La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por dificultar a los ciudadanos el pago de impuestos a través de domiciliaciones bancarias desde cuentas en entidades establecidas fuera del país, una práctica contraria a la legislación comunitaria sobre requisitos técnicos y empresariales para transferencias en euros.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que la normativa vigente en España establece que un proveedor de servicios de pago (el banco) debe estar autorizado por las autoridades tributarias nacionales como "entidad colaboradora".

"En la práctica, esto es muy complicado para los proveedores de servicios de pago extranjeros. En consecuencias, estas normas impiden realmente el uso de cuentas bancarias establecidas en la Unión Europea pero fuera de España", explica Bruselas.

La advertencia toma la forma de una carta de emplazamiento, la primera etapa de los procedimientos europeos de infracción. España dispone ahora de cuatro meses para responder a Bruselas, que podría lanzar un ultimátum y, en última instancia, llevar el asunto a la Justicia europea si las autoridades españolas no corrigen la situación.

Expediente por incumplir reglas de "cultura justa"

En la misma línea, la Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un expediente sancionador contra España y otros nueve Estados miembro por incumplir las reglas comunitarias que les obligan a nombrar un órgano que permita -y proteja- a los trabajadores del sector de la aviación denunciar incidentes y fallos y asegurarles.

Este sistema, definido en la legislación europea como "cultura justa" en la seguridad aérea, tiene por objetivo asegurar que quien informa sobre incidentes en la aviación civil no es penalizado por sus empleadores o por las autoridades nacionales.

El procedimiento de infracción arranca con una carta de emplazamiento a las autoridades españolas que da un plazo de cuatro meses al Estado miembro para tomar las medidas necesarias para cumplir con la legislación comunitaria.

En este caso, además de a España, el Ejecutivo comunitario ha remitido el mismo aviso a Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo y Malta.

Si cumplido el primer plazo las autoridades españolas no cumplen satisfactoriamente con los cambios demandados, la Comisión podrá dar el siguiente paso que implica el envío de un dictamen motivado, último aviso antes de elevar el caso al Tribunal de Justica de la UE si no se resuelven las irregularidades.

Amenaza de denuncia

Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha dado un ultimátum de un mes a España y a Bélgica para cumplir con las normas europeas en materia de reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, o de lo contrario podría elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

En el caso de España, Bruselas denuncia el incumplimiento de las reglas sobre libertad de establecimiento, el procedimiento para el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales y las normas sobre el conocimiento de idiomas.

"Además, se detectaron varios problemas de cumplimiento de las normas de la UE relativas a la profesión del traductor-intérprete jurado", añade el Ejecutivo europeo en un comunicado.

En relación a Bélgica, el incumplimiento está relacionado con la libre prestación de servicios (por ejemplo para detectives y profesionales de seguridad especiales) y la libertad de movimiento para instructores de autoescuela.

Bruselas ha destacado que esta normativa europea "facilita el reconocimiento de las cualificaciones profesionales" entre los países de la UE, "favorece que los profesionales presten sus servicios en toda Europa y garantiza, al mismo tiempo, un alto nivel de protección de los consumidores y los ciudadanos".

Tanto España como Bélgica disponen ahora del plazo de un mes para responder a los argumentos de la Comisión Europea. De no hacerlo, Bruselas advierte de que podría elevar el caso a la Justicia europea.