De acuerdo con las estimaciones de la federación de autónomos ATA, el gasto de las empresas cada mes -calculado con un salario prorrateado en 12 pagas- pasará de 1.664 euros en 2023 a 1.769 este año. Una subida del 6,29% que añade todavía más presión sobre las empresas.

Y es que, más allá de la propia subida salarial, la medida que hoy el Ejecutivo ha presentado tiene un coste en las cotizaciones sociales que paga el empleador.

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El Ministerio de Trabajo, que ya ha publicado la memoria que recoge el impacto económico de la subida, también ha publicado sus estimaciones. Según sus cálculos, la subida de cotizaciones vinculada al nuevo SMI tendrá una repercusión total de 74,24 millones de euros. Así, el Estado aumenta su recaudación gracias a una subida salarial que asumen los empresarios.

Siempre que se realiza una subida del SMI se produce este fenómeno, pero el hecho de que la patronal no haya firmado el acuerdo añade un punto más de fricción entre CEOE y el Gobierno de coalición.

"Arbitrariedad"

En un comunicado tras el anuncio de la subida, CEOE y Cepyme han criticado la "arbitrariedad" con la que se ha decidido la subida del salario mínimo, sin atender a "criterios técnicos", y han lamentado "profundamente" el "escaso" esfuerzo del Gobierno para que los empresarios pudieran sumarse al acuerdo.

Para las patronales, durante la negociación se ha asistido al "hecho insólito" de tratar de plantear la subida del SMI "en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley".

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"Asistimos una vez más a una situación de arbitrariedad, que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores", han advertido.

Es por eso por lo que los empresarios alertan de que la nueva subida "puede hacer incurrir en pérdidas o, incluso, en la quiebra a muchas empresas (...) con especial afectación a pymes y autónomos".

Indexación

El principal escollo en las negociaciones, según indican desde CEOE, ha sido la negativa del Gobierno a vincular la subida del salario mínimo a un incremento de los contratos públicos. La patronal quería que las empresas que contratan con la Administración -que generalmente pagan el salario mínimo- recibieran más dinero para poder abordar la subida.

Para la patronal, una subida del salario mínimo para las empresas que trabajan con la Administración se traduce en una caída de los márgenes e, incluso, en que pierdan dinero. Esto es así porque los contratos se firman con precios muy ajustados.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi Carlos Luján Europa Press Madrid

Por eso propusieron, y proponen, una reforma de la ley de desindexación y la de contratos públicos.

Los sindicatos comparten esta visión de la patronal, también por la parte que toca a los trabajadores, ya que muchas veces hay problemas para que las subidas del salario mínimo lleguen a las nóminas.

El Ministerio de Trabajo se mostró abierto a estudiar la cuestión y, de hecho, otorgó la razón a la CEOE. Pero desde Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero no tardó en quitar la razón al departamento de Yolanda Díaz. Aseguró que no tendría sentido que los ciudadanos -a través de sus impuestos- asuman el coste de los empresarios.

Así, este mismo lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, declaró que no iban a iniciar un proceso de revisión generalizada de los contratos públicos ni tampoco a reformar la ley. La propuesta de la patronal era descartada. Solo quedaba o aceptar el 4% propuesto por el Gobierno o rechazarlo y quedar a expensas de lo que firmaran el Ejecutivo y los sindicatos.

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Así ha sido. Finalmente, una subida del salario mínimo del 5%, hasta los 1.134 euros al mes en 14 pagas. Una nueva subida que no apoyan los empresarios, pero que tendrán que pagar, pese a que lleven tiempo alertando de la precaria situación de muchas compañías y sectores.