Los ministros de Sumar: Pablo Bustinduy, Mónica García, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Sira Rego.
Un tercio de los contratos del Gobierno para políticas de protección social no tiene un informe que los justifique
El Tribunal de Cuentas fiscaliza contratos, convenios y encargos valorados en más de 1.000 millones.
Dependen de Seguridad Social, Trabajo, Derechos Sociales, Vivienda, Juventud e Infancia y Sanidad.
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El Tribunal de Cuentas le vuelve a tirar de las orejas por su gestión al Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, por la falta de cumplimiento de los principios de transparencia de los contratos que se elaboran para cubrir las políticas sociales.
Según un reciente informe del órgano, sólo uno de cada tres contratos cerrados en 2025 por el Ejecutivo para actuaciones de promoción y protección social contaban con una memoria justificativa publicada.
Concretamente, el Tribunal de Cuentas ha analizado unos 253 contratos, 53 encargos a medios propios y cinco convenios. Unos 1.029 millones de euros en adjudicaciones de órganos dependientes de los ministerios de Trabajo, Seguridad Social, Derechos Sociales, Igualdad, Vivienda, Juventud e Infancia y Sanidad. Y hay más deficiencias que las mencionadas.
En el 39,57% de los contratos de servicios fiscalizados no se ha incluido el correspondiente informe de insuficiencia de medios.
Además, el ente critica que "en otros contratos se incluye como un párrafo genérico en la memoria justificativa, sin que haya un informe razonado e individualizado relacionado con el objeto del contrato".
Por otro lado, en casi la totalidad (el 98%) de los contratos tramitados mediante procedimiento negociado sin publicidad no se ha publicado la justificación de la elección de este procedimiento.
Dos de cada diez de los contratos no cuentan con los pliegos de cláusulas administrativas particulares publicados. Y tampoco los de prescripciones técnicas.
Actas
Además, en el 10% de ellos no se han publicado las actas de la mesa de contratación competente. E, incluso, en una proporción similar ni siquiera se ha publicado la correspondiente resolución de adjudicación.
Pese a estas cifras, "con carácter general, los órganos de contratación han cumplido las obligaciones de publicidad y transparencia". Con todo, admite que "existen extremos en los que se han detectado algunas deficiencias". Como las referidas.
En este sentido, el Tribunal demanda a las Administraciones que cumplan con la legislación vigente sobre publicidad y transparencia. Tanto en plazos como en la calidad y reproductibilidad de los datos.
