Está previsto que el Estado tenga que dedicar a este mecanismo 2.000 millones de euros a lo largo de 2022. Esta cantidad servirá para apoyar a 1.670 entidades locales que registran retrasos en sus pagos por encima de los 30 días. A cambio, se tendrán que comprometer a activar medidas para acelerarlos. 

El mecanismo están planteados para municipios o cabildo que en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021 estuvieran por encima del plazo máximo de pago a proveedores.

Parte principal

Con todo, para acceder a este mecanismo, los proveedores se tendrán que conformar con el parte principal de la deuda. Aceptar este formato de pago "implicará la renuncia a la percepción y exigencia de intereses de demora, costas y conceptos accesorios", indica el proyecto de Presupuestos. 

Con todo, el propio documento informa de que "no existe un problema generalizado de morosidad de las Administraciones Públicas españolas, ni de las entidades locales, ya que el 80% de ayuntamientos y diputaciones provinciales presentan un período medio de pago a proveedores que se sitúa en el entorno de 30 días".