La presidenta de AIReF, Cristina Herrero
La AIReF recurre a la Abogacía del Estado para evaluar si debe hacer encargos "extras" como el de las pensiones
"Pedimos que se limite muy y mucho que la AIReF evalúe otra cosa que lo recogido en la ley", explica la presidenta de la autoridad, Cristina Herrero.
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La presidenta de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha explicado que han elevado una consulta a la Abogacía del Estado para que aclare y limite encargos adicionales al organismo como el nuevo informe sobre pensiones que ha pedido el Gobierno para 2026.
Durante la rueda de prensa para presentar su opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Herrero ha explicado que se ha pedido a la Abogacía del Estado que aclare la terminología y que sea "muy restrictiva" con que "se pueda imponer por ley o decreto informes adicionales".
"Este tipo de medidas atenta contra nuestra independencia y autonomía de gestión", ha destacado Herrero cuestionada por ese encargo en pensiones, pero explicando que la consulta a la Abogacía no se ciñe solo a eso.
El Gobierno ha planteado vía real decreto que la AIReF elabore un informe adicional sobre la reforma de las pensiones antes del 1 de junio de 2026 que tenga en cuenta, entre otros aspectos, los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años.
"Las opiniones son voluntarias y no se pueden imponer", ha recordado Herrero, que ha añadido que los informes son los establecidos por ley "ni uno más ni uno menos".
"Es la AIReF la que determina método y calendario para usar bien los recursos", ha subrayado.
"Pedimos que se limite muy y mucho que la AIReF evalúe otra cosa que lo recogido en la ley", ha zanjado Herrero que ha recordado que cada informe tiene un coste.
Sobre la necesidad concreta de ese informe adicional sobre pensiones, Herrero ha señalado que no se entiende y que no va a cambiar nada ya que "el diagnóstico es el mismo".
"Seguimos diciendo lo mismo si la sostenibilidad se mide así", ha incidido.
La AIReF presentó el pasado 31 de marzo su primer informe de evaluación de las pensiones donde constataba que la reforma se ajustaba a esa regla de gasto, aunque alertaba de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no había mejorado y cuestionaba la metodología fijada por el Gobierno para evaluar.
