Tokio, 2 ago (EFECOM).- El Gobierno de Japón decidió hoy despojar a Corea del Sur de su estatus de socio comercial preferente, una medida que ahonda la crisis diplomática bilateral y que podría tener un impacto negativo en las economías de estos países vecinos.

La decisión fue aprobada este viernes por el gabinete que lidera Shinzo Abe y amplía las trabas que Tokio aplica desde comienzos del pasado julio a los materiales químicos básicos que adquieren compañías surcoreanas para fabricar pantallas y chips de memoria.

Tokio justificó la aplicación de las nuevas restricciones por motivos de seguridad, mientras que Seúl la calificó de "injusta" y de "represalia" por el contencioso que arrastran ambos países a raíz de la colonización nipona de Corea, y advirtió de los "graves daños" que puede causar a las economías nacionales y a nivel global.

La decisión de Japón, que entrará en vigor el próximo 28 de agosto, llega tras una serie de airados desencuentros y de una escalada de acusaciones entre los responsables de ambos países, y representa un paso más en el deterioro de unas relaciones bilaterales que atraviesan su peor momento de las últimas décadas.

En la práctica, supondrá que Corea del Sur deje de tener acceso a procedimientos simplificados para la compra de materiales y tecnología de origen japonés susceptibles de uso militar, un estatus del que disfrutaba Seúl desde 2004 junto a un grupo de otros 26 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Argentina o Alemania.

Más de un millar de productos nipones se verán afectados por estas trabas, lo que afectará a industrias surcoreanas clave como las del automóvil o la petroquímica y se suma a las limitaciones similares que Japón decidió imponer antes a otros materiales empleados, sobre todo, por el sector tecnológico del país vecino.

En Seúl se teme que las restricciones niponas que entraron en vigor en julio bloqueen el suministro de materiales y componentes para la producción de memorias DRAM, cuya cuota de mercado global corresponde en un 70 % a empresas surcoreanas, y a la propia economía nacional, cuyo músculo exportador depende en un 25 % de los semiconductores.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, acusó hoy a Japón de "atacar deliberadamente" a la economía nacional, algo que también podría tener "un fuerte impacto" a escala global, y advirtió que Seúl dispone de "métodos" para responder que podrían causar "enorme daño" a Japón, durante su intervención en una reunión de emergencia de su gabinete retransmitida en directo por los medios locales.

El ministro portavoz del Ejecutivo nipón, Yoshihide Suga, dijo en rueda de prensa que la decisión de hoy era necesaria "para implementar apropiadamente el sistema de control de las exportaciones de Japón desde el punto de vista de la seguridad", y debido a que las medidas que aplicaba Corea del Sur "eran insuficientes".

El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hiroshige Seko, señaló que las compañías surcoreanas "podrán seguir importando (productos de Japón) siempre que completen los procedimientos de forma adecuada", y negó que la medida pueda tener un impacto en las empresas niponas.

La decisión del Gobierno nipón contribuyó a un "viernes negro" en las Bolsas de Seúl y Tokio, donde los principales indicadores y los sectores tecnológicos cerraron este viernes con fuertes caídas, propiciadas también por los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos sobre China.

El índice referencial Nikkei del parqué tokiota cerró con una caída del 2,11 por ciento, mientras que en Seúl el Kospi perdió un 0,95 %.

El origen del enfrentamiento bilateral fue el fallo del Tribunal Supremo surcoreano de finales de 2018, que contemplaba que las empresas niponas con presencia en Corea del Sur fueran obligadas a pagar compensaciones a ciudadanos coreanos (o a sus herederos) esclavizados por estas compañías durante la II Guerra Mundial.

Con base en el tratado de 1965, Japón, que colonizó la península coreana entre 1910 y 1945, donó 300 millones de dólares a las víctimas, dinero que la dictadura militar de Park Chung-hee no hizo llegar a todas, motivo por el cual miles de ellas denunciaron recientemente al Gobierno de Corea del Sur.