El ministro de Inclusión, Jose Luis Escrivá, ha abogado por crear desde la Administración planes colectivos de pensiones de carácter abierto, así como diseñar un nuevo incentivo fiscal que impulse estos planes, fruto de la negociación colectiva, frente a los individuales.

Durante su intervención ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el ministro se ha comprometido a impulsar este modelo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable de los individuales, "sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones".

De esta forma, ha asegurado, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión de estos instrumentos, beneficiando además a las rentas medias y bajas, incorporando a jóvenes.

Cambio estructural

Según explica el Ministerio, el actual sistema no cumple con su principal objetivo, que es incentivar el ahorro, es muy regresivo, es un producto financiero muy caro y en el que gran parte del beneficio fiscal acaba en el sector financiero y es muy escasa participación de los jóvenes.

Junto a esto, Escrivá ha insistido en la necesidad de "potenciar la jubilación demorada" para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal. Para ello, ha abogado por incentivar la demora de la jubilación y desincentivar su anticipo, para lo que reformulará los descuentos aplicados que en el caso de los perceptores que cotizaron por la base máxima apenas conlleva un descuento del 2%.

Según la Airef, ha apuntado, por cada año que se consiga aumentar la edad efectiva de jubilación, el ahorro se estima en hasta 1,2 puntos del PIB.

Con todo, no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria". No obstante, augura un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y que continúe en el 1,4% del PIB en el año 2023 si no se implementan medidas, como eliminar gastos impropios.

Sin embargo, ha indicado que la pandemia ha traído "mucha incertidumbre", por lo que ha apelado a la responsabilidad para dar un marco de referencia a medio plazo "estable y creíble" a pensionistas y a trabajadores próximos a la edad de jubilación.