Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera de Trabajo y Economía Social.

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera de Trabajo y Economía Social.

Empleo

El Gobierno creará una ‘hucha’ de cotizaciones para pagar los futuros ERTE

Se contará con el excedente generado por la buena marcha de la economía durante los periodos de bonanza para no subir las cotizaciones. 

11 mayo, 2021 02:58

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A pesar de que aún tiene que negociarlos con los agentes sociales, el Gobierno ya tiene claro que habrá expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estructurales. El Ejecutivo ha decidido que los ERTE Covid y sus buenos resultados durante la pandemia deben tener su traducción en un mecanismo permanente. Y si bien las características de los futuros ERTE todavía están por pactar, sí se sabe cómo se financiarán: con una suerte de 'hucha' que se generará a través del excedente de cotizaciones

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge este instrumento. Concretamente, en la ficha 23 de medidas laborales, precisa que "se establecerá un fondo que permita destinar del excedente de las cotizaciones sociales por desempleo -que se produce en las fases alcistas del ciclo económico- a financiar los déficits en las fases recesivas, cuando caen los ingresos y aumenta el gasto" y que permitirán financiar los ERTE estructurales.

Aunque el documento recoge varias fuentes de financiación para esta suerte de 'hucha' de las pensiones, como aportaciones directas del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo pronto solo se baraja contar con el citado excedente de cotizaciones sociales por desempleo

Cotizaciones

Según ha podido saber Invertia, dichos excedentes, con la economía en crecimiento y en 'plena forma', son de unos 16.000 millones anuales. Suficiente para llenar la hucha de los ERTE. De ahí que el Ejecutivo no se plantee, para llenarla, aumentar las cotizaciones por desempleo que pagan trabajadores y empresas, que son del 7,05% (un 1,55% y un 5,5%, respectivamente). 

Y si fuera necesario, el Ejecutivo argumenta en la ficha correspondiente que, a corto plazo, que se recurrirá a los fondos Next Generation. Además, recuerda que el Estado también puede participar "mediante las exenciones en las cotizaciones sociales de las empresas tal y como se ha hecho en la crisis actual". 

Todo lo relacionado con los ERTE estructurales todavía se tiene que negociar y tratar en el Diálogo Social. Eso sí, tiene que estar cerrado para este mismo 2021, tal y como indica el Plan de Recuperación. 

El plan es que la nueva herramienta "proporcione flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, con un foco especial en la formación de los trabajadores".

Minimizar despidos

"Consistente en reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, permitiría reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del
trabajador cuando termine el shock, y reducir la elevada temporalidad del mercado
laboral español", precisa el texto enviado por el Gobierno a Bruselas. 

Con todo, se da una especial importancia al componente formativo. Estos nuevos ERTE incluirán "un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición, para hacer frente a los posibles ajustes permanentes de plantillas ante innovaciones derivadas de los cambios tecnológicos o de la demanda". 

Por otra parte, el plan prevé una importante revisión de las bonificaciones a la contratación, que suponen unos 2.000 millones de euros al año. En el Plan de Recuperación, el Gobierno argumenta que "los incentivos deben centrarse casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas desempleadas, y siempre para contratos indefinidos".

Es decir, que se quedarían fuera los temporales y, según ha podido saber Invertia, los posibles incentivos para pasar contratos temporales a indefinidos. En cualquier caso, esta reforma no se espera para antes de 2022 y el Ejecutivo se compromete a pactarla con los interlocutores sociales.