Carlos Cuerpo, ministro de Economía, junto al candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Cuerpo hace campaña con Gallardo mientras intenta lograr 31.000M de fondos UE sin sacar adelante las reformas
Economía quiere que Bruselas acepte las reformas que faltan sólo con la luz verde del Consejo de Ministros, sin tener que ser aprobadas por el Congreso.
Más información: El Gobierno renuncia a más de 60.000 millones en créditos UE y suaviza las reformas previstas para acceder a las subvenciones.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha lanzado a la campaña electoral del PSOE en Extremadura. Lo ha hecho en un encuentro con empresarios extremeños junto al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo.
Una cita en la que ambos han destacado el potencial económico de la región. Y todo ello mientras, de manera paralela, el Gobierno trata de convencer a la Comisión Europea de que rebaje los umbrales de exigencia sobre las reformas que permitirán recibir los últimos 31.000 millones de euros de subvenciones en fondos Next Generation que faltan por llegar.
Este es el objetivo que se reflejará en la adenda que el Ejecutivo negocia ya con Bruselas y que presentaba el propio Carlos Cuerpo en el Consejo de Ministros de este mismo martes.
Con la adenda, el equipo económico de Pedro Sánchez trata de modificar las reglas de juego. ¿De qué manera? Cambiando la entrada en vigor de algunas normas y reformas clave (previo paso por las Cortes, claro) por el simple hecho de que sólo sean aprobadas por el Consejo de Ministros.
O lo que es lo mismo, busca los 31.000 millones en subvenciones sin tener que sacar adelante determinadas reformas y eludiendo el Congreso de los Diputados.
De este modo, se evita ligar el cobro de los fondos Next Gen a la entrada en vigor de algunas leyes complicadas de aprobar antes de finalizar agosto de 2026, como la Ley de Industria o el paquete de normas previstas para el sector sanitario -Estatuto Marco incluido-, entre otras.
El mejor ejemplo lo ha dado Carlos Cuerpo tras el Consejo de Ministros. La Ley del suelo, que se prometió a Bruselas y fue rechazada por el Congreso, se ha podido cambiar por la creación de la empresa pública de vivienda Casa 47.
![La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante la presentación de la Entidad Estatal de Vivienda.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/04\/actualidad\/1003744042818_260318388_320x180.jpg"])
De igual forma, la renegociación de la nueva adenda contempla que todas las aprobaciones legislativas comprometidas en el año 2021 que estaban pendientes se reformulen ahora en nuevos paquetes con otro nivel de exigencia de cara a la UE.
El Gobierno mantiene su intención de aprobar las normas y reformas comprometidas con Bruselas en el Congreso. Pero su rechazo por las Cortes ya no implicaría perder miles de millones UE.
Así, la no obligación de su discusión en el Congreso o su entrada en vigor en apenas ocho meses evitarían un bloqueo parlamentario evidente que podría echarlo todo a perder, según el Gobierno.
![Mónica García, ministra de Sanidad, en el Senado.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/11\/24\/actualidad\/1003744027765_260121152_320x180.jpg"])
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha convertido en un ariete fundamental para el presidente del Gobierno en Bruselas.
La gestión de la adenda al Plan de Recuperación que está negociando (cerrando, presuntamente) con la Comisión Europea allanaría el camino para que el Gobierno no pierda subvenciones a fondo perdido de aquí a agosto, en plena campaña electoral en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP.
El objetivo del Ejecutivo es también reducir los cuatro pagos pendientes a solicitar a Bruselas en sólo dos. El primero en enero y otro antes del verano.
Y lo que eran más de 257 hitos o medidas administrativas a cumplir en esos cuatro tramos se recortarían a 160. Eso dejaría el camino libre a Sánchez a la hora de vender los logros económicos de la legislatura sin perder ayudas europeas.
![Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/11\/17\/actualidad\/1003744016985_259979991_320x180.jpg"])
El escollo está en las nuevas leyes para las que todavía se exige su entrada en vigor. Sin embargo, la mayor parte se retirarían tal cual están formuladas y se reconvertirían para facilitar su cumplimiento de cara a la Comisión Europea.
Es el caso de la Ley de Servicios de Atención al Cliente y la Ley por la que se crea la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, ambas comprometidas ahora en el séptimo tramo.
