El Gobierno estaba de enhorabuena este miércoles. Las cifras de trabajadores cotizantes en la Seguridad Social y de parados ya están en niveles muy próximos a los previos a la pandemia.

Sin embargo, la composición de esta recuperación preocupa al Ejecutivo. En los últimos meses, los contratos indefinidos han ido perdiendo cada vez más peso en las nuevas contrataciones, que son temporales en su amplia mayoría. Es la otra cara de la recuperación económica: la 'resurrección' de la contratación temporal. 

Así lo indican las contrataciones de agosto. En el mes pasado se registraron 1,4 millones de nuevos contratos, pero solo el 8% (casi 119.000) de ellos fueron indefinidos. Es decir, que nueve de cada diez nuevos contratos fueron temporales

Se trata de un fenómeno que se está agravando. Aunque los números brutos indican que los contratos indefinidos están viviendo una explosión (en agosto hubo un 23,5% más que en el mismo mes de 2020), su proporción entre las nuevas contrataciones no ha hecho sino descender en los últimos seis meses. 

De esta manera, si en marzo los contratos indefinidos supusieron el 14,7% de las nuevas contrataciones, en abril esta proporción bajó al 12%, en mayo al 10%, en junio al 9,6%, en julio al 9% y en agosto al citado 8,4%. Es decir, un descenso de 6,3 puntos.  

Se trata de un fenómeno al que no le quitan ojo en el Ministerio de Trabajo. De hecho, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, alertó este jueves de que el número de que la recuperación del empleo se está volviendo a realizar con un excesivo peso de la contratación temporal.

Esta dependencia de la contratación temporal genera importantes distorsiones. Un ejemplo es lo ocurrido en el último día de agosto: la finalización de de los contratos de verano, mayoritariamente temporales, llevó a que se produjese un resultado neto de 294.808 bajas ente los cotizantes de la Seguridad Social. 

"Es una situación insostenible en comparación con otros países del entorno", afirmó. Ello le sirvió para insistir en la reforma del sistema de contratación temporal. Es decir, en la 'contrarreforma' laboral que hace meses negocia el Gobierno con patronal y sindicatos. 

¿Cuáles son las recetas del Gobierno para rebajar la temporalidad? Por lo pronto, según los primeros borradores que se han puesto sobre la mesa del Diálogo Social, consisten en limitar la contratación temporal, de manera que solo se pueda recurrir a esta modalidad por razones de carácter productivo y organizativo como, por ejemplo, cuando haya picos de demanda imprevistos o bajas imprevistas en las plantillas. 

Así se quiere potenciar el contrato indefinido. Por otro lado, Trabajo también cuenta con reformar y reforzar la contratación fija discontinua con el fin de cubrir los incrementos de actividad que viven determinados sectores como la hostelería y el turismo en periodos concretos y fijos de tiempo. 

Sin embargo, todas estas recetas están por desarrollar. El Gobierno quiere acordarlas con sindicatos y patronal, algo a lo que se ha comprometido con la Comisión Europea como parte de las promesas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y el plazo para pactarlas se limita a este año.

Contratos fraudulentos

Con todo, el departamento que dirige Yolanda Díaz no está desocupado y persigue la contratación temporal con que no cumple con la legalidad. De hecho, como contó Invertia, el 75% del alza de contratos indefinidos de la primera mitad de 2021 se debe a contratos temporales fraudulentos 'cazados' por la Inspección laboral, unos 156.000.

Por otro lado, la cifra de contratos temporales irregulares que se transformaron en indefinidos en 2020 fue de 35.224 en 2020. Entre las causas de ilegalidad han estado la superación de los límites máximos de duración (incluidos los encadenamientos de contratos) y no cumplían las causas legales para un contrato temporal, entre otras cuestiones.

Parte de estas inspecciones estaban dentro del Plan Director por un Trabajo Digno desarrollado entre 2018 y 2020 y creado por Magdalena Valerio. En total, durante sus 23 meses de aplicación, afloraron 214.646 empleos en circunstancias fraudulentas y se recaudaron cuotas a la Seguridad Social por un importe de 1,8 millones de euros.