Margarita Robles y Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre de la OTAN,

Margarita Robles y Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre de la OTAN, Carlos Herrero Moncloa

Economía

El Gobierno busca cómo encajar por primera vez un sudoku de 33.000 millones de gasto para Defensa en los Presupuestos

Están implicados cuatro ministerios y otras partidas tecnológicas.

El último Presupuesto, de 2023, se quedó en la mitad que ahora.

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Las claves

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El Gobierno debe encajar por primera vez un gasto en defensa de 33.000 millones de euros en los Presupuestos, implicando a varios ministerios.

España está obligada a mantener el gasto en defensa en al menos el 2% del PIB para cumplir con los compromisos de la OTAN y modernizar las Fuerzas Armadas.

El presupuesto en defensa se distribuye entre armamento, infraestructuras, ciberseguridad y el CNI, incluyendo partidas extraordinarias y créditos a tipo cero.

El reto es cuadrar este gasto sin aumentar el déficit, aprovechando las flexibilidades europeas y gestionando proyectos plurianuales que superan los 64.500 millones hasta 2040.

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado siempre es un sudoku difícil de congeniar entre lo que piden los ministerios, lo que se arrastra de otras cuentas públicas y lo que Hacienda está dispuesta a soltar.

Pero en el caso del gasto en defensa las cosas se complican mucho más: son cuatro ministerios principales implicados (Industria, Defensa, Hacienda y una parte de Interior) y muchas otras áreas transversales a la tecnología, para encajar 33.000 millones de euros por primera vez en unas cuentas públicas en esa partida.

España no puede bajar del 2% del PIB en el gasto en defensa, para cumplir con las capacidades que le ha encargado la OTAN y para cubrir las tremendas necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas, tras muchos años de inversión a la baja en dotación y mantenimiento.

A medida que la economía española tiene previsto crecer a un ritmo del 2% hasta 2030, ese porcentaje del PIB se convierte en una cuenta más alta que encajar en programas y proyectos concretos que dependen de varios ministerios, tanto en su financiación, como en la definición de las prioridades.

Desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, el gasto en defensa se desdobla en dos áreas: defensa como tal y seguridad. Eso implica añadir en el gasto en defensa una parte importante de los programas de ciberseguridad y hasta el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los últimos Presupuestos aprobados fueron los de 2023, que ya supusieron una subida del 26% en la dotación al Ministerio de Defensa, con algo más de 12.800 millones de euros. Si se añadían otras partidas de seguridad y el CNI, se rozaban los 15.000 millones. Menos de la mitad de lo que hay que contabilizar ahora.

Evidentemente, el Ministerio no es el titular de todo el gasto funcional que los Presupuestos llevarán susceptible de ser contabilizado en esa partida. Toda la parte de tecnología dual e innovación, que es la gran apuesta a futuro en el sector, compete también a otras carteras, sobre todo a la de Industria.

Con esa coletilla innovadora, es el Ministerio de Industria quien otorga financiación a tipo cero para los proyectos de nuevo armamento que, por su envergadura, no pueden ser sufragados del todo por las empresas adjudicatarias.

A la hora de contabilizar el gasto total en defensa para justificar que se llega al mínimo exigido por la OTAN, se establece un abanico amplio de capacidades y partidas.

Basta recordar que en los últimos Planes Especiales de Modernización (PEM) se incluían aviones anfibios y material en la lucha contra incendios, más allá de la dotación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que pertenece a Defensa.

En aquel momento (hace ahora un año), se sacaron partidas presupuestarias sobrantes de otras áreas y una financiación barata para poner en marcha un plan extraordinario con proyectos por valor de más de 10.400 millones de euros, de forma rápida y sin impacto presupuestario.

Fuentes empresariales y de la industria de la defensa advierten que tal vez esa sea la vara de medir para los próximos años: contar siempre con una partida extraordinaria de unos 10.000 millones (casi la tercera parte del presupuesto total), que se añadiría al balance básico del Ministerio de Defensa.

El problema con el que se encuentran ahora en Hacienda es de dónde sacar ese dinero esta vez sin recortar otras partidas importantes o de gasto social. En los tres años que llevamos sin Presupuestos, todo se resolvía con ampliaciones de presupuesto y otros remanentes.

Pero ha llegado la hora de ponerlo todo negro sobre blanco, ordenado y cuantificado en unos Presupuestos que se quieren presentar, por primera vez desde 2023, en tiempo y hora. Aunque luego no pasen el filtro del Congreso.

De entrada, fuentes técnicas del ámbito militar aseguran que la dotación del Ministerio deberá contar con tres grandes áreas que incrementarán su dotación: armamento (compra y mantenimiento), obras de infraestructuras relacionadas con la defensa y los gastos básicos de funcionamiento de la tropa.

Desde el Ministerio ya se ha anunciado el lanzamiento de nuevos Planes Especiales de Modernización para después del verano por 1.500 millones de euros, para los que ya se cuenta con financiación del Ministerio de Industria.

El caso es que entre unas partidas y otras lleguen a cubrir un gasto funcional de 33.000 millones de euros a modo de tarjeta de presentación ante nuestros socios europeos y los países de la Alianza.

Cuidado con el déficit

La otra cara del elevado gasto en defensa que hay que cuadrar en las cuentas públicas está en hacerlo sin disparar el déficit. La cláusula de escape que desde la Comisión Europea se ha permitido para evitar el impacto de estas partidas a la hora de cumplir las reglas fiscales europeas es un respiro para este año.

Pero Europa ha puesto sobre la mesa un mercado de 850.000 millones en el que el sector de la industria de defensa debe aprovechar sus oportunidades, de la mano de las contrataciones y los proyectos de cada Estado miembro.

Muchos de esos planes son a varios años (hasta diez años o más), de forma que su impacto en el gasto y el déficit se diluye y se contabiliza del todo en el momento de la entrega del bien o servicio contratado. Entidades como la AIReF o el Banco de España ya han alertado de la enorme dificultad de controlar el impacto del gasto en defensa en las cuentas públicas con tantos condicionantes.

El presupuesto total en defensa puede alcanzar los 33.000 millones anuales o más, pero los proyectos se acumulan. Según un estudio reciente, en España había en vigor a primeros de año unos 56 Programas de Modernización (PEM) abiertos, con una inversión prevista de más de 64.500 millones de euros, con planes plurianuales que se prorrogan hasta 2040.

Para llegar a completar esas inversiones, se han adelantado en créditos a tipo cero del Ministerio de Industria algo más de 25.000 millones, sobre todo para aquellos grandes proyectos difíciles de abarcar desde las empresas sin ayuda financiera.

En esos programas están las grandes empresas de defensa españolas, como Airbus o Navantia. Pero también entran los 6.800 millones que le adjudicaron a Indra para promover 31 programas que casi cuadruplican la cantidad, repartidos en la próxima década.