Su tramitación seguiría según lo previsto en España, pero su aprobación ya no sería una condición para recibir las ayudas de Bruselas.
Uno de los mayores escollos que presenta el calendario actual es la aprobación de las tres leyes básicas para el sector sanitario: la Ley de Medidas para la Equidad, la Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud (está como proyecto en el Congreso), el Estatuto Marco y la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios.
![El ministro de Economía, Carlos Cuerpo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/09\/actualidad\/1003744047724_260382274_320x180.jpg"])
Con el sector sanitario en pie de guerra y varias huelgas convocadas para lo que queda del año y principios del próximo, su aprobación y puesta en marcha en el Congreso a lo largo del primer semestre de 2026 se antoja muy complicada, admiten desde el propio Gobierno.
La única solución de cara a la adenda de compromisos del Plan de Recuperación pasa por sortear la obligación de que se aprueben y entren en vigor antes del verano.
Eso no frena su tramitación a nivel interno. Es decir, que tienen que ser aprobadas al menos por el Consejo de Ministros. Pero no por las Cortes.
Se trata de la última adenda o renegociación posible de las reformas e hitos a cumplir para recibir los fondos no reembolsables y los créditos, estos últimos reducidos ya en 60.000 millones.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre del G20 en Sudáfrica el pasado domingo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/11\/25\/actualidad\/1003744029124_260138765_320x180.jpg"])
En ella, Cuerpo se plantea retirar de una tacada casi tantos logros administrativos como los que se han recortado en las negociaciones de los últimos cuatro años.
El ministro exhibe además el "máximo grado de ambición" en esta negociación para no perder ayudas, cuya cuantía eleva a 31.000 millones de euros (a las que hay que sumar los 55.000 ya recibidos). Incluye hasta la renegociación del impuesto al diésel, por el que la Comisión recortó a España más de mil millones en el quinto tramo de subvenciones.
Habrá que ver hasta qué punto los negociadores europeos dan el visto bueno definitivo a los cambios que plantea España. Sobre todo en lo que respecta a leyes comprometidas, cuyo grado de conclusión se transforma en otro tipo de obligación más asequible a efectos comunitarios.
Desde el Ejecutivo destacan las ventajas que supone esta estrategia en la recta final de los fondos de cara a la continuidad de los proyectos en marcha. Una vez logradas las ayudas, no se corta el proceso de inversión ni de aprobación de reformas y se aprovechan instituciones como el ICO para seguir financiando a la economía española.
Clave en las CCAA
La llegada de fondos no reembolsables del Plan de Recuperación a las autonomías es clave para mantener el ritmo del PIB español, una vez que se han limado los cuellos de botella administrativos para su concesión y ejecución en estos cuatro años.
Lo es más en territorios como Castilla y León, con elecciones en marzo, y Andalucía, que las convocará antes de junio. Pero también en las que se celebrarán en apenas diez días en Extremadura. O las posibles convocatorias de Aragón y Comunidad Valenciana.
Salvo el caso andaluz, todas son citas electorales en las que el equilibrio entre PP y Vox está siendo hasta ahora determinante para gobernar. Para el PSOE, contar como propios los logros de inversión, empleo y reindustrialización que suponen los fondos UE en esas zonas será clave en 2026.
Según los datos ofrecidos por Carlos Cuerpo en su última comparecencia en el Congreso al respecto, había comprometidos con las administraciones autonómicas más de 23.450 millones en ayudas y créditos Next Gen, con una tasa de resolución del 67%.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes durante la entrevista en la Cadena SER.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/10\/14\/actualidad\/1003743968194_259349611_320x180.jpg"])
En cualquier caso, desde el PP se ha calificado la nueva adenda de Carlos Cuerpo como "una tomadura de pelo", sobre todo por el cambio cualitativo y cuantitativo dado al cumplimiento de las medidas administrativas.
La eurodiputada popular Isabel Benjumea ha cargado particularmente contra la renuncia a los 60.000 millones en créditos, que es el 37% de los fondos totales previstos. Considera que es “un desprecio a las propuestas y sugerencias de los gobiernos autonómicos y municipales", generado por la gestión centralizada de Sánchez y sus ministros de estos fondos".
