La reactivación de Las Cruces y Aznalcóllar abre una guerra de acusaciones por contaminación que se extiende hasta la Fiscalía

El nuevo episodio alrededor de una actividad clave que empieza a despegar en serio en el sur de España involucra a científicos que defienden una u otra posición, pero también al Ministerio Público.

A él acude el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz); su alcalde, Luis Mario Aparcero, pide una moratoria de futuras concesiones y "las medidas cautelares que sean oportunas".

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Se apoya Aparcero en un estudio científico de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada apunte que las autorizaciones de vertidos mineros al Guadalquivir de Las Cruces y Los Frailes, la empresa que opera el yacimiento de Aznalcóllar, "no tienen una base científica y técnica sólida".

Su hipótesis es que no se han tenido en cuenta algunos aspectos científicos y, por ello, se habría producido ya una contaminación grave del estuario y su desembocadura.

Es una postura que ha sido publicada en la revista científica Integrated Environmental Assessment and Management, especializada en masas de agua, y ahora presentada en Sevilla con un revuelo considerable.

Porque justo el día anterior otro grupo de expertos de la Universidad de Sevilla concluye que la actividad industrial de Las Cruces "no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario".

También dice este equipo, del Área de Ingeniería Química Ambiental, que los niveles de metales en el estuario "se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental" y "no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad" de Las Cruces.

Guerra de expertos

¿Quién tiene razón? Los científicos que apuntan a contaminación señalan que ellos han trabajado "de manera totalmente independiente, sin estar contratados ni por las empresas ni por nadie", en palabras del catedrático de Ecología Jesús Castillo, al frente del equipo.

Porque el estudio que niega contaminación ha sido emitido a instancias de Las Cruces en el marco de su programa de vigilancia y seguimiento ambiental del vertido al río Guadalquivir por su actividad.

Los señalados –también científicos de prestigio– defiende su labor: se apoyan en informes oficiales y fuentes técnicas reconocidas, abarcando el periodo 2010–2024, y tomando como referencia más de 17.000 analíticas sobre aguas, sedimentos y biota.

Además, sus conclusiones coinciden con los resultados de los informes periódicos que realizan entidades independientes acreditadas (ECA), que desarrollan desde el inicio de la actividad minera el Plan de Vigilancia Ambiental sobre el Medio Receptor, con analíticas periódicas que se reportan directamente a la Administración competente.

También está la solidez de los argumentos de quienes ven contaminación, que no pocos cuestionan a la luz de otros estudios similares que acabaron en nada.

Fue el caso de tres informes universitarios que apuntaban a un presunto daño ambiental al Guadalquivir derivado de la actividad de Las Cruces y en los que Ecologistas en Acción se apoyó para pedir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulara los permisos de la Junta al proyecto.

Pero al TSJA le parecieron vacuos. “No ofrecen la fuerza probatoria pretendida” y “carecen de la contundencia precisa para desvirtuar la amplia documentación justificativa y dictámenes ambientales que han venido siendo elaborados y aportados al expediente administrativo por parte de diferentes organismos con competencias sustancialmente diferentes, todos los cuales vienen a coincidir en la viabilidad ambiental, así como urbanística y en los demás ámbitos afectados del proyecto autorizado”, dijo de los estudios universitarios.

Clima de hartazgo

Por todo ello, desde las empresas señaladas se insiste en los datos repetidos en los últimos años en medio de un clima de hartazgo.

A saber: que han pasado estrictos análisis y controles por parte de la Junta –algunos demorados durante años– y del Gobierno para poder operar. Y que han demostrado que pueden trabajar sin perjudicar el entorno.

En el caso de Las Cruces, se recuerda que hay técnicos de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de forma permanente en sus instalaciones para certificar que cumplen plenamente la normativa ambiental.

Además, recuerdan que las aguas vertidas son sometidas previamente a un tratamiento intensivo de depuración, con varios ciclos de control y análisis, cuyos datos se transmiten en tiempo real a la Administración.

Desde Los Frailes también se esgrimen estudios técnicos. En su caso, los firma la reconocida empresa de ingeniería Inerco, que con base en más de 3.000 datos recopilados durante los últimos 15 años concluye que los niveles resultantes del vertido tratado se situarán muy por debajo de los límites establecidos por la normativa ambiental vigente.

⁠Además, el sistema contará con controles diarios en varios puntos del río y revisiones periódicas de los datos por parte de un ente externo e independiente, garantizando un seguimiento continuo de la calidad del agua.

Algo que escama especialmente en el círculo de esta compañía es que ya han pasado trámites de control ambiental de técnicos de todas las administraciones implicadas: aguas, medio ambiente, minería, cultura.

Diez años después de la adjudicación del yacimiento, solo desbloqueada una vez terminó la batalla judicial con Emerita Resources, creen que todas las lupas posibles ya le han examinado.

Pero más allá de todo esto, otra idea escama en el sector: se siguen repitiendo batallas ya descartadas que perjudican el despegue de la minería en Andalucía.