Madrid, 23 oct (EFECOM).- El Tribunal Supremo, reunido en pleno, estudia este miércoles el recurso de la mutua de seguros UMAS, compañía que pide el reintegro de su inversión de 600.000 euros en la salida a Bolsa de Bankia y cuya reclamación podría abrir la puerta a que el resto de inversores cualificados sean resarcidos.

Hasta la fecha, juzgados y Audiencias Provinciales han venido desestimando las demandas de las empresas que acudieron al salto al parqué del banco en julio de 2011 al considerar que, a diferencia de los minoristas, disponían de un conocimiento que les permitía interpretar adecuadamente la información sobre la entidad, un relato que podría cambiar el alto tribunal con su futura sentencia, de la que dependen otras como Meliá y el grupo Villar Mir.

En esta ocasión, el pleno de la Sala de Lo Civil evaluará el recurso de UMAS, a la que la primera instancia sí declaró la nulidad de la orden de compra de acciones y reconoció, por ende, su derecho a ser resarcido con casi 700.000 euros en concepto de la cuantía invertida y de los gastos legales.

Dicha sentencia, si bien reconocía la condición de inversor profesional del demandante, matizaba que "no se acredita que hubiera participado en la fijación del precio de salida a Bolsa con otros 298".

Tampoco consideraba probado que UMAS conociera y asumiera "la verdadera situación financiera" de la entidad pues sólo disponía del "libro del inversor y el folleto", los cuales ofrecían una imagen "totalmente desvirtuada por la apabullante publicidad en los medios de comunicación sobre la solvencia".

Asimismo, cargaba duramente contra los datos contenidos en los documentos y recordaba que los administradores de Bankia, con el expresidente Rodrigo Rato a la cabeza, estaban siendo juzgados por estos hechos en la vía penal, aún pendiente de resolución.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid dio marcha atrás al fallo tras constatar que las compañías de seguros son grandes inversores que "disponen de servicios de estudios especializados, amplia información que reciben de inmediato, así como sistemas de información, análisis y gestión".

Sobre UMAS, los magistrados destacaban su "experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión", lo que le permitiría "valorar correctamente sus riesgos".

Ello les proporcionaba un nivel de protección "menor" en sus reclamaciones respecto a los minoristas, proseguía la sala, que aún así admitía que la compañía no participó en la fijación del precio y apuntaba que "el folleto y la información facilitada por Bankia no reflejaba la imagen fiel de su situación patrimonial y económica".

Con todo, la segunda instancia admitía el recurso del banco al concluir que no pudo existir un vicio en el contrato suscrito por UMAS en tanto que, como inversor cualificado, estaba al tanto de aspectos tales como la exposición de la entidad a un mercado inmobiliario cada vez más deteriorado.

El escrito remitía, de este modo, a dos sentencias dictadas en febrero de 2016 por el Supremo en dos casos de compra de acciones por pequeños inversores, en las que el tribunal sostenía que el folleto indujo a error a los demandantes, que carecían de "los medios necesarios".

Los jueces contraponían esta situación con la de los institucionales, a los que mencionaba de forma indirecta.