Desde el año 2019, España ha retrocedido posiciones frente a los países de la media de la Unión Europea y la OCDE en nivel de eficiencia del gasto, según los datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE). La respuesta diseñada por el Gobierno para afrontar la pandemia ha hecho caer en 10 puntos la puntuación de la economía española en este ránking.

En concreto, ocupa la posición 29 y queda en la parte baja de la tabla de los países analizados con una puntuación de 74,4 (frente a 98,6 de la media de la UE y al 100 de la media de la OCDE) tras haber perdido 10 puntos en el nivel de eficiencia del gasto desde 2019, cuando la puntuación era de 84,6. 

El think tank ligado a la CEOE ha publicado estos datos días después de conocer las conclusiones del comité de expertos para la reforma fiscal. Según ha lamentado su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, ese informe encargado por el Ministerio de Hacienda "reconoce que hay profundizar en la eficiencia del gasto, pero no da una sola medida para ello" a pesar de que existe ya "poco recorrido para el aumento de la presión fiscal".

Tanto Fernández de Mesa como el director del IEE, Gregorio Izquierdo, han destacado que las subidas de impuestos de los últimos dos años no se han traducido en una mejora de los servicios públicos. Según han explicado, este es un fenómeno sobre el que existe evidencia empírica, ya que a partir de determinado nivel de gasto, solo aumenta el gasto improductivo, que acaba volviéndose estructural.

"En la pandemia, se ha cumplido la máxima, porque en España se han producido dos efectos: se ha aumentado la presión fiscal y también la ineficiencia del gasto", ha denunciado Fernández de Mesa.

Ahorro de 60.000 millones

Sin necesidad de subir los impuestos, el IEE calcula que sería posible que España acometiera una consolidación fiscal con un ahorro de 60.000 millones de euros solamente trabajando en la eficiencia del gasto.

Para ello ha elaborado un decálogo con propuestas concretas: mejorar la transparencia; despolitizar la gestión de gasto; hacer una evaluación constante de las políticas públicas; fomentar la colaboración público privada (que está en niveles muy inferiores a la media de los países de la OCDE); profundizar en la corresponsabilidad fiscal para que haya competencia entre Administraciones; evitar las duplicidades con mayor colaboración entre ellas; introducir más flexibilidad en la orientación al mérito de los funcionarios públicos; diseñar presupuestos basados en el desempeño; tratar a los usuarios de los servicios públicos como clientes; acelerar la digitalización.

Sobre este último punto, Fernández de Mesa ha puesto como ejemplo el acercamiento que se hace desde el Gobierno a la digitalización, con objetivos no cuantificados sobre su impacto. Esto es algo que contrasta con las empresas, donde toda inversión en digitalización se traduce en un ahorro de costes que la empresa siempre tiene en cuenta.

En este contexto, el IEE considera que el informe del comité de expertos ha sido una oportunidad perdida para poder abordar la asignatura pendiente de España de introducir un mejor desempeño de la Administración. Y ha recordado que el Artículo 31 de la Constitución española recoge la obligación de los poderes públicos de velar por la eficiencia del gasto.