La Comisión de Ursula von der Leyen ha adoptado este miércoles la propuesta legislativa que servirá de base para poner en marcha el euro digital que está diseñando el Banco Central Europeo (BCE). Una polémica iniciativa que los dirigentes de la UE consideran imprescindible para plantar cara a criptomonedas privadas como la fallida Libra de Facebook o a monedas virtuales de potencias rivales como China, garantizando así la "soberanía monetaria europea". 

La publicación de este texto constituye un paso fundamental hacia la emisión de euros digitales, pero todavía no es el final del camino ni prejuzga la decisión final del BCE. La norma todavía tiene que ser negociada y aprobada por la Eurocámara y los Gobiernos, un proceso que pilotará la presidencia española de la UE. Después, la institución dirigida por Christine Lagarde lanzará la fase final del proyecto en otoño, de forma que el euro digital podría ser una realidad a partir de 2026 o 2027.

El proyecto ha suscitado importantes dudas en el Parlamento Europeo, que duda de su utilidad y su valor añadido, y también entre la banca. La Federación Bancaria Europea ha avisado del riesgo de una fuga de depósitos bancarios hacia el euro digital (especialmente en caso de crisis financiera, al tratarse de un refugio seguro), lo que pondría en riesgo el papel de los bancos en la financiación de la economía.

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Pese a ello, Bruselas ha decidido seguir adelante con el euro digital escudándose en el cambio en las preferencias de pago: el 55% de los consumidores de la eurozona prefieren no usar efectivo, mientras que sólo el 22% opta por billetes y monedas. El objetivo último es garantizar el acceso de ciudadanos y empresas al dinero del banco central en la era digital. En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha adoptado un reglamento para asegurarse de que el efectivo siga siendo aceptado de forma general: el euro digital será un complemento y no un sustituto.

Bruselas pretende que el criptoeuro funcione como un medio de pago digital aceptado en todas partes en la eurozona para todo tipo de operaciones: comercio electrónico, tiendas, administraciones públicas o pagos personales. Los bancos estarán obligados a dar acceso al euro digital a todos los ciudadanos de forma gratuita, aunque podrán cobrar una comisión "razonable" a los comerciantes, aunque a tipos comparables a otros pagos electrónicos.

El borrador de reglamento incluye además toda una serie de salvaguardas para paliar el impacto negativo en los bancos. En primer lugar, la norma deja claro que el euro digital no generará intereses en ningún caso. Además, faculta al BCE para establecer límites cuantitativos a la acumulación de criptoeuros, aunque no fija ningún umbral. El responsable del euro digital en el BCE, el italiano Fabio Panetta, ha sugerido que el tope podría ser de 3.000 euros por persona.

"Esta cantidad está cerca del salario bruto medio en la zona del euro y no causaría problemas para la estabilidad financiera. Serán posibles pagos más grandes gracias a un vínculo entre las cuentas en euros digitales y las cuentas bancarias tradicionales", alega Panetta. La Federación Bancaria Europea insiste en que es imprescindible fijar un tope sólido y mantenerlo incluso en caso de crisis bancaria para evitar fugas masivas de depósitos hacia el euro digital.

Privacidad

Salvaguardar la privacidad en los pagos es una de las máximas preocupaciones en todas las encuestas que ha hecho el BCE para preparar el proyecto. En este sentido, el reglamento deja claro que ni el BCE ni los bancos centrales nacionales tendrán acceso a los datos de los usuarios, ni siquiera sabrán quién tiene cuentas en euros digitales.

Serán los bancos privados los que gestionen las cuentas y los datos de los ciudadanos (con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de la UE contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo), con las mismas salvaguardas que ahora en materia de privacidad. Además, el euro digital podrá usarse para pagos sin conexión a internet (offline), en los que el nivel de privacidad es comparable al del efectivo.

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La norma convierte al criptoeuro en moneda de curso legal, lo que significa que los comerciantes estarán obligados a aceptarlo. No obstante, también incluye una serie de excepciones, en particular para las tiendas que no aceptan medios de pago digitales.

En cuanto al reglamento sobre el curso legal de billetes y monedas, el objetivo de Bruselas es garantizar que la gente que quiera pagar en efectivo y tener acceso fácil a efectivo pueda hacerlo, algo que es cada vez más difícil en países como Bélgica o Países Bajos.

En este sentido, la norma pretende combatir las exclusiones unilaterales y ex ante de pagos en efectivo por parte de las empresas. Los Estados miembros estarán obligados a vigilar que no proliferen este tipo de vetos y a tomar medidas correctivas: por ejemplo, obligar a los comercios esenciales, como supermercados y farmacias, a aceptar billetes y monedas; y sancionar a los incumplidores.

Los Gobiernos nacionales también deberán tomar medidas para garantizar el acceso al efectivo, por ejemplo estableciendo una densidad mínima de cajeros.