El Gobierno de Pedro Sánchez ha desvelado los primeros esquemas para que comience la desescalada del confinamiento y de la hibernación de la economía, a las que ha obligado el coronavirus, para recuperar la actividad en un proceso de tres fases.

En los planes del Ejecutivo está el que las empresas cuiden y velen por el cumplimiento de las nuevas condiciones laborales a las que va a obligar la 'nueva normalidad' y cada una de las fases previas.

En la primera, precisamente las empresas podrán comenzar a volver a la actividad, incluidas las pymes. Sin embargo, al Gobierno le preocupa esta parte del tejido productivo español. No existe capacidad para poder controlar, a día de hoy, que se cumplan las condiciones de seguridad en el trabajo a las que obliga el Covid-19.

Así lo indican fuentes cercanas a Moncloa, que admiten que hay inquietud a este respecto. Y es que, cabe recordar, que el 99% de las empresas españolas son pymes que no están obligadas en la mayoría de los casos a contar con órganos de internos de autorregulación. Es decir, que, en caso de que no estén cumpliendo las nuevas normas de seguridad, tendrá que ser Inspección de Trabajo o un trabajador interno los que ejecuten la correspondiente denuncia.

En cambio, justo lo contrario ocurre en las grandes empresas. Desde el Gobierno se considera que este tipo de compañías, al contar con presencia de enlaces sindicales así como con comités de empresa, cuentan con suficientes armas para ejercer cierta autorregulación cuando sea necesario. Y para denunciar cuando corresponda.

Nuevas condiciones de seguridad

A falta de que el Gobierno haga nuevas concreciones, la condiciones de seguridad que se tendrían que cumplir son las dictadas por el Ministerio de Sanidad en los documentos que ha venido publicando desde que si iniciara el estado de alarma. Entre ellas, una distancia interpersonal de no menos de dos metros y usar equipos de protección como las mascarillas o los guantes cuando se considere necesario.

Además, como ya ha revelado el Gobierno, las instalaciones tendrán que ser periódicamente desinfectadas e higienizadas. Asimismo, el teletrabajo seguirá siendo prioritario en todas las fases de la desescalada.

Para la fase 3, la última antes de entrar en la ‘nueva normalidad’, tal y como describe el Gobierno el periodo poscoronavirus, las empresas ya deberán contar con protocolos de reincorporación presencial para la actividad laboral (que incluyen el uso de medidas de protección y otras herramientas de seguridad), con horario escalonado y garantías de conciliación.

Plasmación legal

Cabe recordar que la estrategia para la desescalada revelada por el Gobierno no está concretada aún en normas legales y puede haber cambios y concreciones en las medidas planteadas.

Este es el caso de las medidas de acompañamiento económico que puedan desarrollarse para que las empresas recuperen poco a poco y de manera paulatina la actividad. El Ejecutivo todavía no ha concretado en qué casos y sectores se ampliarán los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) excepcionales, una medida que se está analizando en el seno del Consejo de Ministros y que reclaman tanto patronales como sindicatos.

Cabe recordar que a día de hoy, unas 520.000 empresas han pedido ERTE de fuerza mayor, que permite que los trabajadores reciban una prestación de desempleo sin que pierdan derechos adquiridos y que las empresas no paguen cotizaciones, pero a cambio de que estos gastos corran a cargo de la Seguridad Social.