fecha, han sido la improvisación y la falta de criterio razonable en las dos medidas que han dotado su confección". 

Además, "la supuesta modernidad y agilidad futura soportada en la informática (...) suena a cuento cuando en estos momentos se carece de la más mínima infraestructura o de un simple departamento de informática". 

Además, Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, alerta de que el organismo cada vez está más 'vacío' de personal administrativo, que se está yendo al Instituto de Seguridad y al SEPE porque "las condiciones son mejores".

Además, teme el incremento de trabajos y competencias que conllevan el plan estratégico aprobado por el Gobierno para la Inspección así como la propia reforma laboral.