Olivar andaluz.
Todo el sector productor de aceite español se suma a la lucha contra el fraude abanderada por Dcoop
Exigen medidas penales con cárcel para quien engañe.
Desodorización, mezclas e importaciones, en el objetivo.
Más información: Luque (Dcoop): "Si entra en Deoleo alguien que no luche contra el fraude, el olivar español está perdido"
Asaja, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de España, han pedido en bloque medidas contra el fraude en el sector del aceite.
Una reivindicación que ha venido sosteniendo durante los últimos meses en solitario Dcoop, y que ahora ha hecho suya todo el sector productor nacional a través de las organizaciones más representativas.
En un comunicado conjunto, piden revisar el sistema de infracciones para que los incumplimientos en la calidad y el etiquetado conlleven sanciones penales -tal y como ya ocurre en países competidores- con el fin de frenar el fraude.
Esta reclamación encabeza un paquete de "medidas necesarias, urgentes y estructurales" acordado por estas cuatro organizaciones para frenar la pérdida "sistemática" de rentabilidad y competitividad en el olivar de almazara.
Piden intensificar las inspecciones y los controles sobre los movimientos de producto, de forma que se verifique no sólo la comercialización sino también los procesos industriales y el balance de masas.
El objetivo es evitar la adición de aceites de semillas, de orujo o desodorizados.
"¿Cómo es posible que aceites refinados se vendan más barato que los lampantes?. ¿Qué hay de los desodorizados?", clamó el pasado día 15 el presidente de Dcoop, Antonio Luque en un encuentro agroalimentario.
“Si entra en Deoleo, alguien que no luche contra el fraude en el aceite, el olivar español está perdido”, añadió.
Se trata de un debate incómodo para algunas partes de la cadena de valor del aceite, pero que los productores -desde el campo- quieren elevar a primer plano.
Y que es especialmente importante en Andalucía, donde miles de agricultores de 300 pueblos olivareros viven de este cultivo, aportando el 80% de la producción nacional.
A ello se suma otra circunstancia que los productores han señalado con fuerza en las últimas semanas: el poco control a las importaciones de países terceros.
En particular, usando palabras de COAG, el “aceite fantasma” de Túnez que entra en España a través del Perfeccionamiento Activo.
“Si España es el principal o segundo comprador de aceite tunecino, ¿por qué no aparece prácticamente en ninguna etiqueta? ¿Dónde está y cómo se comercializa ese aceite?” , dicen en esta organización.
Al olivar andaluz y español se juegan mucho en estos temas, pues los productores sospechan de alteraciones significativas de los precios, a la baja, mediante estas prácticas.
Herramientas
Así que reclaman el uso de tecnologías que permitan cruzar datos entre los registros de SIMO, Remoa, Contratos y Aduanas.
Además, los productores quieren que sea obligatorio incluir en el sistema Remoa el precio y el contrato correspondiente al aceite transportado.
Asimismo, piden apoyar la investigación de métodos químicos para detectar mezclas ilegales y aportar objetividad a las catas organolépticas.
Junto a la lucha contra el fraude, estas cuatro organizaciones solicitan al Gobierno que otorgue al olivar de almazara la consideración de cultivo y producto estratégico.
Los productores quieren hacer valer que España es el líder mundial de producción, y que además lidera la evolución hacia la calidad y la trazabilidad.
Algo que beneficia a los agricultores nacionales, pero también a los consumidores de todo el mundo (España produce casi la mitad del aceite mundial, y abastece a los mercados internacionales).
Agua y oferta
En materia hídrica, demandan priorizar al olivar en el acceso al agua, aumentar la superficie de regadío, buscar nuevas fuentes de captación y garantizar dotaciones iguales para todos los tipos de producción frente al impacto de las condiciones climáticas extremas.
Para regular la oferta y la demanda, exigen la aplicación del artículo 167 bis de la normativa europea planteada por el Ministerio de Agricultura.
Se trata de un mecanismo legal que permite regular la oferta para mejorar la estabilidad y el funcionamiento del mercado del aceite de oliva.
A través de esta herramienta, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a petición del sector o por iniciativa propia, puede establecer normas obligatorias de comercialización para retirar o almacenar temporalmente producto.
Una medida que se activa cuando se dan situaciones de grave desequilibrio entre la oferta y la demanda o fluctuaciones extremas de precios.
Las cuatro organizaciones reclaman además una línea de préstamos ICO para que las almazaras afronten los costes financieros de la autorregulación.
En el ámbito del comercio exterior, demandan un mayor control y trazabilidad sobre las importaciones en depósitos aduaneros y la supresión del régimen de perfeccionamiento activo y del contingente arancelario.
Señalan de forma específica a las importaciones procedentes de Túnez por “distorsionar el mercado”
También piden dotar de eficacia a la Ley de la Cadena Alimentaria fijando costes medios de forma objetiva, controlando los precios de importación y fijando compensaciones para los productores cuando no se alcancen los umbrales de rentabilidad.
El acuerdo alcanzado por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España se completa con la petición de un plan de reconversión con fondos públicos y un plan estratégico integral para el olivar tradicional.
