La batalla entre partidos por el discurso más social va a convertir las pensiones en uno de los asuntos protagonistas de la próxima campaña electoral. Tanto es así que el PSOE ha incluido este punto en el primero del programa electoral presentado este lunes, en el que se compromete a volver a vincular la evolución de las pensiones al IPC real y a seguir subiendo las pensiones mínimas y no contributivas.

Para cumplir con esas promesas, la política suele apelar a lo que los economistas califican de "recetas mágicas" imposibles de trasladar a la realidad. Los números son tozudos y las cuentas para entender que algo de lo que prometen no encaja son más sencillas de explicar de lo que a veces se quiere hacer ver.

La pensión media en España es de 15.504 euros anuales, o lo que es lo mismo, 1.107,49 euros al mes en 14 pagas (datos de diciembre de 2018). De esa cuantía, los ingresos de la Seguridad Social permiten financiar 957 euros de la nómina mensual de los pensionistas. Los 150 euros restantes se pagan con cargo al déficit del sistema, que el pasado año cerró en 18.937 millones de euros.

Para llegar a esta conclusión, BBVA Research elaboró un sencillo cálculo combinando el último dato de déficit de la Seguridad Social, el número de pensionistas que hay en España y la cuantía media de la pensión que cobran.

Si el dato se mira tomando más perspectiva, la conclusión es escalofriante. El déficit acumulado entre 2011 y 2018 alcanzó casi los 103.000 millones de euros. "La sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo para financiar este déficit que equivale a más de 10.650 euros por pensionista", advierte el citado servicio de estudios en un documento de proyecciones y propuestas sobre el sistema de pensiones.

Para que la ciudadanía tome conciencia de las magnitudes de las que se habla, el cálculo también se puede hacer a la inversa. Esto es, pensando en cuánto tendrían que elevarse las cotizaciones sociales para acabar con ese desequilibrio del sistema. Y la conclusión es que cada trabajador español debería aportar 1.000 euros más al año vía cotizaciones para poder mantener el gato en pensiones tal y como está hoy estructurado.

"En 2018, las pensiones nos costaron 160.000 millones de euros, pero su financiación vía cotizaciones no llegó a 110.000 millones de euros. Así, que el Estado tuvo que poner otros 50.000 millones más con cargo a otros ingresos más dependientes del ciclo económico", advirtió la pasada semana el consejero de BBVA, José Manuel González Páramo, en un foro para abrir el debate sobre el futuro de las pensiones.

Faltan afiliados

El déficit de la Seguridad Social es fruto de la diferencia que existe entre sus ingresos y sus gastos. Pese a que el número de afiliados está en cifras históricamente altas y supera los 19 millones de empleados, los trabajadores que hay en activo en España no son capaces de financiar el gasto.

Con la crisis económica, se puso además de manifiesto que aunque bajen los ingresos de forma exponencial por el aumento del paro y las bajadas de los salarios, el gasto en pensiones puede seguir subiendo. Hay que tener en cuenta que cada subida (vinculada al IPC) que se aplica al sistema es acumulativa y cada vez hay más pensionistas que cobran más pensión (porque cotizaron más) y viven más años sin que los ingresos compensen ese aumento del gasto.

Con las previsiones actuales, los ingresos tendenciales del sistema (esto es, los que están corregidos por el ciclo económico) crecen a una tasa inferior al 3%, aproximadamente la mitad que antes de la crisis, un avance insuficiente para colmar las demandas de los pensionistas que se movilizan ante el Congreso.

El problema va a ir a más en un escenario de baja natalidad y por fortuna, alta longevidad. Tal y como publicó este periódico la pasada semana, para poder pagar las pensiones de aquí a 2050 hace falta que se incorporen al mercado laboral nada menos que 9,1 millones de trabajadores.

Buscar la sostenibilidad

De acuerdo con un documento de trabajo de AIREF, la Seguridad Social padece un déficit estructural de entre el 1,3 y el 1,5% del PIB. Para acabar con él, el organismo independiente propone que el conjunto de las Administraciones Públicas asuma ese desequilibrio y ponga fin al déficit crónico de la Seguridad Social. En concreto, se trasladaría a las cuentas del Estado todo el peso de las pensiones no contributivas. 

El objetivo de la propuesta es dotar de más garantías a un sistema vital para la tranquilidad de los españoles, puesto que es el garante de la jubilación. Pero además de esta idea, el organismo que preside José Luis Escrivá propone otras, como elevar la edad real de la jubilación hasta los 67 años, una medida altamente impopular.

Otro de los organismos que ha tratado de contribuir en el debate público sobre el sistema de pensiones es el Banco de España, que también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de elevar la edad real de jubilación y ha advertido que solo será posible pagar una subida sostenida de las pensiones con el IPC real si de forma paralela se suben los impuestos.

Esas declaraciones han sido rechazadas por la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas (ADEPPU) que ha llegado a acusar al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, de "mentir descaradamente".

Esta asociación propone soluciones que tendrían contrapartidas dramáticas para el mercado laboral en un momento de desaceleración económica, como subir un punto las cotizaciones empresariales para recaudar 4.000 millones de euros, dato insuficiente para garantizar el sistema. 

El debate sobre el riesgo del sistema se ha convertido viral este fin de semana en las redes sociales. Una intervención del economista Juan Ramón Rallo en La Sexta Noche sobre este asunto ha llegado a ser Trending Topic en Twitter. En ella, el economista liberal advertía de que "el sistema público de pensiones tal y como está configurado está quebrado".

"Si subimos todavía más las pensiones no se va a poder sostener el sistema. Si se vinculan las pensiones al IPC, quizás se consiga la reivindicación de las asociaciones de pensionistas [de elevar por encima de los 1.000 euros las pensiones mínimas], pero a costa de otros recortes, como elevar la edad hasta los 70, diluir el cálculo de las pensiones...", afirmaba Rallo.

"Tanto el PSOE, como el PP han programado que las pensiones vayan a experimentar en las próximas décadas un recorte en términos relativos del 40% y si los pensionistas no son conscientes de esto es porque les están engañando", zanjó el economista.

Altura de miras

Garantizar la sostenibilidad del sistema es una asignatura acuciante que requiere que la comisión del Pacto de Toledo retome sus negociaciones con la vista puesta en el mañana y no en el presente. Como advierte BBVA Research, “sin sostenibilidad, la suficiencia está en peligro” y los pasos atrás que se están dando en el Congreso -con medidas apoyadas por todos los partidos, como la de vincular las pensiones al IPC- atentan contra ese principio.

En ese sentido, según el servicio de estudios que dirige Rafael Doménech, tanto el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que se puso en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy, como el Factor de Sostenibilidad garantizaban la continuidad del sistema, "su equilibrio presupuestario a largo plazo y permitían todas las opciones posibles, salvo pagar pensiones incurriendo en un déficit estructural que requiere tomar medidas para su corrección".