El retraso para resolver las solicitudes presentadas en Andalucía para optar al Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes de hasta 35 años, acabará en los tribunales. La plataforma de afectados por esta situación ultima ya una demanda colectiva a la que están dispuestos a sumarse 700 solicitantes.

"El abogado lo está estudiando, dice que el caso tiene bastante miga jurídica", expone a EL ESPAÑOL Manuel Sanz, portavoz de la plataforma. La denuncia, que irá por lo contencioso-administrativo, se sustentará en los "incumplimientos" que señalan por parte de la administración en los plazos de resolución de esta ayuda.

Ha pasado casi un año y medio desde que abriera el plazo de recepción de solicitudes y, según datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda facilitados a este periódico, se han resuelto 8.720 de esas solicitudes (el 76,5% sobre 11.400 beneficiarios que calcula) y se ha pagado 7.544 (el 66%).

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Son números de los que desconfían los afectados, que niegan que se haya producido el pago de un porcentaje tan elevado. Llevan algo más de tres meses con asesoría jurídica para preparar la denuncia. 

En paralelo, han vuelto a concentrarse este miércoles ante la sede de la Consejería de Fomento, con quien aseguran no tener contacto desde antes de Navidad. Un silencio administrativo que les indigna y no entienden: en octubre, el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía disculpas por el retraso. Ahora insisten en que nadie les recibe.

Una crisis prolongada

El recurso a la vía legal es un agravamiento más de un problema que se arrastra desde otoño de 2022, cuando abrió el plazo de recepción de solicitudes. En juego estaba un reparto de 68,4 millones transferidos desde el Gobierno, que podrían traducirse en ayudas de 250 euros al mes durante un máximo de 24 meses para cada beneficiario.

En total, un máximo de 6.000 euros por solicitante. Así las cuentas, la Junta calcula que serían 11.400 los beneficiados; pero la convocatoria de las ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada, permitió completar un cupo de 14.000 solicitudes.

¿Por qué? No se garantizaba que todos recibieran ese máximo de 6.000 euros: podía darse el caso de que algunos solicitaran ayudas durante menos de 24 meses, o que no todos cumplieran los requisitos. De hecho, en las resoluciones ya publicadas se observa que muchos de los beneficiarios recibirán cantidades inferiores a los 6.000 euros.

El cupo se completó en menos de una semana, en medio de un colapso de la plataforma habilitada para inscribir las solicitudes, que cayó en los primeros cinco minutos de funcionamiento. Tuvo 350.000 intentos de acceso en tres horas, algo "jamás visto" en estas convocatorias, se excusó la Junta. 

Un interés que en la plataforma de afectados ven justificado: había que darse prisa por inscribirse y el número de aspirantes que podrían tener ayuda quedaba corto si se tiene en cuenta que en Andalucía hay 1,6 millones de jóvenes de entre 18 y 35 años.

La Junta critica la falta de "cogobernanza"

Ante la nueva protesta de los afectados, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha afeado al Gobierno central la "farragosa" tramitación del Bono Alquiler Joven, advirtiendo que "no se ha escuchado a las comunidades autónomas" para su puesta en marcha.

Díaz ha sostenido en una entrevista en Canal Sur Radio que la norma tiene "muchísimos hitos que cumplir", y ha remarcado que su departamento ha incorporado más personal para que puedan hacer la tramitación de estas ayudas.

"He pedido a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que sería oportuno que estas medidas vengan acompañadas de personal para poder tramitar", ha apuntado. La andaluza ha remarcado además que esta no es la única comunidad que ha tenido problemas, y ha insistido en que siguen "avanzando" en el pago de las ayudas.